Bolivia, rezagada en la carrera de producción del litio
Lic. Msc. Miguel Ángel Amonzabel Gonzales La idea de explotación del litio va a cumplir medio siglo: se inició con la exploración y estudios que comenzaron en 1972, prolongándose hasta 1985. En 1987 el gobierno del presidente Víctor Paz Estenssoro invitó a la Lithium Corporation (Lithco) para que explote una parte del salar de Uyuni con la finalidad de generar nuevos recursos al pobre erario nacional, que salía de la peor crisis económica del país.
Posteriormente, en 1989, el gobierno de Jaime Paz Zamora decide romper esa contratación directa porque consideró que las ganancias no eran equitativas para Bolivia y Lithco, situación que no fue demostrada. Luego, en 1991, decidió que se realice una licitación pública internacional, ganando nuevamente la Lithco.
Extrañamente el gobierno de Paz Zamora dilata el tiempo para la firma del contrato y además se produce una convulsión social protagonizada por movimientos sociales potosinos. Ante la poca seguridad jurídica y el clima hostil, la transnacional decide irse definitivamente de Bolivia, migrando a los yacimientos de litio de Argentina.
Han transcurrido más de tres décadas desde esa posibilidad de explotación y Bolivia no produce litio a gran escala; lo hace artesanalmente, no pudiendo atraer la inversión extranjera necesaria. Se ha hecho gran inversión de publicidad de posibles inversionistas coreanas y chinas, lográndose apenas un contrato con ACI Systems Alemania para la producción de baterías de litio, que después fue desmentida por la empresa.
Las transaccionales rehúyen invertir en Bolivia debido a que la actual Constitución Política del Estado y la política gubernamental apuntan a que el Estado debe ser parte de la cadena productiva y el litio debe salir del país con valor agregado.
La empresa estatal Yacimientos de Litio Boliviano (YLB) espera tener la capacitad empresarial y por sobre todo tecnológica para hacer ese salto a la industrialización, pero hay una diferencia entre lo que se quiere y lo que se puede. Tecnológicamente no es fácil hacer una batería para celular, peor aún una batería para vehículo y el Gobierno se empecina tercamente en esta ilusa política.
La estrategia aplicada en Argentina y Chile a pesar de que tienen un avance tecnológico mayor al de Bolivia es diferente. Ellos asumen que la tecnología necesaria es difícil de alcanzar: la innovación constante, los importantes volúmenes de inversión en infraestructura y que los países desarrollados transfieran su conocimiento tecnológico es imposible. A tal efecto no están interesados en la industrialización, sino en la venta como materia prima.
Ha pasado mucho tiempo desde esa primera posibilidad de explotación y la pregunta es: ¿qué se ha ganado al no firmar ese contrato con Lithco? Solo se perdió tiempo, ya que se tendría una industria en funcionamiento y no solo promesas, en consecuencia, se pudo haber diversificado la economía nacional. La lección que debemos aprender es que el Gobierno no sabe negociar, no puede comprender cómo actúa una empresa privada; que el negociar implica la búsqueda de beneficio mutuo. Asimismo, se debe comprender que las transferencias tecnológicas no son gratuitas, ni el desarrollo tecnológico se logra en un par de años como pretende el Gobierno boliviano.
En síntesis, los diferentes gobiernos nunca han podido establecer políticas públicas que puedan diversificar y ampliar las fuentes de ingreso para el tesoro público nacional. Solamente se ha usado la explotación del salar de Uyuni para hacer política; el tiempo pasa y otros países con yacimientos de litio están mejorando sus capacidades productivas y atrayendo inversión extranjera directa. Es tiempo de hacer una oferta realista a las fuentes de inversión extranjera para la explotación del litio.
Lic. Msc. Miguel Ángel Amonzabel Gonzales
DOCENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES UMRPSFXCH
