El vaivén de la participación del Estado en la economía nacional

“Ningún viento es favorable para quien no sabe por dónde va” (Seneca). Lamentablemente esta frase se amolda con lo ocurrido y lo que ocurre con el Estado boliviano: no se tiene claro el norte hacia dónde el Estado debe conducirse en varios aspectos como el ámbito social, legal, tecnológico y, principalmente, el económico, muy probablemente debido a cambios cíclicos en la visión de cómo se concibe al Estado.

El neocapitalismo de Estado, aplicado en Bolivia, tuvo su origen en la Guerra del Chaco con la creación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) el 21 de diciembre de 1936. Esta política económica tuvo como precepto una alta participación del Estado en la economía a través de empresas públicas, y se mantuvo por medio siglo, independientemente del tipo de ideología del Gobierno; ya sea este elegido democráticamente, sea militar por golpe de Estado, sea burgués o sea revolucionario, se entendía que el Gobierno tenía que participar activamente en la economía del país.

Sin embargo, se hicieron evidentes sus problemas: ineficiencia administrativa-operativa, personal supernumerario y alto nivel de corrupción al servicio del partido o de grupos de poder. El trágico desenlace de esta etapa se da en la hiperinflación del periodo 1982-1985.

Una segunda etapa comienza con los resultados de las elecciones nacionales de 1985, cuando los partidos de derecha obtienen un apoyo rotundo y se aplica una nueva política económica cuya punta de lanza fue el Decreto Supremo 21060, que buscó frenar la hiperinflación y estabilizar la maltrecha economía boliviana. Para tal efecto se tuvieron que tomar medidas de shock, con un costo social elevado, como el despido de más de 30.000 trabajadores mineros.

Por otra parte, el Estado se sustrajo a actividades específicas reducidas al ámbito social, defensa, y a impartir justicia, esto para evitar que la corrupción campee. Con un Estado ampuloso, la política económica de entonces dio pie al periodo de privatización y capitalización transfiriendo las empresas públicas en su totalidad o parcialmente a manos privadas. Así, la etapa neoliberal será aplicada por dos décadas y su debacle se dio por la pérdida de credibilidad de los partidos políticos y por la crisis económica que comenzó a finales de 1999 y que se prolongó hasta el 2004.

Una tercera etapa comienza con el ascenso al poder del presidente Morales. Sus políticas centrales son la nacionalización de las empresas capitalizadas (2006-2010) y la participación del Gobierno en la economía con la puesta en marcha de empresas estatales: 37 en funcionamiento, 5 quebraron y 16 aún en implementación. Empero, la nueva política económica también muestra problemas. El desempeño de las nuevas empresas públicas a abril de 2017 muestra que las pérdidas fueron de Bs 1.841 millones (ingresos Bs 13.911 millones y egresos Bs 15.911).

A ello se añaden las denuncias de corrupción: Los taladros chinos en YPFB, la desaparición de toneladas de arroz, los millonarios desfalcos en el Banco Unión, así como las indemnizaciones pendientes a siete empresas que están en litigo, parecen demostrar el criterio de que para eliminar la corrupción y poder tener un control óptimo se necesita un Estado reducido.

La pregunta que surge entonces es: ¿Por qué no se puede alcanzar una eficiencia en la administración económica del país en ambos modelos? Probablemente el problema no se encuentre propiamente en el modelo económico sino en la construcción de la institucionalidad, que no es otra cosa que el respeto a la Constitución y sus normas conexas, además del cumplimiento disciplinado de los deberes de las autoridades, servidores públicos, empresarios y ciudadanía en general.

En conclusión, se espera que se pueda lograr un consenso nacional, en el cual se entienda que el Estado debe participar con empresas públicas pero solamente en sectores estratégicos de la economía.