“Dinho”, en sus 40 años, con el futsal como terapia

Ronaldinho Gaúcho se acerca a sus 40 años, este sábado, en una prisión policial de Asunción y con el fútbol sala como terapia a la espera de que se resuelva su causa judicial por ingresar a Paraguay con pasaporte falso.

El exdelantero del Barcelona, Milán y PSG, nacido el 21 de marzo de 1980 en Porto Alegre, cumplió además ayer 13 días de prisión preventiva junto con su hermano y asesor de negocios, Roberto Assis Moreira, en la Agrupación Especializada, una sede de la Policía Nacional que funciona como cárcel y que alberga a 195 reclusos.

Sin embargo, las condiciones de ese recinto, que aloja a policías con causas pendientes, narcotraficantes y políticos acusados de corrupción, no se parecen en nada a la colindante cárcel de Tacumbú, la principal del país y actualmente sin plazas debido al hacinamiento y a la superpoblación carcelaria.

De hecho, la sede policial es un solar de 14 hectáreas donde los reclusos pueden matar el tiempo practicando deportes a cielo abierto como fútbol de campo, voleibol o hacer caminatas en un recorrido de pista.

En el caso de Ronaldinho, su preferencia es el fútbol sala, que practica en el patio del pabellón donde está junto a su hermano y otros 25 reclusos, con derecho a tres horas diarias, dijo ayer el director del centro, Blas Vera.

El jefe policial, que lo visita a diario como a los otros internos, destacó que Ronaldinho “en ningún momento se quejó (de su situación) en la cárcel”.

Ronaldinho y su hermano ingresaron el 4 de marzo en el aeropuerto de Asunción, en medio de un mediático recibimiento, con el objetivo de apoyar la presentación de un programa social a niños y niñas de Paraguay.

Ambos salieron de su país con documentos brasileños, pero en el aeropuerto de Asunción exhibieron pasaportes paraguayos “auténticos pero de contenido falso”, según el Ministerio Público, que investiga la existencia de una red dedicada a ese delito.

Los hermanos, que argumentaron que esos documentos le fueron regalados, están imputados por uso de documentos públicos de contenido falso, con una expectativa de pena de cinco años de cárcel.