Empresarios tildan de “acuerdo político” al incremento salarial y advierten “desocupación y secuelas”

“Un acuerdo político”. Así los empresarios privados califican la decisión sobre el incremento salarial que tomó el Gobierno nacional, tras las negociaciones con la Central Obrera Boliviana (COB).

Tras el anuncio del presidente Luis Arce del incremento salarial de 3% al haber básico y 4% al mínimo nacional, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) reiteró que las consecuencias perjudiciales de estas medidas serán de entera responsabilidad del gobierno y de la dirigencia de los trabajadores.

El pronunciamiento del sector privado surge tras un análisis interno realizado la mañana de este jueves luego de conocer la decisión de la administración de Arce.

La CEPB alerta que el incremento salarial “derivará en problemas sociales, ocasionados por la desocupación y sus secuelas”, según una nota institucional.

“Esto es, además, una inaceptable discriminación contra el sector privado, sobre todo contra las pequeñas y medianas empresas, así como a aquellas que pertenecen a distintas regiones y rubros productivos, a las que se les obliga a incrementar los salarios, sin ninguna excepción y sin considerar la situación económica que atraviesan”, agrega la nota.

Además, los empresarios reclamaron por un nuevo incumplimiento del Convenio Nº 131 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que dispone la obligación que tiene el Estado de realizar consultas exhaustivas a las representaciones de trabajadores y empleadores antes de decidir aumento del salario mínimo

Sobre la negociación a la que los trabajadores deben entrar con las empresas sobre la base de un incremento del 3% al haber básico, los empresarios consideran que esta determinación “activa un escenario de discordia que puede generar conflictos, desequilibrios y tensiones, cuyo resultado afectará la gestión de las unidades productivas”.

El sector privado también encendió la alerta por el paquete de normas que prepara el Gobierno nacional para lanzarlo el 1 de Mayo, Día del Trabajador. “La CEPB considera que estas leyes impulsadas por la dirigencia de la COB pueden debilitar las relaciones entre trabajadores y empleadores, poniendo en riesgo los esfuerzos por garantizar la viabilidad del sector productivo y reactivación económica del país”, señala la nota.

Un proyecto de ley que está en carpeta del Ejecutivo es el referido a la reincorporación de trabajadores despedidos por caso fortuito o fuerza mayor, que incluso ya estaría en la Asamblea Legislativa. El Gobierno aún no se pronunció al respecto.