Observan 100 predios que sobrepasan el límite permitido

Según Fundación Tierra, superan la extensión máxima de 5.000 hectáreas permitidas para una propiedad. Denuncian el caso de un predio de 70.000 hectáreas cuyo dueño tuvo que fraccionarlo para ajustarse a la Ley. CAPITALES participó de una mesa de diálogo sobre el tema agrario en Cochabamba

En 2009, la población boliviana votó por que la extensión máxima de una propiedad de tierra sea de 5.000 hectáreas (has.), pero en los últimos cinco años el Estado dotó más de 100 predios por encima de esa cifra, según reveló la Fundación Tierra el viernes, durante una mesa de diálogo con periodistas del país, en Cochabamba, donde estuvo presente CAPITALES.

El director regional de Fundación Tierra en Santa Cruz y ex director interino del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Alcides Vadillo, dijo que todo reconocimiento de derecho que esté sobre la base de una ilegalidad en el proceso puede ser revisado en cualquier momento.

“Si yo falsifico mis notas de la Universidad para salir como abogado y ejerzo como tal y luego se difunde que lo hice sobre un delito, puede ser revisado y se anula todo lo que de ahí para adelante viene, o sea, me quedo sin título. Eso también pasa en materia agraria”, comparó el profesional.

El artículo 399 de la Constitución Política del Estado (CPE) aclara que “los nuevos límites de la propiedad agraria zonificada se aplicarán a predios que se hayan adquirido con posterioridad a la vigencia de esta Constitución. A los efectos de la irretroactividad de la ley, se reconocen y respetan los derechos de posesión y propiedad agraria de acuerdo a la ley”.

Sin embargo, el director nacional de Fundación Tierra, Gonzalo Colque, aseguró que en los últimos cinco años el INRA dotó más de 100 predios con superficies mayores a las 5.000 hectáreas en el país.

Por su lado, Vadillo cree que ni siquiera estos casos con retroactividad están plenamente transparentados.

“¿Qué están haciendo en el INRA? Están reconociendo derechos mayores a 5.000 hectáreas a aquellos que demuestran que ya tenían ese derecho antes del referéndum, antes de la (nueva) Constitución, pero eso a nosotros también nos deja muchas dudas. ¿Realmente lo tenían?”, se pregunta él.

Según Vadillo, el trabajo de saneamiento debió revisar si hubo o no ilegalidad en el proceso de titulación de estos predios.

Pero como hay una “pérdida de credibilidad” de parte del INRA, apuntó, incluso surgen dudas sobre la antigüedad de estos predios vinculados con áreas de expansión de frontera agrícola donde los derechos de la posesión son relativamente recientes.

“Es muy raro, entonces esto genera una duda, de ahí que como (Fundación) Tierra nos preocupa el tema. Intentamos poder hacer una investigación y una revisión más profunda, pero también es imposible que podamos acceder a estos expedientes en el INRA”, agregó.

Propiedad de 70.000 hectáreas

Los predios mayores a 5.000 hectáreas serían de 10.000, 12.000, 15.000 y hasta 70.000 hectáreas. La Fundación Tierra afirma que hay una de 70.000 ubicada en la Chiquitanía y que fue dividida junto con el INRA en 14 propiedades de 4.900 hectáreas cada una.

“Es una propiedad conocida en Santa Cruz como ‘Los Irlandeses’, de dueños brasileños. Era un predio que para tener 70.000 hectáreas, cumpliendo la Función Económica Social, tienen 60.000 cabezas de ganado”, explicó Vadillo.

Este caso saltó a conocimiento público a raíz de un conflicto por agua entre dos comunidades (Santa Anita y Espíritus) y una empresa que construyó 80 represas dentro de esas 70.000 hectáreas, impidiendo el normal cauce de agua hacia dichas comunidades.

“Como el agua ya no circula, se generó un conflicto con dos comunidades que también tienen sus represas (aguas abajo). Entonces ahí se generó un conflicto con esta empresa y nosotros lo denunciamos y cuando fuimos, ya ahí, nos mostraron que no era una propiedad, eran 14 propiedades. Además, había una cosa de 12 máquinas desmontando al mismo tiempo con el permiso de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra, o sea, muy legal todo (...)”, manifestó Vadillo.

El ex director nacional del INRA cree que detrás de esto hay un “fraude procesal además amparado por entidades públicas que deberían regular y que (más bien) lo están permitiendo”.

“Son propiedades que generan una alta producción eficiente desde la perspectiva económica, productiva, (pero) muy dañinas al medio ambiente, porque en estas propiedades sus pastos lo fumigan desde avionetas para ciertos tipos de bichos y esta fumigación mata los cítricos en comunidades que están cerca, a 4 o 5 kilómetros”, subrayó.

