Soboce seguirá impugnando para evitar pago millonario a Fancesa

Soboce calificó este martes de “aberración jurídica” la determinación emitida hace un mes por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que ratificó el pago de más de Bs 744 millones en favor de Fancesa como indemnización por el daño que le ocasionó al haber incurrido en competencia desleal, cuando administraba la cementera chuquisaqueña. Para la compañía privada, este fallo está “plagado de irregularidades”, ahuyenta las inversiones y es una amenaza a la seguridad jurídica. Asimismo, anunció que continuará agotando todas las instancias legales para revertir esta resolución judicial.

El pasado 4 de febrero, la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia ratificó el pago millonario a favor de la factoría chuquisaqueña por actos de competencia desleal. Desde el proceso abierto en 2017, la justicia falló a favor de Fancesa en una primera instancia y, posteriormente, ratificó su decisión en otras etapas de apelación, incluso en casación.

El fallo ratificó la Sentencia N° 122/2023 del 28 de junio, que declaró probada la demanda de resarcimiento de daños y perjuicios en su totalidad. Soboce había solicitado la anulación del dictamen a través de un recurso de casación, pero la justicia lo declaró infundado, consolidando el resultado favorable para Fancesa.

Un mes después, Soboce vuelve a pronunciarse sobre esta decisión del TSJ, pero sin precisar cuáles serán las acciones legales que seguirá.

CUESTIONAMIENTOS

Este martes, en La Paz, la gerente nacional legal, Ximena Riveros, y el gerente nacional de Administración y Finanzas de Soboce, Ricardo Barrientos, brindaron una conferencia de prensa, en la que afirmaron que este fallo no tiene precedentes, está plagado de irregularidades que amenaza la seguridad jurídica y que la indemnización de Bs 744 millones se basa en un proceso que Soboce considera ilegal e irregular, ya que aplica la figura del “daño al proyecto de vida”, un concepto jurídico reservado para resarcir a víctimas de delitos de lesa humanidad, como el genocidio.

“Dicho concepto se aplica exclusivamente a personas naturales, no a empresas privadas. Sin embargo, esta figura fue introducida en este proceso para aplicarla a una controversia de índole comercial entre dos empresas privadas”, remarcó Riveros.

Añadió que el cálculo de la indemnización fue realizado por una perito contable, “quien sin la debida capacidad para interpretar fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aplicó jurisprudencia en materia de delitos de lesa humanidad e incorporó este criterio (nunca demandado por Fancesa) para cuantificar los supuestos daños y perjuicios que habría ocasionado Soboce en contra de Fancesa, por una controvertida y supuesta “competencia desleal” que en realidad consistió en obtener un préstamo bancario con la garantía de sus propias acciones y en ningún caso con acciones ajenas”.

“PREOCUPANTE PARCIALIDAD”

Asimismo, Riveros denunció una “preocupante parcialidad” de la justicia y una “alarmante señal de complicidad con la consigna de aniquilar a Soboce, a través del quebranto de su patrimonio”. “Esta decisión trunca además los planes de inversión que Grupo Gloria, casa matriz a la que pertenece Soboce, tenía prevista para este año en Bolivia, pues las aberraciones judiciales denunciadas inviabilizarán esta operación financiera”, añade el pronunciamiento.

Para Soboce, las decisiones que los tribunales han estado tomando en este tema “son antijurídicas y no tienen razón, mezclándose peligrosamente el contexto judicial con el político”. “Era deber del Tribunal Supremo de Justicia anular este tipo de actuaciones ilegales, y no ignorarlas, minimizarlas ni, mucho menos, encubrirlas y avalarlas”, añadió la ejecutiva respecto al recurso de casación que interpusieron.

Finalmente, aunque sin precisar las acciones que seguirán, Riveros reiteró que continuarán agotando todas las instancias legales nacionales e internacionales para revertir esta decisión que les obliga a pagar Bs 744 millones.

EL CASO

El proceso por competencia desleal se originó en 2010, cuando Fancesa demandó a Soboce por usar acciones de la cementera chuquisaqueña para obtener un financiamiento de Bs 35 millones, destinado a su planta en Viacha, en perjuicio de la empresa pública.

Soboce recordó que, en 2010, dichas acciones fueron expropiadas y que en 2018, nueve años después de la demanda, y cuando ya había prescrito, según sus argumentos, Fancesa interpuso una nueva demanda para exigir el resarcimiento de “daños” supuestamente derivados de la operación de préstamo de Soboce.

De acuerdo a Soboce, durante el período en que se los acusa de haber ejercido una competencia desleal, Fancesa registró sus mayores utilidades. “No hubo daño alguno, al contrario, la empresa logró una estabilidad y un crecimiento sostenido” sostuvo la gerente legal de Soboce, Ximena Riveros.