Ex alcalde y concejal van a prisión en Quillacollo
El Gobierno conformó una comisión de alto nivel para indagar este bullado caso
El ex alcalde de Quillacollo, Zacarías Jayta, y el presidente del Concejo, Víctor Osinaga, fueron enviados con detención preventiva por orden del Juzgado Primero Cautelar. La decisión se dio luego de más de seis horas de audiencia de medidas cautelares.
Jayta fue enviado a la cárcel San Pablo de Quillacollo y Osinaga al penal San Sebastián en Cercado.
Ambos fueron aprehendidos el miércoles, en el marco de la investigación sobre las denuncias de corrupción en ese municipio tras la difusión de audios donde se habla de presuntas "coimas".
Horas antes de ser enviado a prisión, Jayta renunció al cargo y el Concejo Municipal de Quillacollo eligió a Antonio Montaño, del Frente Para la Victoria (FPV), como nuevo alcalde suplente de ese municipio.
Funcionarios del Ministerio Público, con el resguardo de efectivos policiales, procedieron a allanar el jueves el domicilio del ex alcalde. Asimismo, una comisión de cuatro fiscales Anticorrupción secuestró seis CPU, además de documentos en soporte digital e impreso de la Alcaldía del municipio.
ANTECENDENTES
Un ex funcionario de la gestión de Jayta, denunció que la autoridad recibía el 50 por ciento de lo que se cobraba a las empresas adjudicadas. Un 40 por ciento estaba destinado al Concejo Municipal, según una fórmula de cobro y división del dinero.
El ex coordinador de la secretaría general, Jesús Saldivar, explicó que la fórmula fue implementada por Jayta cuando asumió como Alcalde, en junio de 2018. Ésta determinaba porcentajes de cobro y división de recursos.
La tabla expuesta refleja que las empresas que se adjudicaban contratos mayores al millón de bolivianos debían entregar un 20% del monto a cobrar.
En el caso de los contratos inferiores al millón, el porcentaje era del 15%. Mientras que en compras menores, las firmas debían entregar el 12%, según la fórmula.
El jueves, el Gobierno impulsó la conformación de una Comisión con la presencia de cinco instituciones a la cabeza del Ministerio de Justicia, Ministerio de Gobierno y Fiscalía para investigar este caso.