Con tres comicios desde el año 2011, ¿para cuándo la reforma judicial?
La elección de magistrados por voto popular fue cuestionada desde su nacimiento
La reforma judicial debía ser un asunto urgente a encarar en Bolivia, tras la tercera experiencia de las elecciones judiciales este domingo, bajo un manto de polémica, falta de información y crisis judicial. Así coinciden destacados juristas y líderes de la sociedad civil.
“Tenemos que partir de una reforma constitucional que analice de manera objetiva, sin apasionamientos, sin consignas políticas, lo que realmente significa la elección popular y, en especial, el diseño”, manifiesta en Correo del Sur Radio, Kathia Saucedo, miembro del grupo de juristas independientes.
A inicios de 2023, esta organización impulsó una campaña en pos de una reforma judicial vía referéndum. No alcanzó a reunir las firmas requeridas para preguntar a la población si estaba dispuesta a abrir la Constitución para hacer cambios trascendentales en esta materia; no obstante, el debate quedó pendiente y así lo han reconocido actores políticos que, en su momento, defenestraron la cruzada.
Saucedo enumera aspectos clave para el debate: “Primero, mantener o no la preselección en manos de la Asamblea Legislativa Plurinacional por sus contenidos claramente político partidarios; lo segundo, (...) cómo se le otorga al ciudadano la posibilidad de que su voto inválido, nulo o blanco como expresión de descontento, tenga algún efecto legal; y tercero, el porcentaje de legitimación, es decir, que los magistrados no pueden optar al cargo con el 1, 2, 3%”.
LOS ANTECEDENTES
Desde su incorporación en la Constitución de 2009, la elección de altas autoridades judiciales por voto popular ha sido objeto de cuestionamientos por la politización del proceso y porque el deterioro de la justicia se ha agravado. De hecho, Bolivia es el único país con este tipo de comicios porque en Estados Unidos la elección de jueces abarca solo a los estatales y comités participan en la selección de los candidatos, entre otros matices. El Gobierno de México también pretende elegir magistrados este año y ha despertado observaciones similares a las que hay en Bolivia.
En las primeras elecciones judiciales en Bolivia el 2011, un 57% de los votos fueron nulos o en blanco, porcentaje que aumentó al 65% en las elecciones de 2017.
MÁS ESPERA
No se retomará la discusión sobre la reforma judicial de manera inmediata. En agosto del próximo año, deben llevarse adelante las elecciones generales en el país y ya se respira un enrarecido clima político por la disputa en el partido de Gobierno, MAS.
En esa línea, el director de la Fundación Jubileo, Juan Carlos Núñez, estima que después de los comicios nacionales de 2025, habrá “un proceso de debate, de apertura a la Constitución, una necesidad de reformas”.
“Uno de los temas va a ser las elecciones judiciales, el cómo se lo hace, el procedimiento, porque estamos viendo muchas falencias, poca legitimidad en cuanto a cómo se elige a quienes administran la justicia, un factor fundamental para la vida de un estado, y por lo tanto, no podemos seguir en una situación de inseguridad”, expresa.
Justicia boliviana se ubica a la cola
Este año, Bolivia ocupó el puesto 131 de 142 en el Índice del Estado de Derecho del Proyecto de Justicia Mundial (World Justice Project Rule of Law Index), el mismo de 2023.
Por factores, el país se situó en el puesto 139 de 142 en justicia civil y en el 141 de 142 en justicia penal, solo por encima de Venezuela.
En esa línea, hace un mes, la Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia informó en una audiencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre el deterioro de la institucionalidad democrática y de la independencia judicial en Bolivia, reportando que el Gobierno no ha implementado recomendaciones de organismos internacionales.
Identificó al menos cuatro factores que debilitan el sistema judicial: la injerencia del poder político, el deterioro de la independencia y autonomía del Ministerio Público, amenazas y represalias con procesos judiciales contra jueces y fiscales y un mínimo presupuesto, el 0,48% del Presupuesto General del Estado.
DEFECTOS
Kathia Saucedo
JURISTA
Lo que nos preocupa son los grandes defectos con los que hemos ido a la elección judicial (...) En ciernes hay otro problema jurídico una vez que los nuevos magistrados electos ingresen en funciones (por la convivencia de los magistrados electos y prorrogados)”.
LEGITIMIDAD
Juan Carlos Núñez
DIRECTOR JUBILEO
Los dos (comicios) anteriores, si de algo han tenido ausencia, es de legitimidad (...) En vez de fortalecer el Órgano Judicial, lo está debilitando aún más (...) Deberíamos aperturarnos a un importante debate de reformas a la Constitución porque la justicia es el principal garante”.