Del análisis de la Constitución se percibe que es imprescindible la redacción de un nuevo texto porque el actual, aunque declara que la organización del Estado está fundamentada en la independencia y separación de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, contiene reglas que hacen inaplicable ese precepto.
En lo concerniente al Poder Judicial, el procedimiento elegido para designación de sus autoridades de mayor rango está previsto para nombramiento solamente de profesionales dispuestos a sumisión, sobre cuya base magistrados y jueces son luego nombrados por ellas con igual razonamiento.
La potestad de administrar justicia consiste en aplicar el derecho a una situación concreta. Se basa en la misión de velar por el respeto y reconocimiento de los derechos humanos y en atención al bien común. Los magistrados y jueces son guardianes de la soberanía del pueblo y de la supremacía constitucional. Su misión es viable solamente en marco de libertad, que permite emisión de resoluciones surgidas de ánimo imparcial.
El principio de independencia de los jueces se expresa externamente respecto a cualquier influencia ajena, e internamente respecto al propio cuerpo judicial. Si no se cumple, los magistrados se convierten en esclavos de otros poderes y los jueces en esclavos de los magistrados. Su función implica equilibrio entre los Poderes para evitar que se subordinen entre sí.
En el lapso de los diez años de vigencia del actual texto constitucional, el Poder Judicial, subyugado, se desenvuelve en ámbito nacional míseramente con recursos económicos inferiores a los presupuestados para el más bajo nivel de las carteras ministeriales,. En esa condición humillante, condena a inocentes sabiendo perfectamente que lo son, niega validez a un referéndum que rechazó supresión de la norma sobre alternabilidad en el mando, e incumpliendo la norma que declara la primacía de la Constitución por encima de tratados internacionales, autoriza la reelección inconstitucional de gobernantes.
Una solución está en quitar a los integrantes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo la atribución de los correspondientes nombramientos, y establecer en cada Departamento del país comisiones conformadas por representantes del gremio de abogados, de profesores de ciencias jurídicas y de otros sectores de la sociedad civil.
