Si algo faltaba para que la ciudadanía pierda la poca confianza que le quedaba en el Órgano Electoral, ésta ha desaparecido a consecuencia del escándalo desatado por la aparición involuntaria –o, mejor, forzada– de los nombres de cientos, quizás miles, de ciudadanos en las listas de militantes de partidos políticos.
Habrá que recordar que la sospecha sobre la escasa objetividad de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) comenzó con el nombramiento en esos cargos, de algunas personas con afinidad al gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS). En los últimos años, el oficialismo ha logrado invadir todas las instancias institucionales del Estado, pasando por alto la independencia, por lo menos formal, que los demás órganos de gobierno debían tener.
En el caso del TSE, las cosas llegaron a tal extremo que, en el afán de habilitar a como dé lugar a Evo Morales como candidato a la presidencia –aún en contra de lo dispuesto por el artículo 168 de la Constitución Política del Estado–, el Órgano Ejecutivo ha desarrollado algunas acciones de abierta injerencia que determinaron la renuncia de sus dos principales autoridades. Los ahora ex presidenta y ex vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral dejaron sus cargos precisamente cuando se debatía el reglamento de la ley que ha precipitado la convocatoria a las primeras elecciones primarias en la historia de Bolivia.
La injerencia prosiguió cuando se aprobó, con la misma rapidez con la que se convocó a las primarias, la normativa que permita nombrar más vocales con el evidente propósito de evitar una posible falta de quórum que evite tomar decisiones sobre la habilitación o inhabilitación del presidente del Estado. Para colmo, desde el oficialismo se lanzó veladas amenazas en contra de una posible decisión que contraríe los intentos de prorroguismo.
Todo ese escenario motivó la desconfianza ciudadana respecto a la neutralidad de los vocales electorales. En esas circunstancias es que surge el escándalo sobre la militancia indeseada.
¿Cómo se explica que tantas personas aparezcan en partidos a los que jamás se inscribieron? Hasta el momento de escribir el presente editorial, el Tribunal Supremo Electoral no había emitido ninguna respuesta oficial a esa pregunta. Lo que sí se dijo es que cada uno de los afectados debía encargarse de borrar su nombre llenando los formularios que fueron introducidos para tal fin en el cibersitio de la institución. Se intenta minimizar el asunto señalando que se puede renunciar al partido en el que uno aparece o anular su registro pero, para ello, cada uno de los involucrados debe ocupar parte de su tiempo. Si necesita un certificado de “no militancia”, la cosa es peor porque entonces tendrá que pagar la suma establecida para tal fin.
Los perjuicios, entonces, son múltiples y sus efectos no se mitigarán ni con disculpas ni con la gratuidad del trámite. Lo que se está viendo, y ese es el fondo del asunto, es que hay irregularidades en un padrón que debería estar libre de toda duda.
El otro detalle a tomar en cuenta es el contexto en el que estalla este escándalo: las acusaciones de “para-partidismo”.
Se debe recordar que cuando el Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol) recibió su personería jurídica, varios partidos de oposición denunciaron que se trata de una organización afín al MAS, un “palo blanco” cuyo propósito es legitimar la nueva postulación del presidente Morales. Lo que llamó la atención es que presentó libros con más de 145 mil firmas de todo el país cuando otras organizaciones políticas, como la del alcalde de La Paz Luis Revilla, no llegaron ni siquiera al mínimo requerido pese a contar con militancia visible.
Y es precisamente este partido en el que aparece la mayor cantidad de registros sin consentimiento.
