“Se continúa apostando al empleo precario y de baja productividad”

Esta es la segunda parte de la entrevista que le hicimos a Gustavo Luna, director regional La Paz en la empresa Rodríguez & Baudoin Comunicación Estratégica, con amplia experiencia en la gestión estratégica de la comunicación institucional y corporativa. Él formó parte de directorios en redes nacionales e internacionales de organizaciones no gubernamentales ligadas a desarrollo social y derechos humanos; por ejemplo, trabajó durante varios años en el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA).

CAPITALES (C). En tantos años de trabajo relacionado con el levantamiento de datos estadísticos, ¿los gobiernos —independientemente de su orientación— realmente consideran esta información o la del investigador social es una tarea más frustrante que satisfactoria en términos de productividad?

Gustavo Luna (GL). En general, la generación de información estadística, sea esta primaria o secundaria, y la producción de análisis sobre el desarrollo y la situación de la economía y la sociedad de un país suelen ser labores más que necesarias. Normalmente, la gestión pública debiera basarse en ella, aunque en muchas ocasiones su ausencia es muy visible, ya que los resultados de la aplicación de sus políticas no se ven claramente o no existen; es más, en varias ocasiones la decisión de su implementación no responde a un diagnóstico, sino más bien a demandas cuya base es clientelar. Tampoco considero que la política sea de base tecnocrática exclusivamente, no obstante, que el clientelismo sea la regla más que la excepción para la gestión pública, sería preocupante.

Hay ámbitos sensibles para los gobiernos, como el empleo, el crecimiento del producto, las cuentas públicas (los presupuestos) o el índice de precios al consumidor. Es sobre estos ámbitos que suele existir susceptibilidad cuando se difunden datos sobre su situación, y hasta se pone en entredicho la producción misma de información oficial al respecto. Por ejemplo, en la última fase del gobierno de Cristina Fernández, el INDEC de la Argentina dejó de generar información sobre inflación o empleo, lo que dejó a la gestión pública de ese país a oscuras, mientras que las consultoras privadas comenzaron a ser la fuente principal. Bolivia, lejos de ser el lugar ideal de producción de información oficial sobre el estado del desarrollo del país, no ha llegado a ese extremo y esperemos no llegar nunca.

C. Hasta no hace mucho era imposible pensar en el desarrollo sin el apoyo de la cooperación internacional. Pero esto parece haber cambiado, entre otros factores, con la salida de algunas ONGs. ¿Es correcto pensar en que la disminución de la pobreza implica que no es necesaria la ayuda extranjera?

GL. Es verdad que en Bolivia cambió sensiblemente la relación con la cooperación internacional, de la mano de ser más soberano en la fuente de sus ingresos. Los altos precios de las materias primas y un contexto internacional favorable empujaron a que el país reduzca su dependencia de estos recursos, ya que, en poco más de una década, casi se cuadriplicó el monto de su PIB, lo que ha sido acompañado por un mejor desempeño de algunos de sus indicadores sociales, como al nivel de pobreza.

Hay otra explicación adicional al retiro paulatino de la cooperación de la región y es que la ayuda oficial al desarrollo, sobre todo la bilateral, ha disminuido paulatinamente desde la primera década de este siglo y la crisis internacional de 2008 fue el tiro de gracia para muchos países que traían recursos de cooperación a la región (el caso de España es el más ilustrativo). Ello ha implicado que los recursos oficiales de cooperación bilateral se hayan destinado a las entidades multilaterales (Banco Mundial, BID) o se hayan focalizado hacia África, Medio Oriente y Asia. Es decir, hay menos recursos de cooperación oficial y muchos recursos destinados al desarrollo se han “privatizado”, pertenecen a fundaciones privadas que los utilizan como parte de sus programas de responsabilidad social (Bill Gates, Kellogs, etc.). Ese cambio en el mercado de la cooperación parece irreversible, al menos en el corto plazo.

Ser un país de renta media, es decir, con un PIB per cápita superior a los 1.000 dólares anuales, se ha convertido en un indicador que los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) han puesto para que las organizaciones de la cooperación destinen recursos de cooperación hacia países más vulnerables en términos de ingresos y pobreza.

