El jefe de Transparencia de la Agencia Estatal de Vivienda, Orlando Barreta, advirtió ayer que se sancionará a las personas que hicieron mal uso de las viviendas sociales entregadas por el Gobierno, en el marco de la ley que también permitirá revertir el derecho propietario sobre esas viviendas.

Según Barreta, en la última década el Gobierno entregó unas 86.000 viviendas sociales en el país, pero 4.000 presentaron irregularidades porque beneficiaron a personas que ya tenían casas, las alquilaron o las vendieron, lo que evitó que cumplan una función social.

“Hay una sanción que tiene que operar toda vez que han usufructuado un bien, es como indicar que la Renta Dignidad pueda cobrar una persona que tenga 30 años, eso es un delito”.

Barreta manifestó que se presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para revertir las viviendas que no cumplen una función social. La Paz,