Acción ante el TCP por ley de identidad activa movilización
El recurso contra el texto de la Ley 807 fue recientemente admitido en el TCP
La reciente admisión de una acción abstracta de inconstitucionalidad que observa la Ley 807 de Identidad y Género moviliza nuevamente a sectores antagónicos que están en contra y a favor de esta norma. Ambos esperan que sea la Asamblea Legislativa Plurinacional la que envíe un informe contundente ante el Tribunal Constitucional.
De acuerdo con la Plataforma Nacional Ciudadana por la Vida y la Familia, promotoras del recurso ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), “ninguna ley puede cambiar una verdad natural como el sexo que cada persona recibe al momento de la concepción”.
Esta plataforma, conformada por instituciones esencialmente religiosas, agrega que “no se puede burlar el principio de verdad material ni despreciar la dignidad del ser humano, negando hechos biológicos-científicos, sobre la base de deseos personales y subjetivos que promueven la confusión”.
En una conferencia de prensa, Francis Marqués, activista de esta plataforma, presentó un pronunciamiento nacional, en el cual se agradece a los legisladores que presentaron el recurso y a quienes llaman defensores de la vida y la familia. “Invitamos a los demás parlamentarios del país, sin importar su sigla política, a ponerse la camiseta del presente y del futuro de la nación”, versa el manifiesto.
Tras la admisión de la acción de inconstitucionalidad, la Asamblea Legislativa tiene 15 días para presentar sus descargos y luego corren 45 días para que el TCP se pronuncie.
El recurso, a decir de la Adjunta de la Defensoría del Pueblo, Tamara Núñez del Prado, consta de “muchos parámetros de discriminación, racismo y mentiras. No es inconstitucional por cuanto se basó en dos sentencias emitidas por el propio TCP (1763/2003R y 69-2006, de 2003 y 2006, respectivamente)”.
La representante de la ONG, Capacitación y Derechos Ciudadanos (CDC), Carla Guardia, adelantó que además de las dos sentencias constitucionales existe un cúmulo de 21 leyes municipales y nacionales que reconocen la identidad de género y la orientación sexual, así como otras 17 normas internacionales.
“Como Defensoría no podemos presentar nada al TCP, pero presentamos nuestros alegatos a la Asamblea Legislativa Plurinacional, la cual tiene 15 días para presentar alegatos ante el TCP”, complementó Núñez del Prado, al señalar que existe todo un colectivo de organizaciones que respaldan la norma, que fue impulsada durante ocho años.
MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO
La principal objeción que plantea la plataforma ciudadana contraria a la Ley de Identidad de Género es que el cambio del dato de sexo, que dicta la Ley 807, abre las puertas para que dos personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio, según lamentó la coordinadora de la Asociación de Defensa de la Vida y la Familia (ADEVIFA) de Sucre, Francis Marqués.
“La ley es clara, el momento que uno decide (tener) el género con el que se autoreconoce, asume todos los derechos de la nueva identidad. Tengo los mismos derechos que cualquier mujer pese a no ser mujer biológica”, respondió Núñez del Prado.
Más aún, señaló que si bien la Ley 807 no permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, la Defensoría impulsa el Acuerdo de Vida en Familia. “Es un acuerdo notarial donde personas del mismo sexo llegan a un acuerdo para vivir en familia y tener todas las garantías constitucionales y tener una vida plena. La ley 807 sólo da derecho a la (nueva) identidad”, concluyó.
A decir de la plataforma ciudadana, al admitir la acción de inconstitucionalidad, el TCP envía “una clara señal de haber entendido en conciencia que este tema le preocupa a la sociedad boliviana y que necesita una respuesta jurídica correcta”.
Ambos sectores apelan a la figura legal conocida como “amigos de la corte” para aportar criterios técnicos que enriquezcan el debate para que el TCP tome una decisión informada.
