Fenómeno de ropa usada crece y nadie hace cumplir la ley

Hace menos de cinco años, en Sucre —ciudad declarada por la UNESCO como “Patrimonio Cultural de la Humanidad”— la venta de prendería usada se concretaba solo en arterias cercanas al Mercado Campesino, es decir, en inmediaciones de las calles Man Césped, Ostria Reyes, Nataniel Aguirre, Regimiento Carabineros, Emilio Hoschmann, entre otras. Ahora abarca otras zonas, inclusive el centro histórico.

El Decreto Supremo 28761, en vigencia desde el 21 de junio de 2006, prohíbe la importación de ropa usada y plantea la reconversión productiva para todos los ropavejeros. Sin embargo, esto nunca se cumplió y, más bien, el contrabando tomó fuerza en los últimos años, se diversificó con otros productos como bisutería, juguetería, menaje de cocina y otros artículos para el hogar, e incluso se extendió llegando a instalarse en locales abiertos a pocas cuadras de la plaza 25 de Mayo.

La competencia desleal con la producción nacional y local es evidente y, mientras miles de vendedores en el país se dedican a esta actividad ilegal con el argumento de que falta de empleo, ninguna autoridad hace cumplir la normativa vigente.

CAPITALES intentó conversar con dos dirigentes de este sector, pero se topó con su negativa. Solo tres comerciantes, entre varios consultados, proporcionaron algunos datos, dentro de una generalizada susceptibilidad a la hora de hablar sobre su actividad.

Llegaron al centro
Hace menos de cinco años, en Sucre —ciudad declarada por la UNESCO como “Patrimonio Cultural de la Humanidad”— la venta de prendería usada se concretaba solo en arterias cercanas al Mercado Campesino, es decir, en inmediaciones de las calles Man Césped, Ostria Reyes, Nataniel Aguirre, Regimiento Carabineros, Emilio Hoschmann, entre otras. Ahora abarca otras zonas, inclusive el centro histórico.

No hace falta recorrer mucho para encontrar una tienda de ropa usada: a pocos metros de la plaza central de Sucre hay varias, en muchos casos dando una mala imagen a los visitantes de la ciudad, sin contar que —por supuesto— los vendedores de este tipo de vestimenta no emiten factura.
El aseo es otra cuenta pendiente en estos negocios improvisados. Muchos no lavan, desinfectan ni menos planchan las prendas usadas exponiéndolas tal como las recibieron del exterior del país. Simplemente proceden a abrir los “fardos” (algo que suele ser anunciado con cartulinas pegadas en las paredes blancas de Sucre). Esto, claro está, constituye un riesgo para la salud pública, por los microorganismos tóxicos que podría contener esta ropa.

Impactos
Según el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), la importación de ropa usada provoca tres impactos sobre la actividad económica en general y la industrial textil en particular. El primero está relacionado con el impacto sobre la industria de la confección y los menores niveles de producción de prendas de vestir para el mercado interno.

El segundo tiene que ver con los ajustes que deben hacer los empresarios en su estructura de costos para atenuar el efecto de la reducción de la producción a través de la variable más sensible, en este caso la mano de obra directa que interviene en el proceso de la producción. Finalmente, el tercer efecto señalado por el IBCE es el de la reducción de la oferta con la caída en los niveles de consumo de confecciones fabricadas por productos nacionales y el consecuente impacto fiscal en la disminución progresiva de las recaudaciones por concepto de renta interna.

De Estados Unidos
De acuerdo con el estudio “Impacto de la importación de ropa usada en Bolivia”, elaborado por el IBCE en 2005, gran parte de la mercadería que se comercializa en Latinoamérica proviene de los Estados Unidos, donde grandes almacenes reciben donaciones de ropa a nivel mundial y los comercializan por unidad y a precios económicos; el dinero que se recauda es donado a instituciones caritativas.

Esta realidad se mantiene hasta el día de hoy. Las prendas que ofrecen los ropavejeros provienen en fardos de Norteamérica y el público consumidor es cada vez más amplio: no hay sector de la sociedad que no se vea tentado a comprar estos productos, sin miramientos de que antes hubieran sido usados por otras personas.

En 2005, las prendas usadas que ingresaban legalmente al país no llegaban ni al 7%, es decir que el 93% restante era ilegal. Como hasta ahora, la mayoría se introducía mediante el contrabando por la zona franca de Iquique, Chile, y por la extensa frontera boliviana, donde existen rutas clandestinas.

Según el estudio del IBCE, para aquel año se constató que el contrabando de la mercadería usada no tenía ningún control por parte de las autoridades aduaneras, en los lugares fronterizos y menos aún de las autoridades impositivas en los centros urbanos, donde se establecían lugares de venta y ferias. En la actualidad, la la Aduana Nacional de Bolivia asegura que hace un riguroso control en la zonas fronterizas.

Por otra parte, el IBCE hizo notar también que la insuficiente capacidad de infraestructura, logística y personal de la Aduana y el escaso interés de la renta interna de intervenir los mercados, por considerar marginal esta recaudación tributaria, permitió que el mercado se desarrolle hasta el punto de distorsionar severamente las actividades de la industria y el comercio.

