Chávez, Lozada, Justiniano y Zambrano en la mira de la Fiscalía General del Estado
Los cuatro dirigentes del comité ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol habrían incurrido en cinco delitos; Carlos Chávez y Alberto Lozada están aprendidos en la FELCC de Sucre
Para la Fiscalía General del Estado, existen suficientes indicios de que Carlos Chávez Landívar, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF); Jorge Jesús Justiniano, segundo vicepresidente del comité ejecutivo de la FBF; Pedro Zambrano Aguirre, secretario general de la FBF; y Alberto Lozada Áñez, secretario ejecutivo de la FBF, cometieron los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, organización criminal, uso indebido de influencias, beneficios en razón del cargo y delitos tributarios son los delitos por los que Chávez y Lozada fueron aprehendidos y conducidos a la instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen.
En ese contexto, la comisión de fiscales que investiga el caso decidió emitir órdenes de aprehensión contra los cuatro dirigentes, dos de los cuales, Chávez y Lozada, ya están aprehendidos en Sucre.
El primero en ser conducido a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) fue Chávez, al promediar las 17:20, luego de prestar sus declaraciones por más de ocho horas.
Lozada también declaró ante la misma instancia, pero fue conducido a la FELCC casi una hora más tarde.
El abogado de Chávez, Jaime Tapia, calificó de vergonzosa la detención de Chávez y reveló que los fiscales justifican su accionar por una supuesta estafa agravada que se habría sucedido tras el partido que jugaron las selecciones de fútbol de Bolivia y Brasil para recaudar fondos a favor de la familia de Kevin Beltrán, fallecido en el estadio Jesús Bermúdez tras ser impactado por una bengala lanzada desde el sector de los hinchas del Corinthians.
“No es justo que en un estado de derecho, cualquier persona que no simpatice con el gobierno, o tenga divergencias de orden orgánico o institucional, eso no le da derecho a ningún gobierno, a ninguna autoridad política, a ningún funcionario público a ordenar a dedo la detención preventiva de nadie en este país”, sostuvo Tapia.