Gobierno propone una ley de alivio financiero
Plantea suspender ejecuciones de viviendas sociales y diferir deudas por seis meses
ECONOMÍA. La propuesta pretende ayudar a pequeños prestatarios. Foto: Archivo El Gobierno central presentó un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa para suspender durante seis meses las ejecuciones financieras contra beneficiarios de viviendas de interés social y diferir en el mismo plazo el pago de deudas de pequeños prestatarios, informó el ministro de Economía, Marcelo Montenegro.
La iniciativa fue enviada por el presidente Luis Arce el 6 de junio y busca brindar un alivio temporal a familias y microunidades económicas afectadas por la desaceleración y las tensiones políticas.
“Esta normativa es producto de la evaluación de condiciones económicas complejas, generadas por más de tres años de bloqueos que han afectado la actividad económica”, dijo Montenegro, citado en un boletín oficial.
La autoridad precisó que la medida no implica una condonación de deudas ni modifica los contratos vigentes entre prestatarios e instituciones financieras.
“Se trata de una acción temporal, específica y focalizada, que no compromete la estabilidad del sistema financiero”, subrayó.
Según Montenegro, el objetivo es evitar que familias con créditos sociales pierdan sus viviendas por falta de pago.
“Se quiere detener esos desalojos mientras se estabiliza la situación económica”, añadió.
El proyecto aún debe ser debatido y aprobado por la Asamblea Legislativa, en medio de un contexto político marcado por divisiones internas en el oficialismo y tensiones con la oposición.
ASOBAN
En pasados días, la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) advirtió que imponer un nuevo diferimiento obligatorio en el pago de créditos bancarios podría comprometer la estabilidad del sistema financiero nacional.
“Asoban expresa su profunda preocupación ante las propuestas de establecer un nuevo diferimiento obligatorio en el pago de cuotas de capital e intereses de los préstamos bancarios”, señala un comunicado de Asoban emitido el miércoles.
La entidad sostiene que una medida de este tipo afectaría la intermediación eficiente de recursos, debilitaría la solvencia del sistema y deterioraría la cultura de pago de los prestatarios.
