Gobierno desembolsó Bs 2.000 millones para pago del Aguinaldo de Navidad a servidores públicos
El pago del beneficio es netamente monetario
Imagen ilustrativa de billetes bolivianos. Foto: internet El Gobierno nacional inyectó alrededor de Bs 2.000 millones para el pago del Aguinaldo de Navidad a los servidores públicos, informó este miércoles el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro.
“Son más o menos cercano a 2.000 millones de bolivianos de aguinaldos que ya se ha hecho efectivo en el sector público y entendemos que en el transcurso del día se completa algunos últimos pagos más”, indicó la autoridad en conferencia de prensa.
Señaló que, con la inyección de esos importantes recursos económicos en la demanda interna, el Gobierno nacional cumple con el sector público con la cancelación puntual de ese beneficio por Navidad.
“Se especulaba de que no tenemos ni plata para pagar los aguinaldos, eso decían hace tres semanas. Vayan ahora a preguntarles a esas personas que dijeron eso, si van a retrucar o al menos van a explicar por qué hemos podido pagar los aguinaldos”, cuestionó.
Según el Ministerio de Trabajo, el plazo para el pago del Aguinaldo de Navidad vence a las 23h59 de este miércoles 20 de diciembre y ante su incumplimiento el trabajador recibirá el doble aguinaldo y el empleador será sujeto a sanciones según las normas vigentes.
Los beneficiarios son todos los trabajadores que prestan servicios por cuenta ajena en condiciones de subordinación y dependencia y que hubieran cumplido, al menos, tres meses de trabajo continuos.
El pago del aguinaldo es netamente monetario y está prohibido el pago en especie. Corresponde a un mes de sueldo, salario o remuneración; sin embargo, cuando no se hubiese trabajado los 12 meses completos del año, su pago se hace por duodécimas en proporción al tiempo trabajado en la gestión.
La base de cálculo para el pago de este beneficio debe ser el promedio del total ganado de los últimos tres meses anteriores a la cancelación del beneficio o, si fuera el caso, los tres meses anteriores a la extinción de la relación laboral, de acuerdo con los datos oficiales.
