El gasto público y el bienestar social

LLa existencia del Estado, como lo conocenos hoy en día, se fundamenta en el hecho de generar el mayor bienestar posible para la sociedad, para lo cual todos los miembros de la sociedad aportamos a través de nuestros impuestos. Los impuestos varían según nuestra forma de organización pero todos, sin excepción, los pagamos: ya sea por retenciones en nuestros salarios, el IVA en nuestro consumo o como aportes en trabajo comunitario, siendo este el caso de las comunidades campesinas cuando realizan reparaciones a caminos vecinales, por ejemplo.

En este sentido, la pregunta central sigue siendo: ¿cómo debemos distribuir como sociedad los recursos colectados por el Estado para generar el mayor bienestar posible? Esta pregunta tiene muchas posibles respuestas, por lo tanto escoger la más adecuada genera debates encarnizados, según la perspectiva de los gobiernos en turno a cargo del gasto público. En última instancia, la elección de nuestros gobernantes se basa en las propuestas de gasto público que brindan a los electores en cada contienda política y el destino de los recursos recaudados de nuestros impuestos.

Por suerte las leyes y reglamentos de la administración pública dan luces a nuestros gobernantes de cuáles son sus atribuciones y responsabilidades para, a partir de ellas, generar proyecciones de gasto. ¿Entonces en qué sectores debemos invertir los escasos recursos del Estado? El Estado debe proveer educación, salud, infraestructura, agua potable, alumbrado público, recojo de basura, seguridad pública, complejos deportivos, entre otras muchas necesidades. Pero lamentablemente no hay recursos suficientes para cubrir todas las necesidades públicas: hay que priorizar.

La administración pública ha generado una serie de indicadores que priorizan el gasto público evaluando el gasto en función a los beneficios que proveen a la sociedad; pero sin descuidar el costo de la obra, es decir, generando un ranking de actividades en función a un índice mensurable llamado “Análisis de Costo-Beneficio”. En este análisis se pondera cuánto ganamos como sociedad en una obra determinada y cuánto gastamos para realizarla. Esto trae ciertas paradojas adicionales. Hay obras que a simple vista no generan beneficios o cuyos costos son extremadamente elevados y por lo tanto se recomienda no realizarlas. Aquí el análisis interdisciplinario es vital, ya que puede haber varias apreciaciones de este dilema.

La apreciación más obvia: la obra en verdad es extremadamente cara y no vale la pena ser realizada, por lo cual se recomienda ver alternativas al problema. Otra opción, los beneficios de la obra están mal contabilizados por una miopía en el análisis, es decir, quizás los beneficios de la obra sean más amplios que los cuantificados en el análisis, o la obra tenga efectos a futuro más allá de la visión de corto plazo usada para la evaluación, en cuyo caso se recomienda analizar en una visión más sistémica los procesos de evaluación usados.

En última instancia la obra realmente es estratégica para el Estado, el gobierno de turno y la sociedad, a pesar de los resultados del análisis, en cuyo caso la obra debe realizarse a pesar de la metodología de evaluación. Este último caso es muy difícil de encontrar y los encargados del gasto público rara vez se encontrarán obras que les permitan usar este argumento.

Con estos indicios, cada vez que veamos el debate sobre el gasto público —que no es más que la discusión de cómo gastar nuestros aportes como sociedad al Estado— debemos preguntarnos qué metodología de análisis del gasto se está usando y si las obras a realizar de verdad aportan a nuestro bienestar, o solo son espejos para atraer votos en elecciones futuras.