Eso implica que países como Bolivia, que ya son de renta media, tienen que buscar recursos más caros, no concesionales y menos condicionados para invertir en proyectos de desarrollo. Lo bueno de esta nueva situación es que un país no está condicionado y vigilado por las entidades como el Club de París o el FMI; lo malo es que un país como Bolivia, con alta sensibilidad ante los cambios de la economía internacional y a los flujos de inversión, adquiere deuda más cara y a plazos más cortos, lo que profundiza su vulnerabilidad. A ello se agrega que los nuevos actores que brindan empréstitos, como China, tienen otra condicionalidad, siempre ligada a sus intereses en los recursos naturales como la minería o el gas.

C. Con tu experiencia en el estudio del empleo y el desempleo, ¿cuál es el mayor problema del boliviano en relación con su fuente de ingresos?

GL. Creo que en Bolivia no se ha modificado sustancialmente una mirada conservadora de los ingresos en las familias. En general, la variable de ajuste han sido los salarios, pese a que se hayan dado incrementos en el salario mínimo en la última década. No se han modificado las tendencias en la demanda del empleo y lo poco que se modificó, de la mano de la bonanza económica, se está revirtiendo. Por ejemplo, de acuerdo al último informe del CEDLA, hay un retroceso en el empleo asalariado de forma general, siendo el sector empresarial el que más ha retrocedido en el empleo asalariado; la demanda de empleo calificado también ha caído, en un país en el que la demanda de empleo poco calificado y de baja productividad ha sido una tradición. Todo ello tiene una repercusión en los ingresos de las familias.

C. ¿Con los gobiernos de Evo Morales ha habido avances en cuanto a la formalización de la economía informal?

Las cifras muestran un incremento de la informalidad en el empleo: siempre con las cifras del CEDLA, en 2014, la informalidad creció alcanzando a casi un 60% de los ocupados, mucho más que el 2013, que reportó el 53.2%, mientras que el empleo formal se redujo a un 37.6%. Obviamente, esto implica una mayor incertidumbre para las personas que presionan la oferta en el mercado de trabajo, pues no es posible tener una fuente estable de ingresos.

C. ¿Cuáles son las consecuencias?

GL. Ello tiene una consecuencia importante en la calidad del empleo, pues se trata en su mayoría de empleo desprotegido, inestable, con ingresos que no permiten ni siquiera reponer el desgaste a través de una canasta alimentaria y sin acceso a la seguridad social de largo y corto plazo. Solo como indicador, el CEDLA señala que en 2014, en el trabajo no asalariado la precariedad extrema alcanzó un 67.2% del empleo.

C. Hace un par de meses, una publicación de América Economía dio cuenta de que, en Bolivia, el 80% de las empresas eran unipersonales y que, por lo tanto, generaban muy poco empleo. Aumenta el número de unidades empresariales, pero la gran mayoría está constituidas por una sola persona. ¿Por qué se da este tipo de fenómenos?

GL. Eso se debe fundamentalmente a que la demanda de empleo no es generada por sectores productivos que sean intensivos en mano de obra. La industria permanece estancada en su crecimiento, lo que deja al comercio, al transporte y determinados servicios como los que más demandan empleo urbano. Al no haberse modificado la matriz productiva de la economía boliviana, se continúa apostando al empleo precario y de baja productividad como política concreta.

C. Desde hace mucho tiempo que se vino señalando la baja calidad del empleo en Bolivia. ¿Hay una fórmula para revertir esta situación crítica a la que parece que nos hemos acostumbrado e inclusive resignado?

GL. No veo muchas soluciones, sin ser un experto en empleo. Bolivia tiene niveles de precariedad laboral muy pronunciados. Hemos intentado explicar la raíz de este problema por una cancina economía que no ha transformado su matriz productiva ni se ha modernizado a través de políticas que incentiven estos procesos. El atraso de unos sectores, sumado a políticas que incentivan la informalidad y por tanto la flexibilidad laboral, no permite transformar la calidad del empleo.

Esta tendencia hacia una mayor precariedad y flexibilidad en la utilización de la mano de obra parece ser un signo de época también, incluso países que tenían legislaciones protectoras de sus trabajadores, como Francia, están comenzando a revisar estos marcos regulatorios, sobre todo en lo referido a la seguridad social de largo plazo. A ello se suma la presión que ejercen los países asiáticos, en los que hablar de sindicatos o derechos laborales es casi una utopía.

En la gran colocación del gasto, yo estoy muy crítico respecto a lo que ha hecho el Gobierno en estos diez años.