El Gobierno sentenció que este año habrá aumento salarial, lo único que falta es definir el porcentaje. Así, con esa posición llega el Ejecutivo al encuentro de hoy con los empresarios privados, sector que si bien confirmó su asistencia a la reunión también calificó de tardía esta convocatoria.
“Nosotros siempre hemos enfatizado como Gobierno a la cabeza de nuestro presidente Luis Arce que sí tiene que haber un incremento salarial. Aquí el tema es cuánto va a ser”, dijo el viceministro de Política Tributaria, Jhonny Morales, en una entrevista con medios estatales.
Por su parte, el secretario de Organización de la Central Obrera Boliviana (COB), Nicanor Baltazar, relativizó la reunión de hoy (15:00) entre el Gobierno y los empresarios porque al final el alza salarial será definida solo entre su sector y Gobierno.
El dirigente, quien ratificó la propuesta de aumento del 7% al haber básico y 10% al mínimo nacional, afirmó que los trabajadores solo buscan “la reposición” del poder adquisitivo del sueldo que perciben.
El viceministro Morales expresó que existen “condiciones favorables” para que haya una mejora salarial para los trabajadores, ya que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) fue del 6,1% el año pasado, mientras que para este 2022 se prevé una expansión del 5,1%, entre otros indicadores como las recaudaciones y las ventas facturadas que muestran la recuperación de la actividad económica.
LOS EMPRESARIADOS
La CEPB, a través de un comunicado público, hizo conocer su “extrema preocupación” por la propuesta de incremento salarial planteada por la COB al Gobierno.
El sector advirtió que “si se sigue ejerciendo presión salarial sobre los empleadores con incrementos imposibles”, la consecuencia será forzar “el cierre de las unidades productivas que hoy generan y sostienen más del 70% del empleo digno en el país”.
Además, mencionó que el incremento salarial solo beneficia al 17% de los trabajadores, en detrimento del resto.
En la misma línea, la Cámara Nacional de Industrias (CNI) planteó “congelar el ajuste salarial” por varias razones, entre ellas la recesión que se arrastra desde 2020 y la tasa de inflación del 0,9%.
Los industriales estimaron que por cada punto de incremento salarial se pierde alrededor de 10 mil empleos en Bolivia, lo que ajustado al pedido de la COB (7%), significaría poner en riesgo unas 70 mil fuentes laborales.
En Chuquisaca
El presidente de la Federación de Empresarios Privados de Chuquisaca (Fepch), Gastón Serrano, dijo que ante el anuncio del viceministro Morales de que habrá aumento salarial, “al sector privado no le queda otra que pagar, que cumplir con lo que establece la norma, pero esto, sin lugar a dudas, tendrá consecuencias y serán negativas”, dijo para luego precisar que el mayor impacto lo sufrirán los departamentos de menor crecimiento o decrecimiento.
“Se cierran empresas o las empresas reducen su personal y toda esta gente migra en la informalidad o trabaja por horas y no necesariamente en las condiciones que debe dar un empleo digno”, agregó en una entrevista con este diario.
Señaló que la convocatoria del Ministerio de Economía es tardía, considerando que ellos solicitaron una reunión en enero.
Desde la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Chuquisaca (Cainco), su presidente Edwin Flores dijo que el anunciado incremento salarial tendrá repercusiones “muy duras” en el departamento, que viene de sufrir su mayor contracción económica en 2020 (-21,8%) y la más alta del país.
“Esa caída de -21,8% del 2020 pone en evidencia que ha existido un daño muy fuerte a la industria chuquisaqueña y gravarle sobre eso un nuevo incremento salarial va a tener repercusiones muy duras, en el sentido de que vamos a lamentar el cierre de algunas de ellas con la consecuencia de pérdidas de fuentes de empleo”, sostuvo.
Ante esta situación, planteó un debate nacional sobre la situación de los seis departamentos con economías deprimidas, de modo que tengan la oportunidad de fortalecer sus aparatos productivos.
La microempresa también rechaza
Los microempresarios del país creen que un aumento salarial podría derivar en el cierre de unas 30 mil microempresas.
“Posiblemente estarían cerrando alrededor de 30 mil unidades productivas que son formales y eso afectaría la economía del mismo Estado”, declaró a CORREO DEL SUR el presidente de la Confederación Nacional de microempresarios, Néstor Cueto.
La posición del sector coincide con el empresariado nacional, pues también exigen “que se congele cualquier tipo de incremento para poder resguardar el empleo”.
Según datos de Cueto, 120 mil unidades productivas entre empresas formales e informales ya cerraron por el tema de la pandemia y el contrabando. Además, se ha perdido más de 600 mil fuentes de empleo en todo el país.
REUNIÓN TARDÍA
Gastón Serrano
PRESIDENTE FEPCH
Esta convocatoria es tardía porque en una reunión no se puede conocer lo que están pasando los diferentes sectores y las diferentes regiones del país, entonces consideramos que esto debió hacerse con más tiempo”.
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