Fallida importación de arroz argentino: Insumos Bolivia denuncia que recibió producto contaminado

La directora de Insumos Bolivia, Lauren Fernández, reveló que esta institución estatal enfrenta un grave perjuicio económico, debido a la adquisición fallida de un cargamento de arroz proveniente de Argentina.

Se trata de más de 700 toneladas del grano que, además de presentar serias deficiencias en calidad, muestran signos de contaminación, lo que impide su distribución en el mercado interno.

“Estamos ante un problema serio. Este arroz no cumple con los estándares técnicos mínimos y representa un riesgo para la salud pública”, afirmó Fernández en declaraciones a Bolivia TV.

“Atados judicialmente”

La situación se agrava porque el Estado ya entregó un anticipo de 63 millones de bolivianos por la compra, pero una orden judicial impide cobrar la póliza de garantía, bloqueando así la recuperación de esos recursos.

“La empresa, en lugar de responder por el incumplimiento, ha iniciado un proceso legal para evitar que cobremos esa garantía. Nos encontramos atados judicialmente”, explicó la autoridad.

Fernández también señaló que existen indicios fuertes de falsificación en los certificados sanitarios del país de origen. “No se trata de un certificado válido del Senasag nacional, sino de uno falsificado emitido por una entidad argentina similar. Esto está siendo investigado porque ese documento es clave para autorizar la importación de productos alimenticios”, agregó.

Mientras tanto, el producto importado permanece almacenado y sin posibilidad de ser entregado o distribuido. “No podemos entregarlo ni siquiera al Ministerio de Desarrollo Productivo porque está fuera de norma y sería un riesgo para la salud”, afirmó Fernández.

Importaciones de arroz

En respuesta a esta situación, Insumos Bolivia anunció que retomará las importaciones directas de arroz, pero implementando estrictos controles de calidad y trazabilidad. La nueva estrategia incluirá verificaciones exhaustivas a los proveedores y una logística cuidadosa para garantizar que el arroz llegue en condiciones óptimas y a precios justos para la población.

El Gobierno había autorizado la importación de más de 40.000 toneladas del cereal con el objetivo de frenar la escasez y controlar los precios en el mercado interno. Sin embargo, este caso pone en duda los mecanismos de control y verificación sanitaria que debían asegurar que los alimentos importados cumplieran con las normas sanitarias e inocuidad establecidas.