“En el mercado de ropa usada en Bolivia prácticamente no existen barreras de entrada y salida y el sistema de precios ha sido totalmente distorsionado debido a que el valor de la mercadería usada es ínfimo en comparación con similares de producción nacional”, se asevera en el referido estudio.

El resultado es sorprendente: La oferta responde a una demanda creciente, donde los precios, contradictoriamente con la teoría, no son el mecanismo de ajuste del mercado y donde la demanda sí considera calidad, aunque desecha aspectos de sanidad, fumigación e higiene de los productos cuya procedencia se desconoce.

Falta de trabajo
El 25 de agosto de 2015, el presidente de la Comisión Nacional de Prendería a Medio Uso, Martirian Viza Villca, demandó al Gobierno un millón de fuentes de trabajo para que sus asociados y familiares pudieran dejar el negocio de la venta de ropa usada. En aquel entonces arguyó que por falta de empleos los vendedores de ropa usada habían aumentado a 100 mil en los últimos años, y que por eso no cumplieron con la reconversión productiva.

Hace ocho años eran 250 mil; en 2015, 350 mil, y el número sigue creciendo, bajo el justificativo de la falta de fuentes de trabajo.

Aduana Nacional
La Aduana Nacional de Bolivia (ANB) tiene tuición para vigilar las fronteras mediante el Control Operativo Aduanero (COA). Su objetivo es evitar la internación de prendería usada al país. Sin embargo, a pesar de esto y de la intervención de las Fuerzas Armadas en diferentes puestos fijos, los comerciantes se arriesgan a trasladar los fardos de ropa en camiones, flotas, vehículos particulares y en lo que pueden.

Cuando se intervienen esos vehículos, son decomisados y pasibles a pagar una multa del 50 por ciento del valor total del producto que transportan. Pese a todo, el negocio es tan grande que la actividad continúa.

La mercancía decomisada se guarda en los depósitos de la Aduana y luego se destruye en los botaderos de cada departamento.

Por ejemplo, el 26 de agosto de 2015 la ANB destruyó 1.666 toneladas de ropa usada incautada entre enero y julio de ese año; el 85% (1.420 tn) correspondía a Oruro. La presidenta de la ANB, Marlene Ardaya, dijo entonces que en términos de valor CIF (valor de las mercancías en el país de origen, el flete y seguro hasta el punto de destino), la cantidad destruida equivalía a Bs 8,3 millones.

Los datos oficiales lo confirman: Oruro es el departamento donde se producen más decomisos de ropa usada con Bs 3,3 millones, seguido de Cochabamba con Bs 935.381.

El 13 de abril de este año, la ANB firmó un convenio con la Federación de Trabajadores Fabriles de La Paz, mediante el cual se adjudicó a este sector ropa usada sin costo alguno para que sea empleada en la confección de prendas polar.

Según Ardaya, “el objetivo del convenio es que de alguna manera puedan oxigenarse algunas empresas que sí tienen la posibilidad de transformar esa ropa usada en productos polares o de otro tipo en el mercado nacional”. Resaltó la importancia del convenio por la lucha contra el contrabando, así como la protección de la producción nacional que fabrica prendas nuevas.

El fardo de ropa usada de…

Teresa Chumacero se dedica a la venta de ropa usada hace 12 años. Al quedar viuda y con cuatro hijos pequeños, encontró en esta actividad una forma de mantener a la familia.

Ella explicó a CAPITALES que las prendas usadas se clasifican como de primera, segunda y tercera. Un fardo de primera cuesta entre 1.000 y 1.400 bolivianos, dependiendo de la procedencia y la calidad del producto, en tanto que uno de tercera puede llegar a costar entre 400 y 500 bolivianos.

Un fardo de chamarras puede tener unas 70 unidades, uno de sacos unas 140, uno de pantalones unas 100 piezas, uno de niños hasta 500, uno de poleras hasta 150. Pesa hasta 60 kilogramos.

2.000 bolivianos en un día dicen que llega a vender, en el mejor de los casos, una persona que se dedica al comercio de ropa usada.

DATOS DE LA ADUANA NACIONAL
* Mediante el DS 28761, de junio de 2006, el Gobierno prohibió la importación de prendería usada a partir del 21 de abril de 2007.
* También prohibió la comercialización en el territorio nacional desde el 1 de marzo de 2008.
* Este plazo fue ampliado hasta el 1 de abril de 2009 con el DS 29521.
* De enero de 2010 a abril de 2014, la Aduana Nacional de Bolivia decomisó 62.276 fardos de ropa usada.
* Oruro encabeza la lista con el 58.81% de esa cantidad; le siguen La Paz (19.08%), Cochabamba (14.31%), Santa Cruz (4.34%), Potosí (1.90%) y Tarija (1.53%).
* Chile nacionaliza la mercancía usada en frontera y, según especialistas en el tema, “no le interesa” que estos productos estén prohibidos en naciones vecinas.
* En 2009, para evitar la comercialización de ropa usada, el Gobierno planteó un Programa de Reconversión Productiva para incorporar a los vendedores al menudeo a rubros industriales.
* El 26 de mayo de 2014, la Confederación Nacional de Micro y Pequeños Empresarios aseguró que el contrabando de ropa usada que ingresa al país genera una pérdida de unos $us 160 millones al sector textil.