LA DEMOCRACIA BOLIVIANA EN SUS 42 AÑOS
¿CUÁL ES SU ESTADO DE SALUD? FRENADA POR EL AUTORITARISMO Y LA CRISIS INSTITUCIONAL
¿Cuál es el estado de salud de la democracia en Bolivia? Analistas advierten que el país, con los síntomas que hoy presenta, se enfrenta a una de sus horas más críticas por el autoritarismo, que ha exacerbado la polarización, además de una prolongada crisis institucional.
En efecto, pese a las severas crisis de institucionalidad democrática de los últimos tiempos, se ha logrado cumplir este mes 42 años de gobiernos elegidos por la vía del voto de manera ininterrumpida. Sin embargo, esto no garantiza la reversión del actual sistema democrático debilitado.
La crisis de 2019, la asonada militar de junio pasado –de la que todavía quedan muchas dudas– y las últimas tensiones políticas, provocadas por la crisis interna del Movimiento Al Socialismo (MAS), mostraron que el riesgo de una ruptura del orden democrático puede estar latente.
¿Cómo estamos?
El país cerró 2023 con un 64% de su población polarizada y con un 36% de la gente no polarizada. Del total de personas polarizadas, el 14% estaba altamente polarizada y el 0,6%, radicalizada, según datos de la “Segunda Encuesta Nacional de Polarización 2024”, realizada por el proyecto “Unámonos”, una iniciativa conjunta de las oficinas de la Friedrich Ebert Stiftung y la Konrad Adenauer Stiftung en Bolivia, publicada hace poco. Es decir, 6 de cada 10 personas estaban polarizadas. Y de esas 6, al menos 2 entre altamente polarizadas y radicalizadas.
El año anterior, para finales de 2022, la primera vez que el proyecto “Unámonos” hizo una escueta de este tipo, los porcentajes de polarización eran más elevados. Bolivia tenía al 70% de su población polarizada y 30% no polarizada. Del total de polarizadas, el 18% estaban altamente polarizadas y un 0,9%, radicalizadas. Es decir, 7 de cada 10 personas estaban polarizadas, y de esas 7, al menos 2 entre altamente polarizadas y radicalizadas.
Según el “Índice Multidimensional de Polarización Política (IMPP)”, también del proyecto “Unámonos”, que mide la polarización en tres áreas: ¿Qué pensamos/creemos? (dimensión cognitiva), ¿Cómo nos sentimos? (dimensión afectiva) y ¿Cómo nos comportamos? (dimensión comportamental), en la escala del 0 al 1, Bolivia cerró 2023 con un indicador global de 0.36, pero con un índice de 0.55 en la dimensión cognitiva (creencia mutuamente excluyente en la narrativa de que en el 2019 hubo Golpe o Fraude; creencia de que es muy difícil hablar con un masista y/o con un/a pitita; y creencia de que las personas de clase alta son racistas y/o que los indígenas están resentidos con los no indígenas).
DESCONFIANZA
“Hay una crisis institucional. La gente no cree en las instituciones, no cree en la política, cosa que es muy grave"
¿Qué tan profunda es la división en Bolivia? El 40% de los bolivianos piensa que este es un país “con diferencias muy profundas” y el 35%, que estas son “superficiales”. Además, el 27% no cree que algún día podamos superar estas diferencias, el 29% que sí podemos superarlas, pero no fácilmente, y el 19%, que las podemos superar fácilmente.
Sobre las expectativas y el optimismo, según este estudio, Cochabamba y Chuquisaca son los departamentos “más pesimistas”. La mayoría de sus habitantes creen que “las diferencias del país son más profundas y más difíciles de superar que el resto” de los departamentos.
La Paz y Santa Cruz, en cambio, son “más optimistas” respecto a la capacidad de los bolivianos para superar sus diferencias, pero “pesimistas” sobre la profundidad de sus diferencias, siendo Santa Cruz más pesimista que La Paz.
Con relación a la identidad política, el 70% de los bolivianos se identifica ya sea como oficialista o como opositor. El 35,5% dice ser oficialista y el 34,1%, opositor. Ni oficialista ni opositor, el 30,4%.
¿Bolivia corre el riesgo de dividirse como nación? El 47,4% cree que Sí y el 42,9% que No. Sobre qué forma de organización política les parece más adecuada para el país, el 53,1% cree que la del “Estado Plurinacional” y el 36%, la de la “República”.
