El gabinete de ministros aprobó, el último jueves, un proyecto de ley que establece una condonación de las multas tributarias hasta en un 95 por ciento y en la totalidad de las deudas por intereses.
Explicada así, sin más detalles, es una buena noticia aunque, antes de cantar victoria, habrá que esperar no sólo la promulgación de la ley sino también de sus reglamentos. La desconfianza se debe a que, más de una vez, la buena intención de legisladores o el Órgano Ejecutivo chocó contra la omnipotencia del directorio del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) cuyas resoluciones parecen pesar más que cualquier otra ley, incluida la Constitución.
Por lo explicado hasta ahora, la ley favorecería a aquellas personas que, a sabiendas de que deberán pagar multas e intereses, prefieren ni siquiera aproximarse por las oficinas del SIN convirtiéndose en algo muy parecido a un evasor. Como no pagan, entonces la mora tributaria ha crecido, según informes oficiales, hasta 29.900 millones de bolivianos.
Por tanto, el nuevo “perdonazo” no es una concesión del Gobierno. La actual administración necesita dinero así que, para evitar que la mora crezca, lo mejor es no cobrar multas ni intereses. Una vez que arreglen su situación con el fisco, los contribuyentes volverán a pagar con normalidad.
Ahora bien, no se sabe, porque los detalles al respecto no fueron divulgados, si la condonación de multas e intereses beneficiará también a aquellos que, pese a haber sido multados, están cancelando sus deudas incluso bajo el sistema de facilidades de pago. Por lógica, éstos también tendrían que beneficiarse.
Pero el tema de fondo no son las deudas e intereses, que han convertido al SIN en la institución más temida del Estado Plurinacional de Bolivia, sino el régimen normativo que ha convertido al país en el peor infierno tributario de América Latina, según muchos sectores.
Hacia diciembre de 2016, los datos del Fondo Monetario Internacional (FMI) revelaban que tres países de América Latina eran los que más soportaban la “presión fiscal”: Bolivia, Argentina y Ecuador, en ese orden. La “presión fiscal” es “un término económico para referirse al porcentaje de los ingresos que los particulares y empresas aportan efectivamente al Estado en concepto de tributos con relación al producto interno bruto” pero, en su informe de 2016, que no ha variado sustancialmente al presente, el FMI hablaba, también, de países en los que “los impuestos se llevan un mayor porcentaje de la riqueza creada”.
Para ponerlo en términos que no sólo entiendan los economistas, Bolivia, Argentina y Ecuador son los países en los que existen mayores obligaciones tributarias; o sea, se cobra más impuestos, aunque sea también bajo el concepto de multas e intereses. El Gobierno boliviano se pavonea de haber subido el salario mínimo más que sus antecesores pero no toma en cuenta que gran parte de ese salario es consumido por los impuestos, así sea de manera indirecta.
El sistema tributario boliviano es asfixiante y opresivo. Un mínimo error, un retraso, puede costar una multa. Así, los contribuyentes viven en el miedo –e incluso terror– y sus ingresos se ven seriamente afectados. Así no se lucha contra la pobreza y menos se puede “vivir bien”.
Cuando un contribuyente comete una infracción se lo procesa sin escuchar sus argumentos y simplemente se le comunica su sentencia: el pago de la multa.
Lo que se impone, entonces, no es simplemente un “perdonazo”, que debería ser una amnistía general, sino una reforma tributaria que ponga a la normativa del sector a la altura de la economía jurídica boliviana.
Lo que se impone, entonces, no es sólo un “perdonazo”, que debería ser una amnistía general, sino una reforma tributaria que ponga a la normativa del sector a la altura de la economía jurídica boliviana
