Nunca antes en su historia el toreo había estado tan cuestionado como ahora, debido, principalmente, al cambio político experimentado en España tras las elecciones autonómicas de mayo, con la irrupción de formaciones ciudadanas de izquierda, que llevó a muchos ayuntamientos a suspender sus ferias.
El caso de mayor repercusión lo representó La Coruña (noroeste), cuyo alcalde, Xulio Ferreiro (de Marea Atlántica), cerró la puerta a la celebración de la feria de María Pita, por lo que tendrá que indemnizar a la empresa arrendataria de la plaza por rescindir el contrato que les vinculaba esta temporada y otras dos más opcionales.
También en Huesca (noreste) saltaron las alarmas en el sector taurino cuando el tripartito de socialistas con las formaciones Cambiar Huesca y Aragón Sí Puede, hicieron público un documento en el que, entre otras medidas, se recogía la "desaparición paulatina" de los festejos taurinos en la ciudad a partir de 2017, año en el que expira el contrato con el empresario del coso oscense, Diego Luna.
En Valencia, y aunque aún no hay una declaración oficial al respecto, el nuevo gobierno regional, capitaneado por Compromís, recoge en su programa electoral declarar la ciudad "libre de espectáculos taurinos con animales y no subvencionar con dinero público ningún acto donde se maltraten seres vivos".
En esta dirección camina también la nueva línea política de Palma de Mallorca, ciudad que cada año celebra un festejo taurino en su coliseo balear, y este año podría ser el último antes de que la ciudad se declarase oficialmente en contra de la Tauromaquia.
