El problema de provisión de alimentos a la población boliviana ha adquirido en los últimos diez años una situación que entendidos en la materia consideran grave y preocupante.
“Soberanía alimentaria” se refiere a la capacidad de un país de poder cubrir la demanda interna de alimentos con su propia producción.
Las cifras actuales revelan que el país no es autosuficiente en la producción de sus alimentos. Los niveles de importación de alimentos de los cuales éramos autosuficientes muestran que estamos lejos de la soberanía alimentaria.
En nuestro país, desde el 26 de junio de 2011 está vigente la Ley N° 144, que tiene por objeto normar el proceso de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria para la soberanía alimentaria. Según productores agropecuarios, esta ley no se está aplicando.
Los datos que se tiene sobre provisión de alimentos son escuetos, porque no cubren el universo del país por regiones. Pese a esta limitación, hacemos el análisis utilizando datos oficiales del INE, que dan cuenta que anualmente en Bolivia consumimos 79 mil toneladas de hortalizas, importamos 11 mil tn, eso significa un 14% para abastecer el mercado interno.
Las compras de tomate en el exterior pasaron de 2.000 tn en promedio a 12.000 tn (seis veces más), de cebolla de 308 tn en 2002 a 4.950 tn en 2017 (16 veces más) y las de papa pasaron de 5.000 tn el año 2000 a 25 mil tn para el 2016 (cinco veces más).
Las legumbres y frutas provenientes del exterior han terminado instalándose en los mercados del país, en desmedro de la producción nacional, la importación de frutas pasó de 21.700 tn el año 2.000 a 53 mil tn el 2015, es decir, que los alimentos que se compran en los mercados son cada vez más importados (legal o ilegalmente); de ahí la impresión de que en nuestro país cada vez se está produciendo menos alimentos. Las cifras revelan que el país no es autosuficiente en la producción de alimentos. Papa peruana, tomate chileno, manzana y durazno argentinos compiten con la oferta nacional.
La importación legal e ilegal de alimentos que consume la población, principalmente de países vecinos como Brasil, Argentina, Chile y Perú, se debe fundamentalmente a cuestiones internas y externas. Entre las internas está el abandono de las áreas rurales por parte de la población campesina, lo que implica que no haya trabajo agrícola que permita cosechas importantes, el abandono de los cultivos tradicionales por otros cultivos más lucrativos; y las externas, la devaluación de las monedas de los países vecinos (aumento en el tipo de cambio) y la utilización de biotecnología, que les permite ser más competitivos en el contexto internacional.
Por tanto, la importación legal y la de contrabando cubren en un porcentaje considerable las necesidades alimentarias de la población.
Para que el país deje de consumir alimentos producidos en el exterior se deben impulsar programas de apoyo a la producción nacional, diversificando la oferta de alimentos que vayan acompañados de mayor tecnología, asistencia técnica, créditos y programas para mitigar el cambio climático.
En varias regiones de nuestro país los productores agrícolas trabajan a pérdida porque, como se advierte, muchos productos entran de contrabando. Según los empresarios privados de Bolivia, esta realidad desmotiva la producción de alimentos y reduce la capacidad de inversión del empresariado. Entonces, surge la necesidad de una estrategia desde el Gobierno central para frenar el ingreso ilegal que ocasiona perjuicios económicos. Lo que interesaría a todos es que toda la demanda de alimentos sea cubierta por la agricultura nacional y la industria agropecuaria que, evidentemente, siempre tiene posibilidades de crecimiento interesantes, especialmente en la parte de los valles y en el departamento de Santa Cruz.
LIC. RUBÉN JULIO PÓRCEL ARANCIBIA
DOCENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES UMRPSFXCH
