S&P baja calificación del país y Gobierno descarta ‘default’
Sin embargo, deja abierta la posibilidad de una mejora de la nota crediticia en el mediano plazo
Un nuevo informe de Standard & Poor’s (S&P) rebajó la calificación crediticia de Bolivia de CCC+ a CCC-, una de las categorías más cercanas al impago o ‘default’. El Gobierno coincidió con la agencia calificadora de riesgo en que la polarización política y bloqueo legislativo son factores determinantes para la economía boliviana.
“La capacidad de Bolivia para pagar su deuda se ve afectada por los elevados pagos de deuda comercial externa a partir de 2026 y el acceso limitado a los mercados de bonos externos”, señala una parte del reporte.
S&P considera también que las disputas políticas, en medio de las próximas elecciones, limitarán la capacidad del Gobierno para abordar los desequilibrios macroeconómicos, como la creciente brecha en el tipo de cambio paralelo y la inflación.
La agencia, además, advierte que la calificación para Bolivia puede volver a ser rebajada en los próximos seis a doce meses si percibe un mayor riesgo para el servicio de la deuda.
Asimismo, señala que el país puede considerar un intercambio o reestructuración de deuda como una situación de riesgo y equivalente a un impago con una calificación tan baja.
La calificación de Bolivia puede mejorar en los próximos seis a 12 meses si se implementan políticas decisivas que mejoren la liquidez externa de Bolivia y apunten a un perfil fiscal más sostenible.
“Abordar el deterioro de los desequilibrios macroeconómicos sería un primer paso para mejorar la confianza de los inversionistas y obtener un mejor acceso a los mercados de deuda externa”, señala el reporte.
EL GOBIERNO
Luego de conocer el informe de S&P, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas coincidió con la calificadora en que la polarización política y el bloqueo de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) son factores determinantes en la rebaja de la calificación de riesgo de Bolivia.
El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, consideró que “el problema político ha golpeado al tema económico”, pero aseguró que Bolivia paga la deuda externa de “manera puntual y oportuna”
“Uno de los elementos que hay que señalar del informe es la ingobernabilidad política, que lo hemos venido señalando hace más de dos años y medio, cada vez que nos bajaban la calificación les decíamos (que) hay este problema”, afirmó la autoridad este jueves en una rueda de prensa en el Legislativo.
La calificadora considera también que las disputas políticas, en medio de las próximas elecciones, limitarán la capacidad del Gobierno para abordar los desequilibrios macroeconómicos, como la creciente brecha en el tipo de cambio paralelo y la inflación.
En juicio de Montenegro, esta situación “lo ratifica el informe de S&P como un elemento sustancial”.
“El problema político, la fricción polarizada en la parte política ha generado este elemento negativo en la economía”, dijo y afirmó que “la política no va disociada de la economía”. “Entonces, el problema político le ha golpeado al tema económico”, subrayó.
Montenegro señaló que la capacidad de Bolivia para pagar su deuda se podría ver afectada por los elevados pagos de deuda comercial externa a partir de 2026 y el acceso limitado a los mercados de bonos externos.
Sin embargo, la autoridad descartó que Bolivia ingrese en una situación de default. “Nosotros, en este momento, estamos pagando el servicio de la deuda externa de manera puntual y oportuna”, señaló.
“Pese al asedio político, al freno en la ALP para la aprobación de créditos, bloqueos de caminos por parte del “evismo”, incertidumbre geopolítica, altas tasas de interés en el mercado internacional, fenómenos climáticos, entre otras, el Gobierno nacional continúa realizando todos los esfuerzos para cumplir con el pago del servicio de la deuda externa”, reseña el Ministerio de Economía en un boletín de prensa.
PAGO DE DEUDA
Al 30 de abril de 2025, Bolivia cumplió con el 38% del total de la deuda pública externa programada para la gestión, equivalente a $us 585 millones, según el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.