Derecho de propiedad condicionada

Desde comienzos del siglo XX, en el país se separó el concepto de “propiedad absoluta”, considerando que sobre la propiedad agraria hay un interés público por encima del derecho de propiedad privada.

Es decir, el derecho de propiedad privada está condicionado al interés público que defiende el Estado, de modo que esas tierras tengan un uso en función al interés público. Por lo tanto, las tierras rurales deben generar una actividad económica y ser sostenibles en el tiempo. Así lo establecen las leyes agrarias y la propia CPE.

Saneamiento de la propiedad

El saneamiento de la propiedad agraria fue una competencia temporal que estableció la Ley INRA por un lapso de diez años a partir de 1996.

En 2006, la Ley de Reconducción Comunitaria amplió el plazo por siete años más y en 2013 la Ley 429 volvió a ampliarlo hasta octubre de 2017. “Entonces a partir de octubre de 2017 el INRA formalmente ya no tiene competencia para hacer saneamiento”, opinó Vadillo.

Según sus datos a diciembre de 2018, el 83% del territorio está saneado y el INRA sigue saneando el restante 17%, lo que, a juicio del profesional, ya se constituye en una ilegalidad preocupante.

Del 83% de la tierra saneada, el 27% corresponde a propiedades de campesinos e interculturales, el 28% a territorios indígenas (tierras altas y bajas), el 14% a la mediana propiedad y a la empresa agrícola, y el 31% está calificado como tierra fiscal.

Dentro de ese 31% de tierras fiscales, gran parte no está disponible porque se trata de reservas, concesiones forestales, parques naturales, áreas protegidas y otros.

Las tierras fiscales disponibles ascienden a 7,5 millones de hectáreas, las cuales, si así lo considera el Estado, pueden ser distribuidas entre los pequeños y medianos productores que lo soliciten. De ese total, 3 millones ya se dotaron a comunidades organizadas.

“Este es un tema para estar pendientes porque no sabemos cuál es el procedimiento para acceder a estas tierras, pero sí sabemos que se están distribuyendo y está generando niveles de conflicto”, hizo notar Vadillo.

Con la Reforma Agraria de los años ’50 del siglo pasado, el Estado reconocía el derecho de la propiedad agraria a las comunidades que estaban en la zona; ahora se tiene un fuerte proceso de distribución a través de un mecanismo de colonización porque se entregan tierras con un objetivo político, según Fundación Tierra.

“Entonces, se están llevando votos, no sólo gente, de unas regiones a otras”, denunció la misma fuente.

Sugerencias

El director nacional de Fundación Tierra, Gonzalo Colque, hizo tres recomendaciones al Gobierno. En su criterio, lo primero que se debería hacer en el país, para no provocar más problemas con la distribución de tierras, es aplicar una moratoria en el proceso especialmente de distribución de tierras fiscales.

“Eso se está saliendo de las manos, es caótico, opera fuera de la ley, sin intervención de las autoridades estatales, entonces ahí es urgente paralizar ese proceso, crear comisiones que hagan auditorías y verificación de lo que se hizo y la manera de hacerlo legalmente es declarar la moratoria el proceso de saneamiento”, remarcó.

Una segunda medida está referida a los casos de corrupción y de tráfico de tierras. “Yo creo que hay que hacer una intervención desde el Gobierno nacional para paralizar e investigar estos casos que son cada vez mayores”, expresó.

Finalmente, sugirió que la agenda agropecuaria en el país sea más balanceada y no solamente a favor de los empresarios como, según sus palabras, está ocurriendo en este momento.

Deforestación

Bolivia es el país con mayores niveles de deforestación en la región en términos per cápita, según dijo el director nacional de Fundación Tierra, Gonzalo Colque, en un encuentro con periodistas del país realizado en Cochabamba y en el que participó CAPITALES.

Los últimos datos señalan que Bolivia deforesta su bosque a un ritmo de 300 mil a 350 mil hectáreas por año.

Estas cifras tienden a mantenerse e incluso a seguir creciendo, pues los planes del Gobierno para expandir la producción agrícola comercial indican que se necesitan deforestar como 5 millones de hectáreas más hasta 2025.

“Por lo tanto, estamos hablando de un país que tiene el mayor ritmo de deforestación y habilitación de pastizales para ganados y tierra agrícolas en la región en términos per cápita, incluso con datos que estarían por encima de Brasil, que tenía grandes problemas de deforestación de la Amazonía”, remarcó el profesional.

