El país entero ha puesto los ojos sobre Potosí debido a que la ciudad del Cerro Rico será el escenario de los actos centrales por el 193 aniversario de la fundación de Bolivia.
Pero el interés no radica en el programa de festejos. Lo que llama la atención de la gente es lo que podría pasar si las autodenominadas plataformas sociales cumplen su anuncio de aprovechar la vitrina de la efeméride nacional para volver a pedir públicamente que el Gobierno respete los resultados del 21F y provocan la reacción de los movimientos sociales afines al partido gobernante.
Y es que, más allá de las poses ante las cámaras y los discursos que se vierten por los micrófonos, el fondo de este forcejeo es enteramente político. Tras haber ejecutado, o comenzado a ejecutar, una serie de obras en los últimos tres años, lo que quiere el Gobierno central es demostrar que ya no existen rencores con Potosí y el presidente Evo Morales puede volver a pasear libremente, y quizás hasta con aplausos, por el centro de la Villa Imperial. La oposición, por su parte, mal camuflada en las “plataformas sociales”, no sólo quiere aguarle la fiesta: pretende, incluso, que las cosas lleguen al extremo de la confrontación y, si es preciso, que haya represión con un saldo indeseable de heridos y detenidos que; sin embargo, constituirían bandera para quienes están en contra del actual régimen.
Por tanto, es ingenuo pensar que los festejos por el nuevo aniversario patrio transcurrirán en paz. Lo más probable es que existirán incidentes, así sea menores, porque eso forma parte del negocio de la política.
En ese marco se debe acomodar el acuerdo recientemente suscrito entre la Gobernación de Potosí y el directorio del Comité Cívico Potosinista (COMCIPO) presidido por Marco Antonio Pumari. El documento fue firmado, sorprendiendo a todos, pero define una aspiración como denominador común, trabajar por el desarrollo de Potosí. Para los temas específicos, se acordó volver a reunirse el 14 de agosto y constituir mesas de trabajo.
Y aunque el anuncio alivió a más de uno, la verdad es que todo está signado por el juego político.
Actualmente existen dos directorios de COMCIPO, uno contestatario, el de Pumari, y otro oficialista, presidido por el empresario Oscar Gardeazabal. Ambos solicitaron reunirse con la Gobernación y, en una hábil jugada política, su titular optó por hacerlo con el primero. Hubo reunión y hasta existe un acuerdo firmado. Si los dirigentes cívicos aprueban medidas de presión para el 6 de Agosto, el Gobernador de Potosí tendrá el valioso argumento de haber accedido al pedido del directorio de Pumari y abierto el diálogo. Desde ese punto de vista, cualquier acción contra los festejos parecería irracional.
Lo que no se puede esperar es que se suspenda cualquier medida prevista para el 6 de Agosto porque, lo repetimos nuevamente, eso forma parte del juego político.
Por tanto, habrá berrinches el 6 de Agosto y sólo resta esperar que se limiten a eso. Pero, si en su empeño de desprestigiarse, la oposición o las fuerzas leales al Gobierno llevan las cosas más allá, cabe esperar que tengan en cuenta el riesgo de la confrontación que no desea la mayoría de los bolivianos.
Lo que no se puede esperar es que se suspenda cualquier medida prevista para el 6 de Agosto porque eso forma parte del juego político. Sin embargo, si cualquiera de los dos sectores lleva las cosas más allá, cabe esperar que tengan en cuenta el riesgo de la confrontación
