TCP analiza recurso que podría frenar primarias
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) analiza una acción de inconstitucionalidad concreta presentada por la alianza “Bolivia dice No”, que objeta la Ley de Organizaciones Políticas en lo referido a que sólo los
SUCRE. El Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) analiza una acción de inconstitucionalidad concreta presentada por la alianza “Bolivia dice No”, que objeta la Ley de Organizaciones Políticas en lo referido a que sólo los militantes de partidos pueden impugnar a sus binomios.
El presidente del TCP, Petronilo Flores, confirmó ayer que el recurso de inconstitucionalidad ingresó a esa institución los primeros días de este mes y que la Comisión de Admisión tiene un plazo de diez días para decidir si admite o rechaza el recurso que también tiene que ver directamente con las elecciones primarias, prevista para el 27 de este mes.
“De acuerdo con el procedimiento, son diez días para la admisión o rechazo, de todas maneras los abogados presentan algunos memoriales que hacen que (se modifique) el plazo para que se resuelva”, aseguró Flores.
El artículo 40 de la Ley de Organizaciones Políticas restringe la impugnación de binomios de las primarias a los militantes del partido.
Si los accionantes pidieron como medida cautelar la suspensión de la aplicación de la Ley y el TCP admitiera el recurso, las elecciones primarias podrían paralizarse.
DENUNCIAN AL GOBIERNO
Por otra parte, el Movimiento Demócrata Social (Demócratas) anunció ayer que presentará una denuncia penal contra el Gobierno por la difusión de una encuesta favorable al presidente Evo Morales.
Según Demócratas, con la publicación de la encuesta no sólo se vulneró la norma electoral, sino que el Gobierno también incurrió en delitos penales por usar recursos públicos para financiar una publicación que induce al voto.
En el TSE ya corre una denuncia contra el MAS, presentada por el diputado José Carlos Gutiérrez. En ese proceso está en juego la personería jurídica del partido de Gobierno, puesto que, de acuerdo con la Ley del Régimen Electoral, la cancelación es la sanción que corresponde.
En la vía penal, Demócratas presentará una denuncia por los delitos de Inducción del voto, difusión ilegal de propaganda y encuestas (tipificado en la Ley del Régimen Electoral) y uso indebido de bienes públicos, contra los funcionarios del Gobierno nacional que ordenaron y autorizaron la difusión de la encuesta.
El jueves, la ministra de comunicación Guisela López admitió que el Ejecutivo pagó la publicación de la encuesta, aunque dijo que no se cometió ningún delito.
“La confirmación de la ministra Gisela López corrobora la existencia de la falta electoral, señalada por el diputado José Carlos Gutiérrez, y añade, además, un delito penal derivado de la utilización de fondos públicos para la publicación de dicha encuesta en beneficio del candidato Evo Morales”, indicó el senador Óscar Ortiz, quien también es candidato presidencial de la Alianza “Bolivia dice No”.
El diputado Gutiérrez, a su turno, anunció que presentará lo que considera la “confesión” de la ministra López ante el TSE, e iniciará una acción de fiscalización desde el Legislativo.
