“Uno de los desafíos es la inserción laboral de personas con discapacidad”

La inserción laboral de personas con discapacidad continúa siendo en el país, y también en el departamento, uno de los mayores desafíos de carácter social que tanto el sector público como privado deben resolver.

La aprobación de normas dirigidas a mejorar la situación de personas con deficiencias físicas o intelectuales destinadas a garantizar el ejercicio pleno de sus derechos constituye un avance importante en ese objetivo, pero los actores involucrados reconocen que aún hay un camino largo por recorrer.

Según la responsable de la Dirección de Atención a la Persona con Discapacidad Chuquisaca (DIDEPEDIS), Marylin Partes Amachuy, en Chuquisaca están registradas un total de 7.285 personas con discapacidad, de las cuales 2.752 tienen algún grado de preparación profesional o técnico para ejercer un trabajo. La mayor cantidad de profesionales se encuentra en el segmento de personas con discapacidad física (182), de las cuales también un número considerable (521) está en condiciones de realizar un trabajo.

El 26 de septiembre de 2017, el presidente Evo Morales promulgó la “Ley General de la Persona con Discapacidad”, cuyo artículo 2 contempla la inserción laboral obligatoria de este colectivo, estableciendo un porcentaje del 4% del personal para empresas e instituciones del sector público y un 2% para el sector privado.

CAPITALES (C). ¿Cuáles son las políticas públicas que se vienen implementando para lograr el objetivo de una inclusión social plena de las personas con algún tipo de discapacidad, a partir de estas normas?

Marylin Partes (MP). Lo que nosotros hicimos primero es hacer conocer, tanto a las instituciones públicas como a las empresas privadas, un listado de la población con discapacidad que está en condiciones de poder conseguir un empleo. Debemos recordar que, de acuerdo con la Ley 977, el Ministerio de Trabajo está a cargo del tema de la inserción laboral, mientras los municipios deben asumir el pago del bono a la discapacidad.

C. A nivel departamental, ¿cómo está trabajando DIDEPEDIS en promover el cumplimiento de estas nuevas reglas?

MP. Conseguimos un financiamiento interno del Gobierno departamental del orden de Bs 60.000 para el equipamiento de programas de capacitación en los municipios de Mojocoya, Zudáñez, Sopachuy, Yotala y Sucre. Por ejemplo, en el caso de Mojocoya logramos la adquisición de máquinas de costura para la capacitación de al menos 15 personas con discapacidad o tutores y maestros y maestras del sistema de educación especial. Estos programas incluyen costura básica, que luego será reconocido con un certificado avalado por el Ministerio de Educación.

Esta misma experiencia se repite en Zudáñez, aunque en este caso instalamos una panadería, lo mismo que en Yotala. En Sucre, tenemos un programa de panadería y de repostería. Capacitaremos a 25 personas incluidas a las asociaciones reconocidas, centros de educación especial en terapia ocupacional. Cada centro con discapacidad cuenta con una población por alrededor de 30 personas.

C. Probablemente, al tratarse de una normativa y políticas nuevas, el proceso no está libre de dificultades.

MP. La dificultad que encontramos es que muchos no tienen certificado de reconocimiento. Se hará una coordinación con la empresa privada para fomentar estas políticas. El sector privado no quiere que se obligue sino más bien que se fomente; ellos piden una compensación de fomento. También contamos con el programa PAE, que brinda la posibilidad a las personas que tienen una habilidad de capacitarse en una empresa, con un salario mínimo reconocido por el Estado sin cargo a la empresa; pero sí será una especie de internado.

C. Sin embargo, ¿encontraron ustedes sugerencias de sectores sobre una clasificación del personal que podría desempeñarse en algún trabajo de acuerdo a sus habilidades pero tomando en cuenta sus limitaciones?

MP. Sí, estuvimos conversando sobre el tema. Por ejemplo, en la banca se requiere una población con una discapacidad que no pase de grave; lo que ellos nos dicen es que sus capacidades se pueden trasladar para trabajos como mensajería, información, tema de tickets, etc., y que tengan entre 20 a 40 años, por los años que tiene por ley. Como DIDEPEDIS, les proporcionamos nuestra base y ellos verán cómo convocan a las personas.

