El Supremo pone a Mesa al borde de juicio por Quiborax

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) pone al ex presidente Carlos Mesa en manos del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Asamblea Legislativa, donde es mayoría y se da por descontada la aprobación de un juicio de responsabilidades por el caso Quiborax, a dos meses exactos de presentada la denuncia del Gobierno contra la ex autoridad.

La Sala Plena del TSJ cumple la mañana de hoy, miércoles, un mero formalismo al recibir de su Sala Penal el requerimiento acusatorio de la Fiscalía General, que hace dos semanas pidió que se procese al ex Mandatario por supuestas resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.

Según procedimiento, la máxima instancia de decisión del Supremo debe aprobar el requerimiento y remitirlo al Legislativo, lo que ocurriría hoy mismo, en la sesión ordinaria de cada semana.

“La Sala Penal ha remitido el informe correspondiente y mañana (por hoy) será considerado en la Sala Plena, tendiente simplemente a cuestión formal de procedimiento si corresponde remitir a la Asamblea para pedir la autorización respectiva o lo que corresponda”, adelantó el presidente del TSJ, José Antonio Revilla.

Con lo que suceda hoy, el afán del Gobierno de responsabilizar a la ex autoridad por el pago de una millonaria indemnización a la minera chilena habrá vencido un segundo paso; el primero fue el requerimiento acusatorio del fiscal General, Ramiro Guerrero.

“La Sala Penal hace las veces de juez controlador de garantías constitucionales y consiguientemente evalúa la proposición acusatoria y el requerimiento fiscal correspondiente y, en base a eso, informa a la Sala Plena y ésta procederá como corresponde”, agregó Revilla.

Los magistrados de la Sala Penal, Edwin Aguayo y Olvis Eguez, evacuaron un informe dando por cumplidos los requisitos de forma en la proposición acusatoria, sin ingresar al fondo del documento del Ministerio Público.

Se sobreentiende que los magistrados respondieron antes a los tres memoriales presentados por Mesa, en los que pidió la anulación del documento del fiscal Guerrero. Hasta ayer, ese extremo no había sido confirmado, tampoco comunicado a la defensa legal del actual vocero marítimo

El Gobierno, a través de la Procuraduría General del Estado, acusa a Mesa por la pérdida de $us 42,6 millones que el Estado pagó por indemnización a la transnacional Quiborax, como efecto de un arbitraje ventilado en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI). El fin de semana, anunció que el ex Jefe de Estado deberá pagar con sus bienes ese monto.

Pero Mesa pregona su inocencia desde el principio y acusa al Gobierno de haber asumido una pésima defensa de los intereses del Estado ante el CIADI; entre otras varias irregularidades, por ejemplo denunció el uso de un acta falsificada para plantear el juicio, que una autoridad filtró documentos en sede boliviana a la defensa chilena y luego que la administración del presidente Evo Morales transó con Quiborax el pago rebajado de la sentencia a cambio de levantar un proceso contra los representantes de la chilena, en la vía ordinaria.

EL PROCESO EN LA ASAMBLEA

Con lo que previsiblemente decida hoy la Sala Plena del TSJ, el proceso continuará por vía política. Será remitido a la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa Plurinacional, cuyo pleno definirá si autoriza el juicio en el TSJ.

En dicha Comisión hay más de 100 procesos pendientes de decisión.

El presidente del Senado, José Alberto Gonzales (MAS), señaló ayer que "definitivamente los procedimientos nos aconsejan que un juicio de estas características no demora menos de dos años".

Para el diputado opositor Wilson Santamaría (UD) el objetivo del juicio es claramente electoral para inhabilitar una eventual candidatura de Mesa en las elecciones presidenciales. “Hay gente en el Gobierno que va a hacer lo imposible para que Mesa sea el único responsable y de esa forma ocultar el pésimo trabajo de defensa (en el caso Quiborax)", afirmó, con lo que anoche coincidió el abogado de la ex autoridad, Carlos Alarcón.

La ex ministra de Comunicación, y actual gerente de la Editorial del Estado, Amanda Dávila, salió ayer en defensa de Mesa y dijo que no debería ir a la cárcel, porque actuó en defensa del país al revertir las concesiones a la empresa chilena.

"El ex presidente Carlos Mesa no debería ir a la cárcel ni hoy ni mañana pues actuó, durante su gestión, contra la mafiosa chilena #Quiborax en defensa del país; eso no tiene precio, pienso yo", escribió en Facebook.

El Supremo

José Antonio Revilla

Vicepresidente

"El proceso no ha comenzado. A la Sala Plena lo único que le corresponde es considerar el informe y remitir los antecedentes correspondientes a la Asamblea Legislativa".

