No es nuevo decir que el Gobierno ha ubicado a la prensa entre sus principales enemigos. Más de diez años de aplicada su receta, los medios independientes han visto afectada su economía. Y ahora el Órgano Judicial ha encontrado el mecanismo para quitarles a los periódicos los ingresos por los edictos
No es nuevo decir que el Gobierno ha ubicado a la prensa entre sus principales enemigos. El propio presidente lo dijo en 2006, a poco de haber asumido el poder, en un encuentro internacional de intelectuales realizado en Cochabamba. En esa cita, los asistentes estaban identificados con corrientes políticas de izquierda, de las que hoy son denominadas “progresistas” o con el denominado “socialismo del siglo XXI”.
Decir que el presidente cambió su visión respecto a la prensa a partir de este encuentro sería mentir. La verdad, que está registrada en los periódicos de entonces, es que Morales dejó de ser el mismo luego de difundidos los resultados de las elecciones de 2005, cuando ganó por mayoría absoluta y, a sabiendas de ello, sintió que ya no necesitaba al periodismo, aquel que, en su generalidad, y con sus obvios matices, lo convirtió en figura nacional porque cubría su actividad como dirigente cocalero y diputado y reproducía su discurso contestatario.
El hecho es que el Evo presidente fue, y es, muy distinto al Evo dirigente, por lo menos en su trato con el periodismo. Y eso se tradujo no sólo en su trato sino también en los hechos. A partir del encuentro de Cochabamba, el Gobierno diseñó toda una estrategia con el propósito de tener varios medios bajo su mando. Fue el inicio de la red de radios comunitarias, que sigue creciendo, el periódico Cambio y de la decisión de potenciar el canal estatal, hoy conocido como Bolivia TV. Lo del satélite Túpac Katari vino después.
Pero el surgimiento de medios estatales o paraestatales era insuficiente. Aunque se compraba algunos medios –mediante terceros– y se cooptaba otros, siempre quedaba una buena cantidad que no se doblegaba. Seguía haciendo su trabajo, informar, y no caía en la adulación. Tampoco cerraba los ojos a las denuncias de corrupción. Eran un estorbo. La solución para esto fue la asfixia económica.
La primera decisión política al respecto fue cortar la publicidad estatal, que sumada llegaba a un gran volumen, a los medios que no se sometían para entregársela a los que sí lo hacían. Así, tanto el Gobierno central como las gobernaciones y alcaldías suspendieron contratos publicitarios. En algunos casos, eso llegó hasta a las suscripciones de periódicos, cuyo precio es ínfimo.
Más de diez años de aplicada la receta, los resultados son buenos para el Gobierno: los medios independientes han visto afectada su economía y tienen que asumir medidas urgentes para salvarse. Hay recortes en las planillas de todos, sin excepción, y algunos hasta hablan de cierre. Es el precio por no venderse.
Y si hay medios afectados, lo propio ocurre con los periodistas contestatarios. Son conocidos los nombres de aquellos que, por no doblegarse, han sido alejados de sus fuentes de trabajo. La fórmula más conocida para ello fue la coacción: se comunicaba a los medios que, si no suspendían a tal o cual periodista, se les cortaría todavía más la publicidad o se haría cosas peores. Los medios negociaron con los observados y éstos optaron por alejarse por decisión propia.
Pero las cosas no terminaron ahí. El Gobierno emitió una serie de leyes, consideradas de avanzada, que incluían, además, la obligatoriedad de realizar publicaciones gratuitas. Así, se atenta contra la Constitución Política del Estado que señala, en su artículo 46, que “toda persona tiene derecho: 1. Al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación, y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna”.
Y ahora llega otro golpe: el Órgano Judicial ha encontrado el mecanismo para quitarles a los periódicos los ingresos por los edictos.
La asfixia económica sigue. Y todavía viene más.