INRA defiende sus actos y pide a la Fundación Tierra denunciar con pruebas

El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) en ningún caso ha titulado algún predio fuera de la norma agraria o al margen de la Constitución Política del Estado (CPE). Así respondió a través de CAPITALES el director nacional del INRA, Juan Carlos León, las observaciones planteadas por Fundación Tierra, que es una organización no gubernamental (ONG).

“Como institución en el país somos los primeros en respetar la normativa agraria; es más, el Estado tiene que hacer respetar la Constitución y ese referéndum (de 2009) que puso un límite a la propiedad de tierras en el país”, remarcó León.

Agregó que si el INRA tituló predios mayores a las 5.000 hectáreas, que es la superficie máxima permitida por ley, fue porque éstos tenían un antecedente agrario y cumplían la Función Económica Social (FES).

“Predios con 12.000 hectáreas, como ejemplo, 8.000 con todos su antecedentes agrarios y el cumpliendo de la FES, y 4.000 como posesión legal del trabajo antes del 1996 y cumpliendo toda la FES ahí, si hay títulos que se otorgaron pero con estas salvedades, de acuerdo a norma vigente y legal”, dijo.

León pidió a Fundación Tierra que emita denuncias con pruebas fehacientes, pues el INRA inclusive logró demostrar a través de sentencias agroambientales y constitucionales que el proceso de saneamiento estuvo enmarcado en la legalidad, según sus palabras.

“No nos han podido demostrar (las denuncias). Nosotros somos los que más estamos recortando (tierras) a empresarios, sobre todo en el oriente boliviano, a aquellos que no cumplen la FES e inclusive si así tuvieran el antecedente agrario, si no cumplen la FES no se les mide (la propiedad), no se les titula sus predios, el tamaño que ellos demanden y, peor, si pasan las 5.000 hectáreas después de la aprobación de la (nueva) Constitución”, insistió.

Sobre la observación de que el INRA estaría saneando extemporáneamente, León aclaró que este trabajo fue concluido dentro del plazo. “La ley nos indica claramente que el Estado tenía hasta octubre de 2017 para concluir con el saneamiento. Nosotros cumplimos la normativa, en el país no hay un milímetro que no se haya intervenido, ahí sí que tenemos algunos problemas que no hemos concluido con la titulación, pero el saneamiento, el inicio de todos los procesos se ha concluido en el país”, remarcó.

Dijo que si no se hubiera concluido ese trabajo, cualquier empresario que se sintiera afectado en su derecho a la titulación podía haber demandado pidiendo la nulidad de los actos del INRA, lo que, según León, no ocurrió.

“Entonces estamos cumpliendo la norma y aquí queremos decir claramente (que) tenemos predios realmente en conflicto que seguro, de aquí a diez años, van a seguir en conflicto y que difícilmente vamos a resolver. Pero hemos cumplido la normativa y ahora está en proceso todo el trabajo que resta (titulación)”.

Juan Carlos León

DIRECTOR NACIONAL INRA

 

¿Quiénes se disputan las tierras fiscales?

Diferentes sectores, entre ellos los 'menonitas', brasileños, argentinos y bolivianos, están entrando a la disputa por las tierras fiscales en el país, y ese es un “juego peligroso” porque puede acabar en grandes conflictos.

Así lo advierte el director nacional de Fundación Tierra, Gonzalo Colque, quien recordó que antes los grandes empresarios se apropiaban de las tierras fiscales, pero ahora hay una variedad de grande actores que trabajan en estos mecanismos de apropiación.

Destacó que también están los menonitas, de quienes se sabe que estarían controlando de 500 mil a 700 mil hectáreas en el país.

Por otra parte mencionó a “los brasileños y argentinos que compraron propiedades a traficantes de tierras y comunidades asentadas por gente pagada por empresarios que quieren controlar una propiedad fiscal”.

350.000

hectáreas

de desmonte anual hay en Bolivia, la cifra más alta de la región.

Para saber más...

* No hay Viceministro de Tierra desde hace tres meses.

* El INRA está con directores interinos desde 2004 hasta la fecha.

* El INRA recontrata personal cada 6 meses, una falta de institucionalidad.

* De los 106 millones de hectáreas que hay en el país, 90 fueron saneadas.

* En el país no hay un registro de transferencia de propiedades.

* Tampoco hay un registro de la nacionalidad de los que compran tierras.

* Bolivia deforesta su bosque a un ritmo de 300 mil a 350 mil hectáreas por año.

* En Venezuela “el campo se ha vaciado de gente”; hay crisis de alimentos (Gonzalo Colque).

* Argentina protege a sus productores con una normativa agropecuaria.