Los desafíos económicos para el nuevo presidente

La economía del país presenta un panorama complejo que pondrá a prueba la capacidad del nuevo gobierno, que se elegirá en segunda vuelta presidencial el 19 de octubre entre Rodrigo Paz Pereira y Jorge Tuto Quiroga.

Entre los principales desafíos está la escasez de dólares, que ha dado origen a un mercado paralelo con cotizaciones que superan ampliamente al tipo de cambio oficial. Esta situación afecta directamente la importación de productos, la estabilidad de precios y la capacidad del sector privado para planificar inversiones.

La inflación acumulada alcanzó el 19,92% en julio de 2025, una de las más altas de los últimos años, con un impacto particularmente fuerte en alimentos y servicios básicos. Esta presión inflacionaria se combina con la caída de los ingresos por exportaciones de gas, que han descendido significativamente en los últimos años, afectando la principal fuente de divisas del país.

El déficit fiscal también se ha vuelto alarmante, superando el 10% del PIB, mientras que el déficit comercial cerró 2024 en $845 millones, producto de la disminución de las exportaciones y el aumento de las importaciones. La combinación de estas cifras refleja la vulnerabilidad estructural de la economía boliviana, que enfrenta una presión constante sobre el gasto público, la inversión privada y el poder adquisitivo de la población.

Quien se imponga en la segunda vuelta electoral, recibirá un país con necesidades urgentes: garantizar la estabilidad macroeconómica, controlar la inflación, asegurar el abastecimiento de bienes estratégicos y generar confianza en los mercados nacionales e internacionales.

El economista Jorge Akamine, director de la Confederación de Profesionales de Bolivia, cree que los primeros dos años y medio del periodo presidencial de cinco, van a ser complicados porque la gente espera que baje la inflación, pero hacerlo requiere de un proceso relativamente largo.

“El nuevo gobierno tendrá que afrontar inmediatamente la inflación, hacer una reestructuración del Estado para hacerlo más eficiente”, dijo Akamine a Bloomberg.