C. En general, ¿cuál fue la respuesta del sector público y privado a esta norma?, ¿hay receptividad o desconfianza?

MP. En el tema público las cosas están más claras sobre el cumplimiento, eso no está en duda; tenemos la obligación de cumplir como Gobierno departamental, donde contamos con un 5.5% de personas con discapacidad o tutores que cumplen alguna función. En los municipios del interior es diferente; en Sucre ya comenzó el proceso. Sin embargo, hubo alguna disconformidad entre las personas con discapacidad por el caso de los tutores. Ellos piden que se otorgue prioridad a las personas con discapacidad, pero de acuerdo a normativa se está cumpliendo.

C. ¿Y en el sector privado?

MP. Hay empresas privadas que sí cuentan con alguna u otra persona, como por ejemplo la pastelería Penco Penquitos donde hemos tenido una muy buena recepción. Tenemos una persona con discapacidad auditiva que cumple funciones de forma eficiente: no se distrae en el trabajo y se convirtió en el trabajador estrella de la empresa, una persona que es ejemplo en sus funciones. Su disfunción auditiva le permite concentrarse mejor y aprovecha mejor su tiempo laboral. Tenemos otros casos de discapacidad visual; una empresa funeraria contrató a una persona para hacer los rezos, eran contratos por hora. En algunos casos la demanda fue alta y no teníamos más personas para ofertar. Hay empresas que tienen una mirada positiva hacia la ley; sin embargo, una mayoría no cuenta todavía con personal con discapacidad. El desafío de ellos es cumplir esa norma social. Hay alguna objeción sobre la inamovilidad funcionaria, cuando se producen recortes de personal; tienen ese temor. El problema es el miedo a la carga social. La ley establece la inamovilidad laboral, a menos que esta persona no cumpla. Hay algunos casos de personas que se aferran a ese derecho y dejan de lado el rol para el cual han sido contratados. Hubo esas malas experiencias, es cierto. La empresa privada tiene esos reparos.

C. Se habla de políticas de fomento o de compensación para aquellas instituciones o empresas que contraten personal con alguna discapacidad.

MP. La otra inquietud de los empresarios es que se fomenten, por ejemplo a través de puntos adicionales en procesos de licitación, apoyo en los impuestos, o acciones positivas a las empresas que cumplen con su rol social. Trataremos de generar un conversatorio interno para generar propuestas más reales ante el Gobierno central. Asimismo, los gobiernos municipales regulan impuestos a nivel local, tal vez se podría apostar por ese lado como pasa en Santa Cruz, donde tienen una mirada más positiva. No necesariamente con un fin social sino para generar empleos a nivel del Municipio.

C. ¿Es posible replicar experiencias de otros países, donde la inserción laboral de personas con discapacidad se encuentra en grados más avanzados?

MP. Otro desafío es incluir a personas con discapacidad intelectual como son aquellas con síndrome de down y autismo como sucede en Perú, donde hay una empresa de supermercados que incluyó entre su personal a personas con síndrome de autismo, que tienen la cualidad de concentración excepcional. Estas personas pueden desenvolverse de una manera eficiente en archivos u otras ocupaciones, donde se requiere de memoria especial para clasificar documentos. La dificultad que se tiene es en el área de discapacidad intelectual; en cambio en la física, las barreras son las rampas, el idioma en el caso de discapacidad auditiva. Este es el desafío principal, no solo incluir a personas con discapacidad sino con discapacidad intelectual. En estos casos, los padres y las madres se preocupan por el futuro de sus hijos; si bien ahora tienen el apoyo de su familia, necesitan un ingreso para su sostenimiento y darse autonomía para el futuro. Queremos tener esa mirada de no obligar, la capacidad de incluir y una mirada más positiva de asumir el rol social y como estado generar condiciones básicas de fomento, si bien la ley obliga y en algún momento se tiene que cumplir, es necesario consensuar una propuesta. A partir de eso construir un mejor futuro para las personas con discapacidad.

 

La dificultad que se tiene es en el área de discapacidad intelectual; en cambio en la discapacidad física, las barreras son las rampas, el idioma en el caso de discapacidad auditiva. Este es el desafío principal, no solo incluir a personas con discapacidad, sino con discapacidad intelectual”