El economista español Joaquín Nieto Sainz fue por varios años director de la Oficina en España de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), agencia de las Naciones Unidas (ONU) especializada en materia laboral y cuya estructura tripartita –gobierno, empresas y trabajadores– persigue el fortalecimiento del diálogo social, entre otras de sus misiones y objetivos.
Durante una entrevista al suplemento especializado El Captor, Nieto se refiere a los actuales retos del trabajo en el presente siglo y la situación de los empleos, especialmente entre los más jóvenes.
Pregunta (P). A veces da la sensación de que incluso las decisiones tomadas en un marco de diálogo social avanzan por una áspera deriva, me refiero al abaratamiento de los costes por cese o despido.
Respuesta (R).- Esas medidas de abaratamiento de los costes del despido se han adoptado en ausencia de diálogo social, esa es la realidad. Las partes tenían distintas posiciones. Las organizaciones sindicales defendían la flexibilidad interna –para mantener al máximo el empleo en cada empresa–, pero no la flexibilidad externa, por considerar que abarata y estimula el despido favoreciendo la sustitución de trabajadores con cierta antigüedad y salarios más elevados por otros sin antigüedad y salarios menores. Lo que ha habido desde que se inició la crisis es una ausencia de diálogo social, lo que ha favorecido el abaratamiento de los despidos, la sustitución de empleos por otros de menor calidad y la reducción de la calidad del empleo.
P. También influirá la economía.
R. El impacto de las reformas laborales sobre el empleo está sobrevalorado. La evolución del empleo no depende tanto de las relaciones laborales como de otros factores, como la política económica y el modelo productivo. Se crea empleo cuando hay decisiones económicas que revitalizan la economía y la inversión estimulando la creación de empleo. El modelo productivo, es decir la estructura productiva por sectores, es también decisiva. En España, sin ir más lejos, el marco regulatorio básico de las relaciones laborales es único, por ser estatal. Pero hay Comunidades autónomas con la mitad de desempleo que otras. Las diferencias se encuentran en sus modelos productivos; los más diversificados, industrializados y modernizados hacia los requerimientos internacionales de sostenibilidad tienen más empleos y éstos son más estables. Antes comentaba que el sector exportador ha tenido un comportamiento dinámico incluso durante la crisis. Que no sea el sector con empleos más precarios y de peor remuneración sino todo lo contrario, nos da pistas muy significativas. En lo que sí influye la regulación es en la calidad del empleo.
P. Algunas conclusiones tan evidentes luego no se plasman en la práctica. Lo cierto es que a los trabajadores se les exige flexibilidad y eso es algo muy difícil de conjugar con la estabilidad.
R. Cuando se habla de flexibilidad tenemos que distinguir entre flexibilidad interna y flexibilidad externa. La interna se negocia y puede ser un elemento de conservación y mantenimiento de los empleos en la empresa, mientras que la externa consiste en un marco regulatorio que permite decisiones unilaterales por parte de la empresa, que suele traer consigo más despidos y una menor estabilidad de los empleos. Detrás de los grandes términos como ‘flexibilidad’ hay que buscar mayor nivel de precisión para saber de qué se está hablando. También convendría discernir las tendencias en la evolución del empleo. No todo el empleo ha evolucionado hacia la precariedad, aunque existe una tendencia general –que es mundial– hacia una mayor precarización. Pero a la vez también existen sectores en los que el empleo va ganando mayores niveles de estabilidad. Y el potencial mundial de este proceso es inmenso. Más de la mitad de los empleos en el mundo están en la economía informal, pero se pueden formalizar. En el marco de la OIT, gobiernos, organizaciones empresariales y sindicatos han iniciado un camino para facilitar la transición de la economía informal a la economía formal.
