El 171 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) será beneficioso para el país por razones turísticas.
Fue acertadamente convocado para realizarse en Sucre no sólo por el hecho de que esta ciudad es la sede del Órgano Judicial y el Ministerio Público sino, fundamentalmente, por su condición de capital constitucional del país.
En virtud a ello, los siete integrantes de la CIDH estarán en la capital del 7 al 16 de febrero atendiendo audiencias públicas en el Centro Internacional de Convenciones y Cultura del Castillo de la Glorieta. Por su cantidad, más bien reducida, se podría decir que no representará un gran movimiento hotelero pero eso no es cierto.
Como el trabajo que se cumplirá serán audiencias públicas, en las que los comisionados atienden quejas y casos planteados por ciudadanos, se estima que los interesados en hacerse escuchar tendrán que llegar también a Sucre así que eso incrementará la cantidad de visitantes en las fechas antes mencionadas.
Que la CIDH se reúna en Bolivia para tratar temas vinculados a posibles vulneraciones a los derechos humanos ha creado expectativa en ciertos sectores de la oposición así que es mejor desengañarles desde ahora. Por norma, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no trata asuntos de los países en los cuales sesiona.
Por tanto, no importa cuánta parafernalia se arme porque lo más que se podrá conseguir es que los comisionados escuchen a las personas que quieran plantear sus quejas pero eso será todo. No responderán ni emitirán criterio. Cuanto más, agradecerán a los que pidan audiencia.
Por otra parte, es lógico que el Gobierno tomará sus previsiones para que la queja no llegue hasta los comisionados y, si lo hace, que no tenga el efecto que busca la oposición. Por ello, se prevé que los integrantes de la CIDH serán recibidos oficialmente por autoridades bolivianas que serán las que se encarguen de que ellos vean lo que al Gobierno le conviene.
Para evitar un acercamiento de la oposición, el Gobierno desplegará una estrategia basada en el peligro del desprestigio. Dirá que no se debe hacer marchas ni desplegar protestas ante los comisionados porque eso no sólo hará quedar en mal al Gobierno sino al país entero. Por lo tanto, quienes se atrevan a hacerse escuchar serán considerados algo así como saboteadores.
No obstante, eso no quiere decir que los no oficialistas no busquen ser recibidos por la oposición. Todo lo contrario. El detalle es que la representación debe ser institucional y no a título de un partido político.
Si quienes quieran quejarse son candidatos de los partidos opositores que pugnan por ser una alternativa al binomio oficialista, los comisionados les creerán con reservas ya que supondrán que tienen un interés manifiesto en desprestigiar al Gobierno.
Quienes presenten su queja deben ser delegados de instituciones legalmente establecidas; es decir, con personalidad jurídica ya que esa es la única manera de demostrar válidamente su representatividad. Eso inhabilita, por ejemplo, al Consejo Nacional de Defensa de la Democracia que es una suma de instituciones pero no una persona de derecho colectivo.
Por tanto, la estrategia que se debe preparar debe ser jurídica aunque la CIDH no es precisamente un tribunal de justicia sino, más bien, una especie de observatorio del respeto a los derechos humanos.
Lo más importante que se les debe plantear es que el Gobierno boliviano está tergiversando el sentido del derecho humano a ser elegido y lo está usando, con todo el aparato estatal, para justificar una candidatura que está en contra de la Constitución Política del Estado.