La Asamblea

José Alberto Gonzales

Presidente del Senado

"No vamos a alcanzar con nuestros plazos para meterlo preso o hacer una sentencia ejecutoriada. Tranquilos los que están nerviosos con ese tema, el propio señor Mesa si está nervioso".

La oposición

Óscar Ortiz

Senador de UD

"Otra prueba de la politización de la justicia, corren para perseguir a opositores y procesos contra los masistas no avanzan: TSJ resolverá enviar a la Asamblea la petición de juicio contra Mesa".

Cifras y momentos

22 DE MAYO. La Procuraduría General del Estado pide un juicio contra Carlos Mesa ante el Ministerio Público.

9 MEMORIALES. Seis escritos a la Fiscalía y tres al Tribunal Supremo presentó para defenderse el hoy acusado.

42,6 MILLONES DE DÓLARES. Es lo que pagó Bolivia a Quiborax por la reversión de su concesión en el Salar de Uyuni.

9 DE JULIO. El fiscal General, Ramiro Guerrero, presenta proposición acusatoria contra Mesa al Tribunal Supremo.

2 MESES. 62 días pasaron desde la presentación de la denuncia del Gobierno contra Mesa, hasta hoy, miércoles.

Carlos Mesa pide al Procurador enjuiciar a Evo Morales por ilegal nacionalización de Guaracachi

El ex presidente Carlos Mesa envió ayer una carta al Procurador General del Estado, Pablo Menacho, emplazándolo a retirar la denuncia en su contra por el caso Quiborax, o iniciar juicio de responsabilidades contra el presidente Evo Morales porque la nacionalización de la termoeléctrica Guaracachi, fue declarada ilegal.

El abogado defensor de Mesa, Carlos Alarcón, dijo que la nacionalización del 50.001% de las acciones de la firma Guaracachi American, Inc. (GAI), constituida en Estados Unidos y Rurelec en el Reino Unido, dispuesta por Decreto Supremo, fue declarada ilegal por el Tribunal Arbitral de la UNCITRAL de las Naciones Unidas.

Dijo que el año 2012 Evo Morales firmó otro decreto, donde autorizó el pago de $us 31 millones, al perder el arbitraje.

Explicó que el tema Guaracachi es similar al caso Quiborax y tomando en cuenta el criterio del ministro de Economía, Mario Guillén, en sentido de que Mesa debería pagar con sus bienes el presunto daño que causó en el caso Quiborax, Morales también debería ser procesado y pagar con sus bienes.

Indicó que Mesa puso como antecedente que el 1º de Mayo de 2010, el actual Presidente dictó un decreto de nacionalización de la termoeléctrica Guaracachi y que el numeral 441 del laudo arbitral abierto por ese hecho fundamenta que la expropiación fue ilegal, porque Bolivia no siguió el procedimiento ni tuvo intención de compensar.

El laudo arbitral fue enviado a la Procuraduría y detalla que los demandantes iniciaron el arbitraje para obtener una indemnización por los perjuicios que alegan haber sufrido tras la modificación del marco regulatorio del sector eléctrico, la falta de justicia por parte del sistema judicial boliviano y la nacionalización, afectando a los inversionistas de la Empresa Eléctrica Guaracachi S.A. (EGSA).

El numeral 441 señala textualmente: “En consecuencia, la cuestión de la ilegalidad es en gran medida objetiva: si EGSA tuviera un valor positivo, Bolivia debería haber indemnizado a la Demandante, ofreciéndoles una justa compensación efectiva, ya que se espera que todo Estado que lleva a cabo una expropiación determine el verdadero valor de los bienes expropiados en forma precisa y profesional. En realidad, Bolivia no compensó (ni tuvo la intención de compensar) a la Demandante, puesto que no realizó una valuación precisa del valor de EGSA en ese momento. De hecho, hizo exactamente lo contrario, y si el Tribunal encontrase que la valuación es “manifiestamente inadecuada” [traducción del Tribunal], ello sería responsabilidad de Bolivia. Como se explicará en detalle más adelante, estamos de hecho ante tal situación y, por ende, la expropiación fue ilegal”.

Alarcón sostuvo que bajo el principio de igualdad entre el ciudadano y las autoridades, la Procuraduría tiene dos caminos: retira la acusación contra Mesa o presenta proposición acusatoria contra Morales, el Ministro de Hidrocarburos, Hacienda de esa época y el actual ministro de Justicia, Héctor Arce, porque hay prueba plena que el caso Guaracachi es idéntico al Quiborax.