Nadie cede y se alarga lío entre Gobierno y la UPEA

La Universidad Pública de El Alto (UPEA) decidió ayer mantener sus medidas de presión por una mayor asignación presupuestaria y el esclarecimiento de la muerte del estudiante Jonathan Quispe, y demandó de nuevo negociar con el presidente Evo Morales, algo que el Gobierno volvió a descartar, aunque ofreció subvenciones extraordinarias.

Luego de una asamblea docente-estudiantil, la UPEA demandó un diálogo directo con Morales y con los presidentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para tratar su demanda de modificación de la Ley 195 de coparticipación tributaria.

También ratificó su pedido de renuncia del Alto Mando de la Policía y de dos ministros y un viceministro por la muerte de Quispe y acordó acudir a las bases de los sectores sociales, para acumular respaldo a su causa que ayer incluyó bloqueos.

En busca de lograr esos objetivos, una reunión con el Comité de Movilizaciones decidió la tarde de ayer masificar los piquetes de huelga de hambre.

“Se ha ratificado también la unidad monolítica de nuestra universidad y se van a declarar antiautonomistas a los estudiantes o docentes que vayan en contra de nuestras determinaciones”, anunció Salvador Quispe, ejecutivo de la Federación de Docentes de la UPEA.

Explicó que se exige la presencia de los presidentes del Senado, Alberto Gonzales, y de Diputados, Gabriela Montaño, porque en esas cámaras se diseñan y modifican las leyes. Agregó que el diálogo deberá realizarse en instalaciones de la UPEA, donde aseguró que existe garantía para su seguridad.

“No se descartan medidas radicales, como por ejemplo una marcha contundente desde las cuatro laderas…tenemos movimientos desde Achacachi, desde Caranavi, desde Viacha, no descartamos nada”, amenazó.

Los movilizados exigen la renuncia de los ministros de Gobierno, Carlos Romero, y de Economía, Mario Guillén, además del Viceministro de Presupuesto, Jaime Durán, y de los miembros del Alto Mando de la Policía.

VOCES DEL GOBIERNO

Poco antes, el ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, concluyó que el paro de 48 horas convocado por organizaciones alteñas en apoyo a la UPEA, cumplido el lunes y martes fue un “fracaso”, por lo que reiteró su convocatoria a un diálogo sin condicionamientos.

“Partidizaron un conflicto y perjudicó los objetivos de la propia UPEA, restándole apoyo ciudadano”, concluyó.

Más tarde, el ministro Guillén planteó otorgar "subvenciones extraordinarias" a favor de la UPEA para garantizar el normal funcionamiento de esa institución y descartó la modificación de la coparticipación tributaria.

"Lo que estamos dispuestos es a hablar y a otorgar subvenciones extraordinarias para solventar el funcionamiento de la universidad", aseguró.

En la Cámara de Senadores, se aprobó el pedido de que el ministro Romero brinde un informe oral sobre la muerte de Quispe.

Al caer la noche, el rector de la UPEA, Ricardo Nogales, envió una carta al vicepresidente del estado, Álvaro García Linera, para solicitarle que viabilice el diálogo entre representantes de esa casa de estudios, Gonzales y Montaño.

Gobierno y Policía arremeten contra agente Casanova

El Ministerio de Gobierno y la Policía ratificaron ayer su versión de que el subteniente Cristian Casanova disparó con su escopeta una canica que quitó la vida al estudiante de la UPEA Jonathan Quispe.

"Ya hay una persona responsable, pero finalmente el Ministerio Público tendrá que cumplir con una acusación", dijo Filemón Sandoval, director jurídico del Ministerio de Gobierno.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz, coronel Johnny Aguilera, agregó que existen bases técnicas y científicas irrefutables contra Casanova, como "autor material e intelectual" del crimen.

"Vamos a probar en juicio oral nuestra teoría, lo que dijimos es cierto, que el subteniente modificó su escopeta lanzagases sacándole el tromblón para insertar un objeto atípico, vale decir una canica, y disparar al universitario", remarcó.

Por otro lado, Sandoval afirmó que no fueron notificados con ninguna admisión de denuncia contra el ministro de Gobierno, Carlos Romero, por lo que la descartó y acusó a la abogada de los familiares de Quispe, Paola Barriga, de emitir declaraciones sin fundamento.