La CEPB pide suspender tratamiento de la Ley contra la legitimación de ganancias ilícitas

Mediante un comunicado emitido este viernes, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) pide la suspensión del “Proyecto de Ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva o no convencionales”, que ha sido aprobado en la Cámara de Diputados y se encuentra en la Cámara de Senadores para su tratamiento.

La entidad expresa que el proyecto “contiene artículos que afectan derechos y garantías constitucionales y, debido a la ambigüedad e imprecisiones de su redacción, ponen en indefensión a los ciudadanos, empresarios y emprendedores”.

La decisión del Gobierno de incorporar en la legislación disposiciones emanadas de acuerdos y tratados internacionales para combatir el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo, añade la CEPB, no puede justificar el “menoscabo” a derechos fundamentales como la presunción de inocencia, la privacidad, el secreto profesional, la libertad de prensa, la protección de datos personales y el derecho que tiene todo boliviano a dedicarse a una actividad lícita sin ser sometido a escrutinios arbitrarios, con el temor de ser acusado, procesado y perseguido por simple sospecha, encono personal o mala fe.

“Incluso la investigación por la presunta comisión de cualquier delito, debe ser llevada adelante respetando el debido proceso y, únicamente, por las instancias judiciales que corresponden”, remarca.

Asimismo, señala que la posición crítica de más de una veintena de organizaciones de la sociedad, así como la opinión de reconocidos juristas, evidencian la seriedad y gravedad de este tema e imponen al Gobierno la necesidad de abrir espacios de diálogo que permitan atender la preocupación del pueblo boliviano.

El empresariado considera que “las serias falencias e impactos” que tendría esta Ley para el desarrollo de la actividad productiva y la vida ciudadana, son de conocimiento de las autoridades involucradas en su tratamiento, a quienes hemos hecho llegar el detalle de nuestras observaciones puntuales, en días pasados.

“En atención a lo expuesto, solicitamos la suspensión del tratamiento del Proyecto de Ley 218/2020–2021 y la apertura de un espacio de diálogo entre los actores que estamos involucrados, a fin de adecuar esta norma a la supremacía de la Constitución Política del Estado”, concluye el comunicado publicado esta tarde en la página oficial de la CEPB.