En cuanto a la crisis de 2019, el 31,79% opina que “hubo golpe, pero no fraude” y el 31,17% que “hubo fraude, pero no golpe”. Y el 12,4%, que fue “golpe y fraude” y el 11,14% que “ni golpe ni fraude”. [P]
La cuestión judicial
Bolivia ocupa el puesto 131 de 142 países del mundo en el Índice Global de Estado de Derecho 2023 del “World Justice Project” (WJP), organización internacional independiente que mide el estado de derecho en 142 países del mundo. A nivel regional está 29 de 32 en América Latina y el Caribe.
El que tiene la mejor puntuación de la región es Uruguay (25 de 142 a nivel mundial), seguido de Costa Rica (29) y Chile (33). En contraste, los tres países con las puntuaciones más bajas de la región son Nicaragua (137), Haití (139) y Venezuela (142 a nivel mundial).
En todo el planeta, el país mejor clasificado es Dinamarca, seguido de Noruega, Finlandia, Suecia y Alemania. En contraste, Venezuela, Camboya, Afganistán, Haití y la República Democrática del Congo tienen los puntajes más bajos.
Desagregado, según los ocho factores que mide este índice, en el caso de Bolivia, su posición tampoco es buena ni mucho menos. En “Restricciones a los poderes gubernamentales”, que mide el grado de que quienes gobiernan están sujetos a la ley, ocupa el puesto 126; en “Ausencia de corrupción (soborno, influencia indebida por parte de intereses públicos o privados y apropiación indebida de fondos públicos)”, el 137, lo que supone una altísima corrupción; en “Gobierno abierto”, que mide básicamente la transparencia, el puesto 100; en “Derechos fundamentales”, el 111; en “Orden y seguridad”, el 122; en “Cumplimiento regulatorio”, el 125; en “Justicia civil”, que mide si la gente común y corriente puede resolver sus quejas de manera pacífica y eficaz a través del sistema de justicia, el lugar 140; y en “Justicia penal”, que evalúa el sistema de justicia penal, el 141, es decir, está penúltima.
Según la “III Encuesta de Percepción Ciudadana de Institucionalidad Democrática” 2023 de la Fundación Jubileo, el 75% de la población cree que el sistema judicial boliviano no es confiable. Por otro lado, el 73% considera que los ciudadanos no reciben el mismo trato ante la ley. Además, el 66% cree que el Gobierno no actúa con absoluto respeto de la Constitución y las leyes y el 67%, que los derechos humanos en el país están plenamente garantizados. [P]
Carlos Cordero: “Autoritarismo de nuevo cuño”
Para el politólogo Carlos Cordero, la democracia plural y competitiva en Bolivia “está siendo tensionada por un autoritarismo de nuevo cuño”. Habla de “autoritarismos ideológicos promovidos por organizaciones políticas autodefinidas o etiquetadas como de derecha e izquierda o populismos de derecha o izquierda”, que, “en coincidencia y sintonía con procesos político sociales continentales o mundiales, parecen anunciar crisis y ruptura de la institucionalidad democrática”.
“Estas nuevas formas de autoritarismo, asociadas a gobiernos surgidos de las urnas y por el voto popular, luego, en el ejercicio del gobierno y del poder político, tienden hacia la restricción de derechos ciudadanos consagrados secularmente, como las libertades de pensamiento, expresión, libre circulación de ideas, pluralidad ideológica, política y partidaria”, sostiene en una investigación de la Fundación Konrad Adenauer (KAS): “La trayectoria de la democracia en Bolivia / 40 años de lucha, sueños y esperanza (1982-2022)”.
“Estos nuevos autoritarismos no solamente llegan al poder mediante las urnas, sino que también realizan reformas electorales, pero con el objetivo de restringir las oportunidades de la oposición política para ganar las elecciones y para evitar que en el sistema político se produzca una sana y necesaria alternancia el ejercicio del poder”, añade.
