Hace menos de diez días, cuando estalló el escándalo por los registros no consentidos en las listas de militantes de partidos políticos, se reportó que unos 500 ciudadanos, en todo el país, habían acudido a cualquiera de las instancias del Órgano Electoral para pedir que quiten sus nombres.
Hasta ayer, y según una consulta directa de este diario con el Tribunal Supremo Electoral (TSE), los pedidos en ese sentido eran de unos 14.000.
Que la cantidad haya aumentado en progresión geométrica es algo que debería preocupar al TSE pero éste insiste en minimizar los efectos de estas irregularidades. Pareciera que se trata de una situación normal cuando lo que estamos viendo es que, aparentemente, todos los partidos políticos, sin excepción, falsearon sus datos, así sea parcialmente.
Varias son las preguntas que surgen ante semejante descalabro pero la principal es ¿de dónde y cómo obtuvieron los registros?
Hasta hace poco, obtener los datos básicos de una persona era relativamente fácil. Se acudía a una oficialía del Registro Cívico y se hacía la consulta. Desde que estalló el escándalo del supuesto hijo de Evo Morales y Gabriela Zapata, las cosas han cambiado. Ahora, ningún oficial del Registro Cívico facilita los datos de terceros sin mediar requerimiento fiscal. Más aún, el sistema permite identificar a quien hace la consulta porque se ha habilitado un sistema cerrado de usuarios y contraseñas. En otras palabras, el Registro Cívico está blindado.
El inciso o) del artículo 33 de la Ley 1086 de Organizaciones Políticas señala que los partidos deben “llevar un registro actualizado de sus militantes y miembros, desagregado por sexo y edad, y atender con prontitud las solicitudes de anulación y renuncia a militancia política”. Esa fue la razón por la que unos actualizaron sus datos y otros, los nuevos, presentaron libros con los registros de sus supuestos militantes. El problema es que todos incluyeron a ciudadanos que jamás se inscribieron con ellos. Por eso se repite la pregunta: ¿de dónde y cómo obtuvieron los registros?
Entre los afectados está un legislador de oposición, Rafael Quispe, que, según su ficha de la Cámara de Diputados, fue elegido de las listas de Unidad Demócrata (UD) pero apareció inconsultamente registrado en el MAS. Lejos de indignarse, anunció que aprovecharía su condición legal de militante del partido en función de gobierno para participar en las primarias como postulante a la candidatura presidencial. Como de binomios se trata, invitó formalmente a la diputada Gabriela Montaño a ser su precandidata a la vicepresidencia. El MAS ha reaccionado con furia ante esas posiciones e incluso algunos de sus militantes amenazaron con no dejarle participar. Lo menos que le han dicho es “payaso” porque consideran que se está burlando o está actuando sin seriedad.
Habrá que admitir que existe falta de seriedad en algunas de las actuaciones del diputado pero también es justo decir que no es el único que va en ese sentido. Que las elecciones primarias se realicen con todas estas dudas sobre el padrón de militantes no sólo es una total falta de seriedad sino, más aún, un peligroso síntoma de que el oficialismo pretende llevar adelante esos comicios contra viento y marea con el ya reconocido propósito de habilitar al presidente a una nueva reelección.
Por lo tanto, la burla no sólo parte del opositor que ahora aprovecha las serias irregularidades confirmadas en el padrón de militantes para perturbar al oficialismo sino, también, del Gobierno que se empeña en llevar adelante una reelección sin considerar siquiera el impedimento claramente señalado en el artículo 168 de la Constitución Política del Estado.
Que las elecciones primarias se realicen con todas estas dudas sobre el padrón de militantes no sólo es una total falta de seriedad sino, más aún, un peligroso síntoma de que el oficialismo pretende llevar adelante esos comicios contra viento y marea
