Denuncian que jueces no acatan fallo del TCP

El súbdito peruano Renato Cafferata Centeno, condenado a 30 años de prisión por el asesinato de su novia en Santa Cruz, del que se declara inocente, denunció que lleva casi tres años pidiendo el cumplimiento de una sentencia constitucional que anuló la resolución de condena y ordenó un nuevo fallo tomando en cuenta las pruebas clave que fueron excluidas en el juicio oral en Santa Cruz.

En su memorial dirigido a los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Cafferata denunció que desde enero de 2011 está detenido en Palmasola por un crimen que no cometió y que ningún tribunal judicial en Bolivia quiere acatar el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que en febrero de 2016 declaró nula la sentencia condenatoria en su contra y ordenó un nuevo juicio por la muerte de su novia María Rosario Castedo.

Gladys Centeno, madre del acusado, dijo que lleva siete años en los juzgados y tribunales de justicia del país denunciando que en la investigación del crimen los policías perdieron y ocultaron evidencias, negaron actos investigativos y fueron sancionados únicamente en la vía disciplinaria.

Recordó que la sentencia de pena máxima fue apelada ante el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz y el TSJ que denegaron su solicitud y “convalidaron las ilegalidades”.

“En vista de que ninguna autoridad judicial acata la decisión del TCP acudí a las autoridades del Ejecutivo, Legislativo para que pongan freno a esta discriminación que sufre Renato Cafferata que por ser peruano no tiene derecho a la justicia”, sostuvo.

En los últimos siete años, la madre del acusado dijo que hizo de “investigadora”. Encontró pruebas que vinculan a la novia de su hijo con un narco brasileño detenido en su país, dedicado a vender y comprar vehículos, y uno de ellos, un jeep pajero plateado, fue visto por Cafferata el día del crimen, el 15 de enero de 2010, saliendo del domicilio de la víctima.

Centeno señaló que al parecer pretenden tapar el tráfico de drogas en el que estaban vinculados la víctima y su ex concubino con quien tenía un hijo.

Dijo que el día del crimen, Renato Cafferata acudió a auxiliar a su novia pero cayó en la “trampa”, porque al verlo solo lo culparon del hecho, desaparecieron pruebas y un policía le robó la mochila con documentos.

La ciudadana peruana con residencia en Bolivia, advierte actos de xenofobia y de corrupción entre las autoridades judiciales y del Ministerio Público que “armaron” un complot para evitar que se esclarezca este hecho.

Centeno llegó a Sucre y en el TSJ le informaron que sortearon la causa y dentro de dos meses se pronunciarán.

Dentro de este proceso, la Embajada y el Consulado peruano en Bolivia ya pidieron publicamente que se tome en cuenta las pruebas al emitir un nuevo fallo y solicitaron una reunión con el presidente del TSJ que no se concretó.

El Consejo de la Magistratura anunció una auditoría a algunos procesos de relevancia social, ya que habría al menos 80 solicitudes que están pendientes de trámite.