En una audiencia reservada y con una fuerte custodia policial, la ex pareja del presidente Evo Morales, Gabriela Zapata, declaró ayer ante el Juzgado de la Niñez de La Paz para informar sobre el paradero del presunto hijo del Primer Mandatario. Por su parte, la ex directora de Gestión Social y amiga de Zapata, Cristina Choque, afirmó que el Ministerio de la Presidencia, de la cual depende la unidad en la que se desempeñaba, tenía conocimiento de todas las actividades que realizaba y cuestionó al nuevo entorno del Presidente, alejado de las bases. Mientras tanto, la comisión del Legislativo que investiga los contratos con CAMC cumplió ayer una primera inspección a los taladros dotados a YPFB por la empresa asiática cuestionada.

Zapata detenida desde hace dos semanas en el penal de Obrajes, en La Paz, acudió ayer a comparecer ante la jueza de Partido de la Niñez y Adolescencia, Jackeline Rada, tras el recurso extraordinario que planteó el presidente Morales para que su ex pareja entregue al hijo de ambos a las autoridades competentes en un plazo de cinco días; la demanda fue interpuesta ante un juzgado de familia con el objetivo de alcanzar la custodia del infante, cuya negada existencia ha causado revuelo en el país.

Al haberse convertido en una audiencia reservada, nada de la declaración de Zapata, que duró más de tres horas, trascendió a los medios. "Estamos con un decreto de reserva y no podemos hablar absolutamente nada sobre eso", señaló el abogado de Zapata, William Sánchez Peña.
En febrero pasado, el periodista Carlos Valverde reveló que Morales había tenido un hijo con Zapata. En un primer momento, Morales negó la existencia del niño y dijo que había muerto siendo bebé. Sin embargo, poco después, una tía de la ex pareja de Evo aseguró que el niño está vivo y radica en La Paz. Después de ello, el Presidente dijo que tener un hijo "es como una bendición" y exigió saber dónde está el menor.

Algunas autoridades de Gobierno, como el ministro Reymi Ferreira, han negado que el menor esté vivo. Hasta ahora no existe claridad sobre este punto.  

Zapata fue trasladada desde la cárcel de Obrajes al juzgado y viceversa con una custodia de unos 15 efectivos policiales antimotines y tres patrullas. Tanto Morales como su ex novia, están en el centro de un escándalo de supuesto tráfico de influencias debido a que Zapata fue gerente de la empresa china CAMC, que obtuvo millonarios contratos con el Estado.

CHOQUE SE PRONUNCIA
Por otra parte, Cristina Choque, ex jefa de la Unidad de Gestión Social y también recluida en Obrajes, dijo que el Ministerio de la Presidencia conocía todas las actividades que se realizaban en su unidad, razón por la cual calificó de injusta su detención. "Nos dedicábamos a realizar labores de asistencia social, en mis oficinas no se firmaban contratos ni había relación con empresarios (...). El Ministerio de la Presidencia tenía conocimiento de todas las actividades que hacía en la Unidad de Gestión Social", afirmó Choque al diario La Razón.

Choque detenida desde el 2 de marzo imputada por incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y uso indebido de bienes del Estado, señaló que le han dado una muerte civil pese a su larga trayectoria como militante del MAS.

Lamentó que "muchos que ni siquiera han alzado la bandera del MAS, ni en los momentos duros" estén ahora rodeando al Jefe de Estado.

MESA ACLARA
Por otra parte, ayer el ex presidente y actual vocero de la demanda marítima, Carlos Mesa, volvió a referirse al escándalo de supuesta corrupción que vincula a Morales, Zapata y la empresa CAMC.  "Seamos claros, ningún contrato de Estado a Estado en 2004 puede ser cortina de humo para investigación sobre t. de influencias en 2013-2015", sostuvo Mesa mediante su cuenta de Twitter.

De esta forma respondió a legisladores oficialistas que ayer continuaron señalando que el responsable del "desembarco" de la empresa china a Bolivia, ahora investigada por sus contratos con el Estado es Carlos Mesa.

En el gobierno de Mesa, en 2004, se firmó un contrato comercial de compra de bienes con China, para la adquisición de equipos y maquinaria para redes de gas, lo que, según los legisladores del MAS, habría comprometido al Estado a continuar con los contratos con la firma china bajo reglas de juego del país asiático.

"Mi gobierno firma contrato con China. Gobierno de Rodríguez crea FONDIOC. Eso nos convierte en responsables de su gestión entre 2006 y 2016?", acotó Mesa quien ayer participó de un foro democrático en Badajoz (España).

Mientras, ayer la comisión del Órgano Legislativo que investiga los contratos con la empresa china CAMC se trasladó a Santa Cruz para verificar el funcionamiento de los taladros que fueron dotados a YPFB por la citada firma china. Tras verificar que están en funcionamiento, tal como señalaron los ejecutivos de la estatal petrolera, se espera un informe en las próximas horas. La presidenta de Diputados, Gabriela Montaño, dijo que la oposición trata de descalificar la investigación que realiza la comisión, por "flojera mental".

Dos legisladores de oposición, Wilson Santamaría y Hugo Zamora, miembros de la Comisión que investiga el caso CAMC, informaron que durante el primer día de inspección a las perforadoras que compró YPFB a la empresa china se descubrió que uno de los taladros aún no se entregó de manera definitiva, por lo que ya corre una multa al respecto.

El jueves, el embajador de China en Bolivia, Wu Yuanshan, sostuvo que existen objetivos políticos en torno a las denuncias de tráfico de influencias que involucran a la empresa estatal de su país, CAMC. Hasta la fecha se tiene información de que al menos tres filiales de CAMC trabajan en Bolivia: CAMC Engineering Co. Ltd. Bolivia Branch; CAMC Unión Engineering y la Asociación Accidental CAMC Unión Engineering.