Ordenan frenar tratamiento de contratos de litio en ALP

El juez de Instrucción de Colcha K, Edson Villarroel Herrera, determinó la suspensión del tratamiento legislativo de los contratos firmados por Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) con empresas extranjeras en tanto no se resuelva una acción popular interpuesta por comunidades originarias del sudoeste potosino.

La medida precautoria fue dispuesta en el marco de la demanda presentada por la Central Única Provincial de Comunidades Originarias Nor Lípez, que exige el cumplimiento de normas antes de autorizar la explotación del litio, como la consulta previa a los pueblos indígenas, estudios de impacto ambiental y la regulación clara de la actividad extractiva.

El juez Villarroel ordenó paralizar temporalmente el trámite legislativo de los contratos firmados por YLB con la empresa rusa Uranium One Group y la china CBC, mientras se resuelva el fondo de la acción popular.

No obstante, el proceso judicial se encuentra en suspenso debido a que las partes involucradas no fueron notificadas formalmente.

RESPUESTA DE YLB

En respuesta, la YLB emitió un comunicado en el que aclara que no fue notificada con ninguna audiencia vinculada a la acción popular ni con la solicitud de medidas cautelares. 

La estatal boliviana señaló que, una vez que reciba la notificación oficial, presentará la documentación correspondiente bajo un respaldo técnico-legal. 

“No se ha vulnerado ningún derecho, ni individual ni colectivo, incluyendo los derechos de los pueblos indígenas originario campesinos”, puntualiza el documento.

Además, YLB subrayó que los contratos con Uranium One y CBC “aún no se encuentran en vigencia”, por lo que no existe ninguna actividad de explotación activa ni emergente en la zona.

LOS CÍVICOS POTOSINOS

Uno de los presidentes cívicos en Potosí, Alberto Pérez, tras conocerse la noticia, saludó la decisión judicial y consideró que representa un paso importante hacia una explotación responsable del litio de su departamento. 

“Ahora se deben realizar los estudios de impacto ambiental que garanticen la protección del agua, el medioambiente y el turismo en la región”, afirmó.

Pérez recordó que existen al menos 20 comunidades indígenas asentadas en el entorno del Salar. El Potosí