El problema de la importación de ropa usada no es propio de nuestro país, sino un fenómeno global. Existe una alta atracción del consumidor occidental por acceder a ropa desechada y de bajo costo, y a esto se debe añadir el incremento en la producción de mercadería de bajo costo producida por la industria china, lo que genera una gran rotación de cambio de vestuario de los consumidores.

Sin embargo, esto no solo alcanza a este tipo de bienes sino que, además, están otros como los juguetes, utensilios de cocina, carteras, etc., que afectan a los productores locales en distintos rubros de la industria.

En Bolivia, vía los puertos de Chile ingresan más de 5.000 toneladas de ropa usada cada año proveniente de Estados Unidos, generando un movimiento económico superior a $us 40.000 millones anuales.

Este fenómeno tiene dos brechas que deben ser analizadas de manera conjunta. Por un lado está la economía formal de productores textiles, que busca medios de subsistencia ante una oleada —aparentemente imparable— de contrabando con menores costos de oportunidad, dado que su inversión en maquinaria y equipo los lleva a mayores niveles de riesgo.

Por otro lado está la falta de empleo y oportunidades que brinda la economía a estos comerciantes de ropa usada. Si dejan la actividad comercial en base al contrabando, ¿cuál sería la actividad productiva o laboral a la que se dedicarían?

Estos dos factores nos muestran la necesidad de establecer políticas públicas más eficientes y racionales. El Gobierno, al promulgar la norma que prohíbe la importación de bienes usados, propuso la reconversión de comerciantes de ropa a productores de ropa; esta posibilidad cae por su propio peso, ya que una industria con apoyo estatal, como es ENATEX, acaba de entrar en quiebra, aunque las autoridades no deseen mencionar el término “quiebra”.

Más aún, hasta la fecha no existe un plan que viabilice este proceso, lo que es cómodo para los actuales comerciantes de ropa usada puesto que, sin plan, no hay posibilidad de que dejen la actividad.

En Sucre, se estima que alrededor de 1.200 familias están agremiadas en sindicatos, sin contar aquellos que no lo están. Esto significaría un número similar de desempleo en caso de dejar su actual labor comercial.

El efecto para las empresas legalmente constituidas que invierten su capital es evidente, según la Cámara de Industria y Comercio de Chuquisaca (CAINCO). Muchas micro y pequeñas empresas han cerrado el año pasado fruto de la competencia desleal y el contrabando. En este campo tampoco existe una política de incentivos clara y de alivio a los problemas; al contrario, las políticas impositivas y salariales no apoyan a la subsistencia de las empresas que cumple la ley.