El sistema de pensiones a cargo de las AFP's desde 1997 incrementó el número de afiliados de 329 mil a 2,3 millones y en los primeros diez años los aportes subieron de $us 3.400 millones a más de $us 17.000 millones hasta febrero de este año.

Estos datos demuestran que el sistema de pensiones en Bolivia fue bien administrado a pesar de la regulación estatal y las presiones sindicales, según el análisis del economista del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES) Roberto Laserna.

Por lo tanto, el profesional cree que el informe “La reversión de la privatización de las pensiones”, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), presentado en marzo, que concluye que la privatización de las pensiones en los países de la región trajo consecuencias “nada favorables” en términos que van desde la calidad de vida a la desigualdad de género, dista de la realidad boliviana.

Uno de los autores, Fabio Durán, explicó en esa oportunidad que en un inicio, organismos económicos internacionales presagiaron que una gestión privada de las pensiones “iba a generar mayor cobertura, mayor eficiencia, basada en la competencia de mercado”.

Se equivocaron, según este informe del organismo de las Naciones Unidas que recoge datos y casos concretos de la región y de algunos países de Europa y África que sufrieron las mismas consecuencias.

Se dio por hecho “que el sector privado era más eficiente que el sector publico” y las consecuencias fueron otras: las tasas de cobertura se estancaron o disminuyeron en todos los países, los niveles de beneficio se deterioraron, aumentó la desigualdad de género y de ingresos y se dispararon los costos administrativos.

América Latina fue el laboratorio de experimentación con resultados desafortunados: en Argentina, por ejemplo, la cobertura disminuyó del 46 % que había antes de la reforma (1996) a 35% en 2002.

Otra visión

Para el economista Laserna, el todavía sistema actual “es mucho más justo”. “Uno recibe en función a lo que aporta, y a los rendimientos de sus ahorros a lo largo de todo el periodo”, sostuvo en su reciente publicación.

Menciona que en el país, un afiliado incluso puede cambiar de una AFP a otra que rinda mejor.

Sin embargo, cree que las AFP's no pudieron desenvolverse libremente a fin de buscar el mayor rendimiento posible para sus clientes.

Fueron resistidos por las dirigencias sindicales, que se beneficiaban de los directorios en los fondos complementarios y la seguridad social, y por los que aspiraban a ejercer su capacidad de presión sobre el Estado para arrancarle subsidios especiales en su etapa de jubilación.

“Nunca pudo operar libre de presiones y solamente sujeto a las regulaciones de la autoridad de supervisión. Aún así se esperaba que cumpla todos sus objetivos. Esto es como lanzar al agua a un nadador maniatado y esperar que nade bien”, remarca el economista.

A pesar de las limitaciones, según Laserna, el actual sistema ha demostrado ser exitoso y mucho más sólido que el sistema anterior, que se encontraba en la quiebra cuando llegó la reforma, que fue por eso más obligada que opcional.

“Por eso me llamó la atención que hace unos días se difundiera un informe de la OIT decretando el fracaso de las AFP y abogando por la reforma del sistema de pensiones”, apunta.

Añade que cuando se cambió el sistema anterior, se desconocía a cuánto alcanzaba el patrimonio acumulado por los aportantes y éstos no tenían registros que respaldaran sus ahorros. Por entonces la jubilación era “privilegio” de los asalariados sindicalizados, ya que nadie podía afiliarse individualmente.

Según datos de Laserna, el nuevo sistema comenzó en 1997 con 329 mil afiliados y hoy cuenta con 2,3 millones. Ha crecido a un ritmo casi nueve veces más rápido que el crecimiento de la población, lo que quiere decir que su cobertura aumentó significativamente. En el nuevo sistema cualquiera puede afiliarse y todo aportante puede consultar el monto de sus ahorros recibiendo cada año información sobre los rendimientos que han generado, lo que antes era imposible.

En los primeros 10 años los aportes alcanzaron a $us 3.400 millones y para febrero de 2019 ya superaron los $us 17 mil millones. Este dinero pertenece a los 2,3 millones de aportantes cuyas cuentas están contabilizadas al centavo. Ese dinero no es de las AFP y tampoco del Estado. Su cuidado ha permitido que en estos 30 años no se registrara ni un solo caso siquiera parecido al Focssap y menos al Fondioc.

En este momento hay más de 140 mil jubilados que reciben cada mes unos 355 millones de bolivianos de las AFP.