Política salarial sin política laboral es precarización del empleo

Como todos los años, en esta época, discutimos sobre el incremento salarial, con el ya conocido resultado: 5.5% de incremento al salario básico y 3% al mínimo. Esto fue resultado de una dinámica del ajuste salarial que se vino repitiendo de manera perversa: la COB pide un incremento salarial a todas luces excesivo (este año pedían 10 y 15% de incremento al básico y mínimo, respectivamente), mientras que los empleadores, tanto del sector formal como del informal, reclaman criterios de sostenibilidad (como la inclusión de la productividad dentro de los factores que se toman en cuenta para la determinación de este incremento), en tanto que el Gobierno dejó en claro que no negociaría con los empresarios y asumió una posición de escucha hacia los trabajadores.

Sin embargo, lo que sucedió al final es una determinación política, tomada por el Gobierno en función de sus propios intereses y equilibrios (no olvidemos que es uno de los principales empleadores de la COB). En este punto hay que hacer notar que este esquema de determinación único y vertical ha ido en contra de cualquier precepto de diálogo social, dificultando la resolución de problemas de empleadores y empleados, pero también afectando la equidad social, la eficiencia económica y la participación democrática.

Para entender el por qué de esta afirmación es necesario señalar que aunque el desempleo es relativamente bajo en Bolivia (en torno al 4%, mientras que el promedio de América Latina es el doble), no es el mejor indicador para medir la salud del mercado laboral. La precariedad del empleo, relacionada fuertemente a la informalidad (que según datos de la Cámara Nacional de Comercio está cerca del 80%) y la oferta de empleo digno que se observa en la economía son dos variables importantes. De hecho, si hay poca oferta de empleos de calidad, muchas veces los aspirantes a entrar en el mercado laboral pueden dejar de buscar empleo, o como alternativa se refugian en empleos precarios, por lo que dejan de ser desempleados. La consecuencia es obvia: bajo desempleo, pero con una problemática laboral creciente.

En otras palabras, el incremento del empleo de baja calificación ha sido mucho mayor que el que se ha observado en relación al empleo calificado. Esto está impulsado sobre todo por mejoras considerables en las remuneraciones de los empleos que no requieren calificación, pero que pocas veces vinculadas a la productividad de los mismos. Mientras tanto, las remuneraciones para los empleos que requieren grados de formación mayores crecen menos, llegando incluso a reducirse respecto de gestiones anteriores (aquí otro dato de la CNC: las remuneraciones reales para los profesionales, entre 2006 y 2017, han caído en promedio un 20%).

Este panorama deriva directamente de reducir la discusión laboral al incremento salarial y, peor aún, buscar determinarlo de manera maximalista, vertical e inversamente proporcional, ya que como hemos visto en los últimos días, existe suficiente evidencia empírica para demostrar que esto solo profundiza los problemas que hemos mencionado no solo para esta generación de trabajadores, sino para las que vienen, que se ven desincentivadas a la hora de buscar mejor formación, obligadas a la migración como mecanismo de subsistencia y a insertarse en el mundo laboral en condiciones más precarias.

Por todo esto, es evidente que hace falta una política laboral integral, que no solo se ocupe de los salarios, sino que también tome en cuenta la urgencia de la creación de nuevos empleos de calidad; un adecuado esquema de remuneraciones, que premie la productividad, la formación y el esfuerzo individual, pero además que considere las realidades sectoriales y regionales; junto con un aparato de seguridad social que permita a aquellos trabajadores menos calificados el acceso a beneficios sociales, salud y educación que les permitan compensar las diferencias con aquellos trabajadores mejor remunerados.