Centralismo, autonomías y Pacto Fiscal

Sistemas económicos con tinte comunista tienden a decidir centralmente sobre aspectos de la generación y la distribución, ojalá equitativa, de la riqueza de un país. Desde el año 2006, en mayor o menor grado, vivimos con ese tipo de característica. Por otro lado, debido a la presión de las regiones por entidades políticas y principalmente cívicas, la anterior década se puso en la agenda nacional el tema de las autonomías departamentales, con el objetivo de avanzar en la descentralización de la administración pública. La población en su mayoría se pronunció a favor de las autonomías, paradigma de desarrollo que ya no pudo ser frenado.

La orientación centralista de la actividad económica del país, con diferentes matices de tolerancia, ha convivido con la toma de decisiones desde las diferentes regiones. En mi criterio, esto ha elevado el tono político en la asignación de recursos estatales según la simpatía o el volumen de población votante, priorizando lo político y no lo económico; es necesario reorientar esa situación.

En julio de 2010 la Ley Marco de Autonomías y Descentralización plantea la necesidad de definir un acuerdo social en el que las acciones de las entidades del Estado se realicen según sus competencias y con miras al desarrollo del país y, por ejemplo, no ocurran las contradicciones entre entidades públicas que surgieron en la presente semana por un proyecto de ley desde la instancia del Gobierno central disponiendo recursos municipales para un determinado bono. A pesar de lo anterior se vienen dando algunos avances para lograr el Pacto Fiscal, que, sin pretender definirlo, de manera general se refiere a un acuerdo entre entidades políticas del nivel central, departamental, municipal y la participación de la sociedad sobre la generación, la utilización social y productiva y la distribución equitativa de los recursos, buscando objetivos de desarrollo integral y sustentable del país.

Uno de los aspectos que con mayor profundidad se tratará, aunque haya voces en contra, es el referido a la distribución de los recursos del país. Es el tema en el que mayores criterios contradictorios existirán debido a que cada actor social, económico o político tratará de llevar, según sus propios intereses, la mayor cantidad de recursos, y porque las diferencias y desigualdades económicas entre regiones y entre familias son muy significativas. Chuquisaca debe ir preparada para defender con propiedad nuestros intereses, principalmente en el tema señalado, ya que en la década pasada la inversión desde el nivel central ha estado dirigido principalmente al eje central de la economía, como con regímenes anteriores.

Uno de los indicadores relativamente simples que pueden mostrar esas desigualdades económicas entre regiones y familias es el PIB per cápita por departamentos. Según datos de la Fundación Jubileo, el 2003 Chuquisaca ocupaba el octavo lugar entre los departamentos del país. Para el 2013, si bien aumenta el PIB per cápita regional, seguimos entre los tres departamentos con menor ingreso per cápita y algunos triplican en valor a Chuquisaca y a otras regiones.

Dado el hecho de que antes del Pacto Fiscal habrá un debate de cómo los bolivianos vemos el desarrollo del país, creo importante manejar la visión de un desarrollo sustentable, humano y equilibrado entre las diferentes regiones y municipios del país, y uno de los roles que debe tener el Gobierno es el de velar para que las regiones y las familias que viven en éstas tengan las mismas oportunidades de desarrollo, priorizando la inversión de base productiva en aquellas que con menos oportunidades.

En este tema —sin descuidar aspectos del desarrollo intrarregional, las autonomías regionales como Chuquisaca por ejemplo— tendrán que velar para que a través del Pacto Fiscal no suceda como con el cuantioso préstamo de China, que nada llega a la región y todas deben cumplir con ese empréstito internacional.