
Después de más de siete años de su creación, el Gobierno nacional inició este viernes las actividades parciales de la Gestora Pública en la administración de los Regímenes Contributivo y Semicontributivo del Sistema Integral de Pensiones, con lo que los nuevos aportantes para una renta de jubilación tendrán que registrarse al nuevo sistema que deja de lado a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs).
“Hoy es un día histórico para el sistema de pensiones. A partir de hoy, quienes quieran asegurarse, quienes quieran ingresar al sistema de pensiones, ya no irán a las AFPs. Desde hoy bolivianas y bolivianos que quieran afiliarse para su pensión, para aportar para su pensión irán a nuestra Gestora Pública a inscribirse y a estar registrados como aportantes a nuestro sistema de pensiones”, señaló el presidente Luis Arce en un acto en la Casa Grande del Pueblo.
El mandatario indicó que los recursos de los nuevos aportantes estarán administrados por la Gestora Pública, con lo cual se “profundiza la soberanía en la administración de la economía” del país.
La Ley 065 de Pensiones fue promulgada el 10 de diciembre de 2010, y pasaron más de siete años de la creación de la Gestora Pública.
“Desde hoy, 9 de septiembre de 2022 la Gestora Pública asegurará a los nuevos trabajadores y trabajadoras y a las empresas que se registren para aportar a la seguridad social a largo plazo”, explicó el ministro de Economía, Marcelo Montenegro.
“Los pagos de Contribuciones por los Asegurados que actualmente cuentan con el Código Único de Asegurado - CUA y se encuentran aportando a las Administradoras de Fondos de Pensiones (FUTURO DE BOLIVIA S.A. AFP o BBVA PREVISION AFP S.A.) deben seguir realizándose en dichas entidades de forma regular, hasta mayo de 2023, periodo en el cual sus datos serán migrados a la Gestora, en coordinación con ambas administradoras, bajo un proceso ordenado, sistemático y automático (sic)”, informó la Gestora a través de un comunicado.
Esta entidad fue criticada por su inoperancia desde su creación a falta de un software que administre los aportes de los jubilados. La compra millonaria de este programa informático también estuvo bajo la mira por indicios de sobreprecios y corrupción. Además, se cuestionó que exista un grueso de funcionarios públicos en la Gestora que no estaba vigente durante todos estos años.
En julio se supo que el país debe pagar una multa de 105 millones de dólares al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) como indemnización por la nacionalización de sus acciones en el sistema de pensiones.
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