A diez años de la nueva Constitución, más allá de la creación de los nuevos derechos y garantías de índole social, la calidad de nuestras instituciones no ha mejorado. Las permanentes violaciones al principio de independencia de poderes y la deslealtad de sus promotores a “su” propia Constitución, la han convertido en papel mojado.
Para su aprobación no recogió, a pesar de ser norma fundamental, un acuerdo básico y fundacional de convivencia. Hoy, le falta la condición fundamental: la lealtad constitucional, esta ha sido objeto y sujeto de manipulaciones respaldado por obsecuentes “magistrados” del TCP y TSE, quienes han admitido y permitido que el Ejecutivo "licue” sus potestades, y los reduzca a simples notarios del poder.
Para que sea posible la tercera reelección de Morales, los miembros del TCP hicieron desparecer a la Bolivia anterior; la esfumaron desde 1825 al 2000; borraron la historia de las 16 Constituciones anteriores, incluyendo la que les permitió acceder al poder. Para Morales Bolivia fue una ficción; gobernó de 2005 al 2009 a “otro país”, ya que el 2009 “nace” el Estado Plurinacional “puro” que surge de sus pueblos y comunidades indígena originarios, donde no existen ni existieron “otros” Bolivianos; estos son apátridas sin haberse enterado, son apostatas de su gentilicio y solo “suponían” su nacionalidad e identidad; es pues patria ajena esta en la que Morales quiere imponer un cuarto periodo. Notable razonamiento que solo cabe en la mente de los estómagos agradecidos del TCP y del TSE.
Los únicos poderes que podían impugnar e interdictar la arbitrariedad de Morales, han capitulado, de teóricos garantes últimos de la Constitución pasaron a ser sus destructores. Los “protectores” constitucionales han convertido los foros de debate institucionales en sectarios, en los que no se protege el orden jurídico-constitucional sino los intereses políticos.
Parece un cuento, parece increíble pero no lo es; lo de estúpidos nos lo comemos todos los bolivianos porque padecemos de indolencia terminal, por la que admitimos y permitimos que en nombre de los intereses de unos vivos se burlen de los derechos políticos de todas las generaciones y se consoliden nuevas oligarquías.
Como en el futuro caben más interpretaciones aberrantes que vulneren la inmunidad de la norma fundamental, necesitamos abrir paso a una reforma Constitucional para incorporar y suprimir todo lo que requiere y que no se hizo por la imposición y el despotismo. Si queremos edificar una real democracia debemos consolidar un régimen Constitucional en base al acuerdo de todos, no existe otra forma. De lo contrario, nuestra Constitución seguirá protegiendo el hiperpresidencialismo sin controles ni límites. Lo importante es que la proposición de reforma parta de un comité de expertos juristas, con la idoneidad para elaborar textos que garanticen un real ejercicio de derechos y definan límites a la ambición.
