Exdirectivos de Conmebol recibieron $us 32 millones en sobornos, dice testigo en Nueva York

Históricos exdirectivos de la Conmebol, incluidos los fallecidos Nicolás Leoz y Julio Grondona, recibieron más de 32 millones de dólares en sobornos hasta 2015, aseguró este miércoles uno de los testigos del juicio en Nueva York contra dos exejecutivos del grupo Fox en el marco del megaescándalo de corrupción FIFAgate.

El argentino Alejandro Burzaco, uno de los testigos claves y parte del entramado de corrupción que erupcionó los cimientos del fútbol sudamericano, detalló los mecanismos que utilizaban los dos exejecutivos de Fox y participantes de la argentina Full Play, el mexicano Carlos Martínez y el argentino Hernán López, sentados en el banquillo.

Hasta que estalló el escándalo de los sobornos en 2015, la empresa T&T -creada por Burzaco y la brasileña Traffic-, en la que habrían participado los dos acusados, había pagado entre "30 y 32 millones de dólares" en sobornos para asegurarse el lucrativo mercado de los derechos televisivos de los campeonatos de fútbol, dijo el testigo en el tribunal.

"Teníamos una empresa conjunta llamada T&T Cayman" con López y Martínez, los dos inculpados que se sientan en el banquillo, junto a la empresa argentina Full Play, que desde el martes están siendo juzgados por corrupción, fraude bancario y lavado de dinero.

La empresa pagaba a los ejecutivos de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) sobornos para asegurarse a largo plazo los lucrativos derechos de retransmisión de los torneos de fútbol sudamericanos como Copa Libertadores, así como partidos amistosos y de clasificación y la organización de eventos deportivos.

La suma total comprometida ascendía a "entre 50 y 60 millones" de dólares pero no llegaron a pagar el total porque la investigación en 2015 del llamado FIFAgate lo frustró.

Los principales beneficiarios fueron el llamado "grupo de los seis", integrado por los miembros más importantes de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol): el presidente, Nicolás Leoz (paraguayo, fallecido en 2019), el vicepresidente Eugenio Figueredo (uruguayo), el secretario general Eduardo Deluca (argentino), el tesorero Romar Osuna (boliviano), y los presidentes de las dos federaciones más poderosas del fútbol sudamericano, el brasileño Ricardo Teixeira y el argentino Julio Grondona, fallecido en 2014.

"Sobornamos a todos estos señores y yo participé en este esquema", dijo Burzaco, que se declaró culpable y llegó a un acuerdo con la justicia estadounidense que incluyó el pago de una multa de al menos 21,6 millones de dólares.

"¿Por qué a estos individuos en particular?", preguntó la fiscal Kaitlin Farrell. "Eran miembros clave de Conmebol", explicó el testigo presentado por la acusación.

"Su nivel de influencia era absoluta" y en concreto el ya fallecido Grandona, al que se le veía como "un papa", era uno de los tres con mayor poder dentro de la FIFA, sostuvo.

Por su parte, el Grupo Full Play pagó o se comprometió a pagar hasta 90 millones de dólares.

- Sistema corrupto... casi perfecto -

Desde 1999, Conmebol negocia los derechos de retransmisión de los clubes que participan en las competiciones que organiza, como Copa Libertadores hasta entonces los negociaban individualmente.

El objetivo era firmar contratos de derechos de retransmisión de los encuentros a "un precio inferior al del mercado", "evitar la competencia", "comprar su lealtad" y "hacer futuros negocios con ellos", dijo Burzaco.

El interés de T&T era renovar los contratos mucho antes de que expiraran para alargarlos y así asegurarse el negocio y expulsar a la competencia, explicó.

Los pagos se realizaban a través de contratos de servicios que no existían, explicó Burzaco, que desde el 25 de mayo de 2015 no ha vuelto a poner un pie en su Argentina natal, aunque también había partidas se que se abonaban a través de la tesorería de Conmebol.

En los alegatos, el primer día del juicio, los equipos defensores de López y Martínez dispararon todos los dardos sobre Burzaco, al que culparon de toda la trama corrupta.

La defensa de Full Play culpó a los ejecutivos de las asociaciones sudamericanas de fútbol que "sistemáticamente exigían pagos".