Los delitos de incumplimiento de deberes, enriquecimiento ilícito y malversación continúan pesando en contra de los ex dirigentes de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Carlos Chávez y Alberto Lozada, detenidos preventivamente. Así lo decidió ayer el juez Quinto en lo Penal, Roberto Valdivieso.
Tras una corta audiencia, que duró menos de una hora en el Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, el juez rechazó los dos incidentes de nulidad de imputación presentados por la defensa de los anteriores directivos, acusados por el Ministerio Público.
“Se ha determinado rechazar en el entendido que los hechos que imputa el Ministerio Público son perfectamente comprensibles y van a permitir la adecuada defensa de los imputados en los delitos de incumplimiento de deberes, enriquecimiento ilícito y malversación”, explicó Valdivieso.
Estos tres delitos son parte de la ampliación de la acusación realizada por la Fiscalía General contra Chávez y Lozada en noviembre pasado. En esa oportunidad, la comisión de fiscales que investiga los supuestos malos manejos económicos de la FBF decidió sumar ocho transgresiones a las cinco con las que se abrió el caso.
La defensa de Chávez y Lozada observó ayer la no individualización de los hechos, el carácter de los delitos y además, justificó que los ex directivos no tienen la condición de funcionarios públicos para ser acusados por esas infracciones.
No obstante, los incidentes fueron rechazados por Valdivieso, por lo que “la ampliación de la imputación continúa vigente así como para la etapa preparatoria como para la investigación correspondiente”, sostuvo el juez.
El Ministerio Público, a raíz del escándalo de corrupción en la FIFA, inició una investigación a la administración de Chávez en la FBF en junio y hasta la fecha fueron imputados ocho personas, entre ellos ex dirigentes que cumplen detención preventiva. Valdivieso, el juez que lleva adelante el caso, anunció que la investigación se puede ampliar a familiares de los imputados.
Como parte de este caso, en una audiencia anterior, Valdivieso liberó las pruebas recogidas el mes pasado de los domicilios de Chávez y Lozada para que el Ministerio Público pueda usarlas en la investigación. No obstante, la defensa de los ex dirigentes observó irregularidades en la cadena de custodia de las evidencias.
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