Ocho de las 10 provincias tienen crecimiento poblacional negativo

En Bolivia, el 75% de la población vive en el área urbana y el 25% en el área rural, con la proyección de que en el año 2032 las ciudades concentren al 90% de la población nacional.

De los 330 gobiernos locales en el país, 236 municipios tienen una población menor a 20.000 que están sometidos a presión migratoria.

Ocho de las diez provincias chuquisaqueñas tienen un crecimiento poblacional negativo, es decir, registran una pérdida de habitantes de manera tendencial. Se trata de Yamparáez, Nor Cinti, Sur Cinti, Azurduy, Tomina, Hernando Siles, Belisario Boeto y Luis Calvo.

Mientras la media de crecimiento intercensal (2001 – 2012) a nivel nacional es de 1.57, el crecimiento de Chuquisaca es de 0.69, menos de la mitad del crecimiento nacional.

En el caso de Chuquisaca, las únicas provincias que salen de la tendencia negativa son Oropeza, por el crecimiento de Sucre (1.54), y Zudáñez, por su población central del mismo nombre (3.33) y por Presto (2.24), hace notar a CAPITALES el director de Innovación del Centro Para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible (CEPAD), Carlos Hugo Molina, destacado municipalista, investigador y ensayista.

¿Incahuasi? Un problema mayor

“Por eso, lo que está ocurriendo en torno al pozo Incahuasi es de una proyección mayor al espacio físico y a la distribución de regalías. Es un cuestionamiento a la médula del problema: migración, abandono de áreas rurales, desarrollo, fortalecimiento de ciudades intermedias, seguridad alimentaria, gestión del territorio, federalismo. Ahí está el punto de inflexión”, sostiene Molina refiriéndose al campo gasífero por el que se desató un conflicto entre Chuquisaca, Santa Cruz y el Gobierno.

Frente a estos datos, el que fuera prefecto de Santa Cruz conocido, además, por su labor intelectual y por impulsar la Ley de Participación Popular (1994), pregunta: ¿Qué está haciendo el Gobierno de Chuquisaca para enfrentar el duro proceso migratorio que está sufriendo?

Migración campo-ciudad

En este momento en Bolivia el 75% de la población vive en el área urbana y el 25% en el área rural, con la proyección de que en 2032, es decir dentro de dos censos, las ciudades concentren al 90% de la población.

Sin embargo, una reciente afirmación del vicepresidente Álvaro García Linera contradice la tendencia migratoria campo-ciudad, observa el municipalista.

García Linera dijo: “Mientras que en el resto de los países la población rural disminuye, en Bolivia comenzó a suceder un proceso diferente: la población rural se ha incrementado”. Según Molina, es preocupante pensar en que se aprueben políticas públicas sobre la base de esas afirmaciones. “Sería muy interesante conocer de su voz qué fuente utiliza, porque la palabra de las autoridades causan Estado en función a su investidura”, desafía el estudioso.

Luego, pone otro ejemplo. El departamento de Santa Cruz tiene una tasa de crecimiento de 2.11, y existen municipios como La Guardia y Warnes que están en alrededor de 5. Según las proyecciones, hasta el año 2032 el departamento de Santa Cruz llegará a reunir al 48% de los 15 millones de habitantes que tendrá el país.

En contrapartida, municipios como Yotala y Poroma decrecen 0.09 y 0.2, respectivamente.

La realidad en América Latina

El promedio de la población en América Latina viviendo en área urbana es del 80%. En Bolivia, de 330 municipios, 236 tienen una población menor a 20.000 habitantes. El 75% de la población total del país vive en el área urbana y el 25% restante en el área rural.

Molina sostiene que la gente del campo está sometida a presión migratoria por ausencia de servicios públicos integrales en el territorio y por falta de opciones de desarrollo productivo sostenible.

“Esos datos son reales. Vivir en ciudades es un reto que debemos comprender como parte de una tendencia mundial. La población rural, por un acto de inteligencia y sobrevivencia, vive con un pie en el campo y otro en la ciudad, y eso hace que la realidad boliviana sea tan particular”, expresa a continuación.

Factores de expulsión

¿Por qué las personas abandonan su lugar de origen en las zonas rurales? Es imprescindible estudiar las causas y analizar si se está haciendo algo para modificarlas, recomienda Molina.

“El mundo ya pasó estas etapas, y resulta tan válido cuestionar la división rígida campo-ciudad como negar un fenómeno de la realidad que se expresa en conglomerados humanos que se llaman ciudades. Asumo la incomodidad en un Estado-sociedad que ha ignorado la realidad rural, como ahora pretende ignorar la realidad urbana”, cuestiona el investigador.

Según Molina, los factores de expulsión de población tienen que ver con las actividades económicas de ingresos bajos. Parte del trabajo familiar no se monetiza; infraestructura deficiente (servicios básicos) y poca densidad poblacional que encarece los servicios sociales (salud, educación y otros).

En su criterio, ocurre un cambio radical con las nuevas generaciones que se quedan a vivir en las ciudades y que, aparejado a eso, enfrentan una realidad totalmente distinta del lugar del que provienen.

“Es una conducta mundial que debemos enfrentar más allá de la voluntad del discurso. Así podremos entender que no existe confrontación campo-ciudad, sino espacios complementarios que deben ser ocupados plenamente. Sin el campo, no hay comida, cultura, producción, desarrollo, integración y otros”, enfatiza Molina a CAPITALES.

Por ejemplo, “La ciudad y área metropolitana de México tiene una población de 27.872.850 habitantes viviendo en un solo espacio físico. En Bolivia, según el INE, la población al 30 de junio de 2018 será de 11.307.314, esparcida en 1.099.000 kilómetros cuadrados”, señala.

Dos soluciones

A decir de Molina, a esta altura del conocimiento ya es sabido que para no acelerar la migración se necesita concentrar servicios públicos de calidad en ciudades intermedias y buscar opciones de desarrollo económico y simbólico que fije a la gente en el territorio.

Sin embargo, según el especialista, la experiencia demuestra que los gobiernos centrales no están en condiciones de ofrecer respuestas a esas demandas.

No obstante, aclara que los gobiernos centrales no pueden ni deben ofrecer soluciones solos, sino más bien facilitar y alentar la iniciativa y la creatividad de los habitantes de los territorios para que ellos lo hagan junto con sus autoridades locales.

Por esas razones, de los 330 gobiernos locales que tiene Bolivia, remarca el dato de que hay 236 municipios con una población menor a 20.000 que están sometidos a presión migratoria.

“El Gobierno central cree en su infinita inocencia que puede resolver los problemas y necesidades de la gente que vive en los territorios construyendo obras dispersas definidas desde el centralismo. Cree que puede liberar la creatividad, la producción y generar excedente económico y simbólico limitando a los departamentos en la toma de sus decisiones”, comenta después.

El CEPAD

El investigador Carlos Hugo Molina dirige el CEPAD, una institución sin fines de lucro que brinda asistencia y asesoramiento a los actores públicos, privados y de la sociedad civil en general.

Esa entidad tiene como misión promover el desarrollo económico, humano y sostenible, fortaleciendo la capacidad de gestión de los procesos de descentralización local y participación social.