Universalmente todas las nuevas dimensiones y funciones de los derechos fundamentales, incluyendo las normas estructurales de independencia de poderes, democracia en libertad y el Estado cultural y social de derecho, no sólo que están ordenadas en función del ser humano; sino que la Constitución en su interrelación con los órganos del Estado tienden a desarrollar el consenso básico y la pluralidad en el constitucionalismo, para cumplir en su conjunto, con su función estabilizadora de ordenamiento y libertad.
En el marco de esta dinámica constitucional resulta confuso e incoherente la declaración del Vicepresidente y Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional de aplazar el tratamiento de juicio de responsabilidad contra el expresidente Carlos de Mesa por el caso Quiborax hasta el periodo de sesiones 2019, generando incertidumbre en el acusado y lo que es más grave poniendo en evidencia la escuela del sometimiento al Poder Ejecutivo del MAS, tanto del Procurador General, Pablo Menacho; Fiscal General, Ramiro Guerrero, y de la Sala Plena del Tribunal Supremo que ya decantaban la autorización de la Asamblea para juicio de responsabilidades conforme a la Ley 404.
En lugar de generar en el país una función estabilizadora, de crear unidad, coordinación de poderes y de poder actuar a la vez como fundamento y límite del abuso del poder político, el vicepresidente Álvaro García Linera se embarca a dirigir la sinfónica sin tener la partitura y menos a los intérpretes que entusiasmen el concierto.
Se sabe que toda sociedad en la que la justicia, la libertad y la garantía de los derechos no está asegurada ni respetada la separación de poderes, “no tiene Constitución”, y si la tiene “se la mutila y hasta se la coloca en statu quo”, por interés partidario grosero donde no se respeta la voluntad popular.
Es el perfil de Carlos de Mesa que ha hecho temblar al MAS para aplazar el tratamiento de juicio de responsabilidad; entendemos que ha tenido su incidencia la denuncia contra Evo Morales en el caso de la nacionalización de Guaracachi y la empresa Glencore Finance (Bermuda) sobre el complejo metalúrgico Vinto-Estaño que demandó al CIADI el pago de 675,7 millones de dólares como compensación. ¿No se ha humillado la dignidad de fiscales y magistrados en su función jurisdiccional manteniéndolos en la total incerteza jurídica?, ¿no se ha tomado la medida como un juego del “todopoderoso” como si se tratase de un juego o cálculo político fallido prematuramente?
Parece que la decisión que han tomado las seis Federaciones de Productores de Hoja de Coca el día viernes 27 en su XXV Congreso, proclamando a Evo Morales y García Linera como el binomio para el 2019, desvela a las claras que hay desesperación en las filas del MAS; porque saben que en Bolivia hay una Constitución de 2009 que se respeta; hay un referéndum obligatorio y vinculante denominado “21F”, y en lo esencial existe una sociedad y plataformas políticas fuertemente enraizadas en lo histórico y cultural que están dispuestas a defender su voto del 21F y este sentimiento democrático le dicen imperativamente a Evo Morales y García Linera que vuelvan a su Chapare como Presidente Vitalicio de cocaleros al primero y, al segundo que termine sus estudios de licenciatura en matemáticas, antes que los nuevos jueces y fiscales de carrera probos y competentes les desempolven la cadena de hechos de corrupción que en sus 13 años se han producido y los vínculos con el narcotráfico que también han tenido sus enlaces con altas esferas.
Peter Häberle dice: “De acuerdo con las diversas experiencias y temores históricos una Constitución regula el ámbito problemático de la ‘defensa de la Constitución’, de manera especialmente intensiva y extensiva”. Entonces si el vicepresidente Álvaro García Linera y Evo Morales no han utilizado en el caso cuestionado instrumento potencial e imaginable para protegerla y asegurar un proceso dinámico y coherente que respete firmemente el 21F, su camino es el repliegue hasta las elecciones del 2025, porque el artículo 168 de la CPE no les otorga ningún otro espacio legal para ser reelectos. Esa repostulación podrá ser laureada y por aclamación como suelen hacer los cocaleros como presidente vitalicio a Evo Morales.