P. Si apostamos por un modelo de emprendedurismo masivo las tasas de fracaso serán enormes y aumentará la pobreza.
R. Lo importante a considerar es que a partir de ahora los gobiernos van a estar obligados tanto a reducir el desempleo como a reducir la pobreza. La agenda 2030 de Naciones Unidas en vigor desde el 1 de enero de 2016 establece en el Objetivo 1.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible la obligación de reducir la pobreza en cada país a la mitad de su pobreza relativa (es decir de aquellas personas cuyos ingresos anuales están por debajo del 60% de la mediana). Esta nueva agenda de Naciones Unidas –los ODS– ya no está dirigida sólo a los países en desarrollo o menos desarrollados como era antes, sino que vincula también a los países desarrollados, porque existe un sur dentro del norte, y sus gobiernos van a tener que explicar qué están haciendo para reducir la pobreza y adoptar medidas coherentes.
P. Creo que en este sentido podríamos hablar del término “Complemento Salarial”.
R. Están apareciendo varias propuestas a este respecto y todas son algo confusas en relación a su modalidad y su posible aplicación.
P. Todas parecen ir orientadas hacia el uso de recursos públicos para complementar la remuneración de los trabajadores.
R. El salario es salario y las ayudas públicas son ayudas públicas. Hay una amplia red de protección social con ayudas públicas. También hay un sistema de incentivos a la contratación, reducciones y exenciones de cotización y otras subvenciones a las empresas que son ayudas públicas. En lo que se refiere a los trabajadores, la OIT considera que tienen derecho a un trabajo decente y a la protección social. Si los trabajos son decentes, es decir con salarios dignos y protección social, no sería necesario activar un sistema añadido de ingreso salarial. En cuanto a la protección social, hay numerosos mecanismos para garantizar unos ingresos mínimos para todas las personas y muchas fórmulas en debate, desde la garantía de renta mínima a las propuestas de renta básica. En cuanto a los ingresos salariales, el salario mínimo es una buena fórmula. Además, la mejora de los salarios mínimos es la mejor herramienta para combatir la pobreza en el trabajo e incluso para dinamizar la economía y la demanda interna. Nosotros creemos que en países como España hay un margen importante de mejora en este aspecto. La carta social de la UE ya apunta a un salario mínimo de al menos el 60% de la mediana de los salarios. Esto daría una buena respuesta a la situación de trabajadores pobres.
P. ¿Qué opina sobre la posibilidad de limitar la realización de horas extraordinarias para incrementar las posibilidades de ocupación de los parados, tal y como establece el artículo 35.2 del Estatuto de los Trabajadores en España?
R. Dicho artículo da una posibilidad a los poderes públicos de actuar al respecto. El problema con las horas extra en España hoy está relacionado con lo que se conoce como economía sumergida, que en OIT denominamos “trabajo no declarado”. Es posible que la actividad económica no declarada no haya aumentado en tiempos de crisis y se mantenga en valores que rondan un 20%. Pero sí que se observa un desplazamiento de las modalidades del trabajo no declarado hacia las horas extras no declaradas, lo que da pie a pensar que parte de las contrataciones a tiempo parcial no son sino artificios para declarar menos a la Seguridad Social. La actuación de los poderes públicos en el sentido que usted comenta tiene su complejidad y debería empezar por hacer aflorar las horas extraordinarias realmente realizadas pero no declaradas aunque remuneradas y las no declaradas ni remuneradas.
P. Respecto a lo que usted citaba sobre el “trabajo no declarado” nos enfrentamos al problema de la sostenibilidad del sistema de pensiones.
R. La sostenibilidad del sistema de pensiones público y de reparto depende fundamentalmente del empleo, es evidente, y la mejor forma de hacer sostenible el sistema es el fortalecimiento de la población activa y la plena ocupación. No obstante, atendiendo también a variables demográficas y a las necesidades de la sociedad está claro que el sistema debe nutrirse de ingresos fiscales que provengan no solo de lo que llamamos ingresos contributivos, las cotizaciones sociales, sino también de impuestos. Si hay que mejorar los ingresos en el sistema de pensiones no necesariamente eso tiene que significar elevar las cotizaciones sociales, puede conseguirse con una mayor tributación de los beneficios u otros impuestos.
