Un secreto a voces ya bastante extendido es el hecho de que el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) utiliza el aparato de administración de justicia con el fin de eliminar a sus adversarios políticos.
La cantidad de procesos iniciados a líderes políticos, potenciales candidatos a cargos públicos, es una de las pruebas de esta actitud que, por lo duradera, ya se ha hecho evidente.
Las cifras extraoficiales, manejadas sólo a través del recuento de algunos medios de comunicación, señalan que desde 2008 –es decir, dos años después de que el MAS asumiera el poder–se ha iniciado más de 150 demandas penales contra diferentes líderes de oposición. Entre los denunciados están Leopoldo Fernández, Jorge Quiroga, Rubén Costas, Juan del Granado, Ernesto Suárez, Manfred Reyes Villa, Samuel Doria Medina y Luis Revilla. Este último es alcalde de La Paz pero se lo incluye en esta lista debido a que lleva adelantados los trámites para convertir a su organización política en un colectivo nacional. La lista de procesados es todavía más larga si se incluye a líderes regionales como José María Leyes, encarcelado por el supuesto negociado de mochilas chinas en la Alcaldía de Cochabamba, y a la alcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón, a quien se acusa por un caso ocurrido en 1991 y para la que el Gobierno ya ha pedido detención preventiva, sin contar con ex líderes de Chuquisaca, enjuiciados por los luctuosos hechos de La Calancha y las vejaciones del 24 de mayo de 2008, sin que hasta ahora se haya identificado con claridad a los autores materiales en estos casos.
Si sólo se revisa las cifras, el MAS ya ha batido todos los récords de juicios contra adversarios políticos. Entre los más perjudicados por su actitud está Leopoldo Fernández quien estuvo preso durante nueve años, de 2008 a 2017, sin tener sentencia ejecutoriada en su contra. Lo sentenciaron recién en marzo del año pasado pero su caso está en fase de apelación.
La retardación de justicia es una de las razones por las que se teme al sistema judicial boliviano. No importa cuán inocente sea un acusado, mientras se trata de probar su inocencia transcurre el tiempo y él continúa en la cárcel, sin trabajar y consumiendo su vida. Si a eso se suma el hecho de que jueces y fiscales responden, efectivamente, a instrucciones expresas del Órgano Ejecutivo, entenderemos por qué muchos acusados prefirieron huir del país antes que enfrentar a la justicia. Uno de esos fugitivos es un ex fiscal que, precisamente por eso, sabe cómo maneja el Gobierno al sistema judicial.
La gran excusa para las denuncias es la lucha contra la corrupción pero ahí también se encuentra contradicciones. La justicia ha demostrado demasiada celeridad con opositores como Leyes pero ni siquiera ha iniciado acciones contra el ex alcalde del MAS Edwin Castellanos por los errores que determinaron el desmoronamiento de un puente en la misma Cochabamba donde aquel otro guarda detención domiciliaria.
Se ha determinado, además, que la justicia sólo aguijonea cuando la razón es política. A Juan del Granado se lo acusó cuando rompió su alianza con el MAS y se le dejó de molestar luego de que dejó de hacer política.
En otros casos, los juicios fueron usados para doblegar y finalmente cooptar al acusado.
El objetivo es claro: anular al adversario. Si una acusación judicial no consigue encarcelar al enemigo, por lo menos lo inhabilitará para aspirar a un cargo público porque su proceso pendiente aparecerá en el Registro Judicial de Antecedentes Penales.
Por eso, no es de extrañar que ahora el Gobierno dirija su artillería contra Carlos Mesa. El ex presidente aparece segundo en las encuestas, detrás de Evo Morales, y eso lo convierte en su principal adversario.
Con el fin de anularlo, se intenta enjuiciarlo por cualquier hecho que se le relacione, sea por obras camineras vinculadas con la Operación Lava Jato o bien —increíblemente— por haber recuperado las concesiones en el Salar de Uyuni que estaban en manos de empresas chilenas.
La retardación de justicia es una de las razones por las que se teme al sistema boliviano, más si a ello se suma el ingrediente político partidario. La gran excusa para las denuncias es la lucha contra la corrupción pero ahí también se encuentra contradicciones, con un objetivo que se muestra claro: anular al adversario