Además, estos autoritarismos judicializan la política, “controlando y utilizando las normas y el sistema jurídico vigente, para perseguir políticamente a la oposición y eliminarla de futuras competencias electorales”. “Con estas prácticas autoritarias de gobiernos que llegan al poder de la mano de procedimientos democráticos, pero que, en el ejercicio del mismo, utilizan las reglas e instituciones de la democracia en su beneficio para reelegirse indefinidamente o manipular los resultados electorales, restringir la libertad y la pluralidad, es que la calidad de la democracia se encuentra tensionada y cuestionada”, concluye. [P]
La democracia pasa por una hora crítica
Erika Brockmann, politóloga
La democracia está pasando por una hora crítica en varios frentes, considerando que tiene que ver con un sistema que nos da la posibilidad de resolver nuestros conflictos sin recurrir a la violencia, bajo condiciones y reglas claras. Eso no existe hoy en Bolivia: existen muchas tendencias y facciones autoritarias, no solamente (representadas) en las autoridades sino también en la propia sociedad.
Hay una crisis institucional. La gente no cree en las instituciones, no cree en la política, cosa que es muy grave, porque hace falta resolver esos problemas con la política y desde la buena política. Creo que este gobierno no ha contribuido a que se profundice las capacidades dialogales de la democracia y ha recurrido a los mismos recursos que tenía Evo Morales en su etapa más exitosa, que eran recursos autoritarios y enfrentar sociedad civil vs sociedad civil.
Hoy, existen niveles de intolerancia muy fuertes y una polarización, que se simplifican en ser ‘masista y populista’ y también en la categoría de ser ‘fascista y de derecha’. O sea, no hay, no hay espacio para el centro, no hay espacio para preguntarnos si tenemos que aprender de las lecciones de la democracia del primer ciclo, que era el neoliberal, y aprender de las lecciones que nos está dejando este ciclo, que está terminando, que es ciclo del MAS, que nos está anunciando una nueva etapa en la democracia, un nuevo ciclo democrático en condiciones muy complicadas porque la economía no le está ayudando a la política, ni a la misma democracia, y tampoco están ayudando a sus propios actores.
Pienso que Evo Morales se ha encargado no de destruir una democracia que estaba consolidada, sino que ha interrumpido el curso de desarrollo y construcción democrática, en el buen sentido de la palabra. En lugar de resolver los grandes conflictos nacionales, que son el territorial, las tensiones territoriales, y las étnicas-culturales y el gran pacto productivo-económico, lo único que ha hecho es demostrar que ninguno de esos tres se ha terminado de resolver. Y esa es, un poco, la misión de la democracia, crear pactos para resolver todos estos problemas, que los hemos heredado de la república.
Los delirios refundacionales no han funcionado. Estos 42 años de democracia nos deben enseñar que somos capaces de sincerarnos con nuestra propia realidad, nuestras propias debilidades democráticas autoritarias, y comenzar a repensar los pactos que tenemos que construir para resolver estos tres ejes de conflicto: el tema étnico-cultural, a través de un pacto intercultural; el pacto territorial, rompiendo el hiperpresidencialismo, y hacer un pacto productivo con todos los actores productivos. Y también hay que hacer un pacto de transición hacia el respeto al medioambiente, hacia otro modelo productivo. Es una tarea muy compleja y difícil, que no corresponde a un solo gobierno.
También tenemos que romper con la cultura que ha exacerbado este gobierno, el MAS en su conjunto, en su proceso de inclusión. Ha envilecido a muchos de los liderazgos y nos ha demostrado que nadie es reserva moral de nada: ni los indígenas ni nadie… Todos somos seres humanos, capaces de ser buenos y capaces de ser malos. Eso ha generado un proceso de patrimonialismo, o sea, ha agudizado los defectos patrimonialistas del poder y también los excesos del clientelismo. La cultura clientelar se ha convertido en una moneda de cambio que se ha normalizado y pareciera ser el sinónimo de la buena política, y eso no es así.
Obviamente, el sistema de justicia es el reflejo de uno de los temas pendientes no resueltos, y lo poquito que se había avanzado de una manera embrionaria, también se ha terminado de corromper. O sea, hemos tocado fondo en este tema.
La crisis de la justicia, su no resolución, ha demostrado que estos cuatro años del gobierno de Luis Arce han sido un tiempo de oportunidades perdidas. [P]
* La encuesta fue aplicada a mayores de 18 años por medio de un método de entrevista cara a cara entre el 3 y 13 de noviembre de 2023, con una muestra de 2.101 personas (urbano-rural), con un margen de confiablidad del 95%.